El cantante y compositor Israel Rojas, del dúo Buena Fe, ha sugerido que los médicos cubanos paguen su carrera como una alternativa para evitar el castigo de ocho años sin entrar a Cuba, que el Gobierno impone a aquellos que deciden abandonar misiones en el exterior.

La propuesta de Rojas, quien admite que la prohibición de entrada al país es una medida “terrible”, parte de la premisa de que la educación en Cuba es gratis. De hecho, ese es el mensaje que envía constantemente el Gobierno: la educación gratuita para todos es uno de los “grandes logros” de la Revolución. Sin embargo, esto es falso y lo dice la nueva Constitución.

Según el Artículo 48 de la Constitución de 1940, que Fulgencio Batista violentó con el golpe de Estado de 1952 y que Fidel Castro prometió restaurar, la educación primaria era obligatoria y gratuita —siempre que las impartiera el Estado, el municipio o la provincia—, así como el material docente necesario.

“Será gratuita la segunda enseñanza elemental y toda enseñanza superior que imparta el Estado o los municipios, con exclusión de los estudios preuniversitarios especializados y los universitarios. En los institutos creados o que se creasen en lo sucesivo con categoría de preuniversitarios, la Ley podrá mantener o establecer el pago de una matrícula módica de cooperación, que se destinará a las atenciones de cada establecimiento”, dice además ese artículo.

Y agregaba: “En cuanto le sea posible, la República ofrecerá becas para el disfrute de las enseñanzas oficiales no gratuitas a los jóvenes que, habiendo acreditado vocación y aptitud sobresalientes, se vieren impedidos, por insuficiencia de recursos, de hacer tales estudios por su cuenta”.

Es decir, ya existía educación pública en Cuba antes de 1959, que era laica cuando la impartían centros estatales. El Artículo 55 de la Constitución de 1940 dice: “La enseñanza oficial será laica. Los centros de enseñanza privada estarán sujetos a la reglamentación e inspección del Estado: pero en todo caso conservarán el derecho de impartir, separadamente de la instrucción técnica, la educación religiosa que deseen”.

Los padres podían escoger entre brindar a sus hijos una enseñanza laica o una religiosa. El Artículo 54 establecía también la posibilidad de crear “universidades oficiales o privadas y cualesquiera otras instituciones y centros de altos estudios”. Añadía que la Ley debía determinar su regulación.

Reportes de la época que el Gobierno cubano evita mencionar aseguran que Cuba era uno de los países más alfabetizados de la región y que su nivel en este sentido era incluso superior al de España. Para la campaña de alfabetización en las zonas rurales Fidel Castro no mandó a buscar maestros a otros países. Esa campaña se realizó con cubanos que habían aprendido a leer y a escribir antes del triunfo de la Revolución.

La Revolución no instauró la enseñanza pública y gratuita; eliminó la privada. Dejó a las familias cubanas sin otra opción que una enseñanza ideologizada, al abolir e ilegalizar cualquier forma de educación que no estuviera controlada por el Estado socialista.

¿Pero esta educación estatal es gratuita? Durante años, quiénes rechazan esa premisa han recurrido a una relación entre esa supuesta “gratuidad” y los bajos salarios de los trabajadores cubanos. ¿De dónde si no obtiene el Estado el dinero para cubrir la educación?

Tienen razón y la propia Constitución lo reconoce, pese a que el Gobierno continúa hablando de educación gratuita y afirma que la eliminación de subsidios no implicará el cobro de la salud y la educación.

El Artículo 31 de la Constitución vigente hoy, correspondiente a los fundamentos económicos, afirma que “la remuneración con arreglo al trabajo aportado se complementa con la satisfacción equitativa y gratuita de servicios sociales universales y otras prestaciones y beneficios”.

No especifica cuáles, pero los principales servicios que los cubanos reciben de manera equitativa y gratuita son, según el Gobierno, la salud y la educación.

La remuneración que supuestamente se complementa con estos servicios continuará siendo baja incluso cuando se suban los salarios, porque el peso cubano, como ya tiene previsto y ha advertido el Gobierno, se devaluará.

El inciso D del Artículo 90, referido a los deberes de los ciudadanos, establece el de “contribuir a la financiación de los gastos públicos en la forma establecida por la ley”.

Si tenemos el deber de contribuir a la financiación de los gastos públicos, entre los que se incluyen la salud y la educación, y el salario se complementa con el disfrute de estos servicios sociales y universales, la educación no es gratis. Los cubanos la pagan con ese complemento salarial que no reciben en efectivo.

Aquí el Gobierno podría afirmar que incluso los hijos de personas que no trabajan tienen garantizada la educación a todos los niveles en el país. Y estaría en lo cierto. Todos los cubanos tienen garantizado ese derecho para sus hijos, trabajen o no. De hecho, lo tienen “garantizado” incluso si no tienen hijos.

Si usted no tiene hijos está contribuyendo a la financiación de los gastos públicos. Así, el dinero que no fue usado para cubrir la educación de esa descendencia, se empleará en la del prójimo, pero sobre todo en sostener la ilusión de la educación gratis para todos.

Cuando se demuestra que la educación no es gratis saltan varias preguntas: ¿Si la educación de mi hija no es gratis, si me cuesta el sudor de mi frente, por qué no puedo escoger qué tipo de educación darle? ¿Por qué no puedo recibir el mencionado complemento en efectivo, y enviarla a una escuela religiosa o privada?

¿Si no le debo nada al Gobierno, por qué tengo que admitir que usen a mis hijos en actos de repudio o les hagan gritar consignas? ¿Si mi mamá y mi papá pagan por mi educación con su trabajo, por qué puedo ser expulsada de la universidad por mis ideas políticas? ¿Por qué no existen escuelas y universidades no estatales para que quienes disienten del Gobierno puedan enviar a sus hijos o estudiar?

¿Por qué no podemos elegir a quién pagarle la educación?

Son cuestiones que los ciudadanos cubanos quizás deberían tener en cuenta a la hora de emitir criterios sobre las leyes de Educación y Educación Superior, previstas para ser aprobadas en la legislatura 2023-2028, si tienen la oportunidad de opinar al respecto.

Siempre es más fácil exigir derechos cuando se tiene conciencia de no estar endeudado. Cada vez, resulta más evidente que el pueblo cubano no le debe nada al Gobierno.