LA HABANA, Cuba. – En el año más duro que ha tenido el castrismo desde la crisis de los noventa, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha asestado un golpe demoledor para recortar los ingresos de la dictadura en los rubros del turismo, la exportación y el intercambio con Estados Unidos, sea en el ámbito cultural, educacional, académico o deportivo. Las nuevas sanciones, anunciadas el pasado 23 de septiembre, se corresponden con el objetivo central de la administración Trump, de eliminar o reducir al mínimo las fuentes de financiamiento que el régimen de La Habana utiliza para el control y la represión de sus ciudadanos, así como la desestabilización regional, y canalizar dichos recursos hacia el pueblo cubano y su sector privado.

La lista de hoteles y empresas prohibidas para los estadounidenses asciende ahora a 433 propiedades afiliadas de manera directa al castrismo o sus testaferros. Asimismo, se prohíbe la importación a territorio norteamericano de ron y tabaco cubanos en cantidades comerciales, dos de los principales productos exportables que generan altas sumas a la nomenclatura castrense.

El Departamento de Estado aumentará también las restricciones a los viajes de estadounidenses enfocados en el intercambio profesional, la organización de conferencias, presentaciones artísticas o eventos deportivos; pues cada una de estas actividades es controlada por el régimen, benefician a entidades que sirven al régimen y funcionan además como un canal de adoctrinamiento a los visitantes, que entran en contacto solo con la Cuba que el castrismo quiere dar a conocer como parte de su propaganda internacional.

La política del embargo de Estados Unidos hacia Cuba tiene sus orígenes en la confiscación sin compensación alguna, por parte de Fidel Castro, de miles de millones de dólares en propiedades que hoy son explotadas no para asegurar el bienestar del pueblo cubano, cada día más empobrecido; sino la permanencia en el poder de una élite militar-empresarial que controla la economía escudándose tras la justificación de que todo el dinero que se recauda es para sufragar los sistemas de salud y educación gratuitos, además de asistencia y seguridad social.

Sin embargo, la cantidad de reclamos y denuncias hechas por los cubanos ante los órganos jurídicos del país, o publicados en redes sociales, demuestra que el sistema de salud es deficitario, negligente y agobiado por escaseces de todo tipo; una realidad que contrasta con las clínicas perfectamente equipadas y abastecidas que el régimen mantiene en países como Qatar, y hasta fecha reciente, Bolivia. Treinta años lleva el castrismo denunciando el embargo en Naciones Unidas, y en ese mismo lapso ha gastado cientos de millones en servicios de inteligencia para ampliar su influencia nefasta en la región latinoamericana.

El dinero que debió ser utilizado para invertir en tecnologías de alto impacto en la producción de alimentos, medicinas, forraje para el ganado, importación de insumos médicos, desarrollo inmobiliario, programas sociales y un largo etcétera, fue destinado a instaurar y mantener en el poder a gobiernos de izquierda, que a su vez se dedicaron a empobrecer y reprimir a sus ciudadanos en nombre de una igualdad social imposible a menos que sea en la pobreza.

Los ingresos generados por el turismo, la exportación de servicios médicos y las remesas no se han traducido jamás en bienestar para el pueblo de Cuba. El deshielo promovido por la administración Obama depositó cifras multimillonarias en las arcas de la dictadura, mientras que los cubanos solo disfrutaron de un espejismo de libertad. El cuentapropismo, que tuvo unos pocos años favorables gracias a la administración demócrata, hoy padece bajo la presión del régimen, que ha dejado claro, con la nueva oleada de allanamientos y expropiaciones televisadas en horario estelar para intimidar a la población, su odio al sector privado y la iniciativa individual.

Si el castrismo no supo aprovechar al máximo aquella apertura generosa para el bien de Cuba y los cubanos, hoy no le queda más remedio que lidiar con sanciones de una severidad inédita, a la par que se derrumban los mitos de la solidaridad, el altruismo, la potencia médica y la soberanía alimentaria. El embargo per se no es la causa de la ruina que consume a Cuba. Sus leyes han agravado los males provocados por una dictadura que sumió al país en la improductividad, la mendicidad, la dependencia; y no conforme con ello ha exportado su modelo ideológico de miseria y represión a otras naciones del continente.

Esa influencia maligna debe ser conjurada. Permitir que la dictadura gane el dinero que le permite mantener a todo un pueblo de rodillas es irresponsable y vergonzoso para el mundo libre. Ni dólares ni prestigio internacional para un régimen que alquila y extorsiona a sus médicos; que promueve la intimidación, el secuestro y la cárcel para silenciar a opositores políticos; que recaba donaciones y préstamos para impulsar la producción de alimentos mientras las tierras de este archipiélago siguen ociosas o invadidas por el marabú; que ante organismos internacionales preconiza la defensa de los derechos civiles, pero no cesa en su acoso a quienes denuncian tanto su incompetencia como sus arbitrariedades.

Oportunidades ha tenido el mal gobierno encabezado ahora por Díaz-Canel de dialogar con todos los actores de la sociedad civil cubana, de reparar la confianza dañada por décadas de mentiras y abusos, y abrir finalmente las puertas a una democracia sin cortapisas. En lugar de soltar amarras, ha elegido el hambre como instrumento para asegurarse el sometimiento de la población, y el inmovilismo que obliga a emigrar a tantos buenos cubanos. Vengan entonces los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre la peor escoria de América Latina.

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