MADRID, España. – El empeño de las autoridades comunistas por atribuir a la Tarea Ordenamiento un efecto positivo sobre el interés en el trabajo y la incorporación creciente al empleo, sobre todo de menores de 35 años, es una creencia infundada. No solo porque con el tiempo transcurrido -apenas un mes- no es posible realizar una evaluación de este tipo, sino porque los motivos que explican por qué los cubanos se distancian del mercado laboral son profundos, estructurales y tienen mucho que ver con el modelo social comunista que rige la vida del país durante 62 años.

Los datos disponibles permiten constatar la gravedad de la situación. La población en edad laboral aumentó desde 2014 a 2019 tan solo un 0,4%, mostrando una práctica estabilidad en sus cifras, ya que en esos años sólo creció en 26 100 personas, viéndose afectada por una fuerte tendencia al envejecimiento demográfico. De hecho, la población en edad laboral -que alcanza en Cuba en 2019 una cifra de 7 123 300 personas- es distinta en cada país en función de su normativa profesional y educativa. En el caso de la Isla, se corresponde con la población masculina de 17 a 64 años y la femenina de 17 a 59 años.

Sin embargo, en ese mismo período, la población activa descendió en 463 200 personas, un -9%, quedando situada en 4 642 300 personas en 2019. Este último indicador es importante, ya que la población activa comprende a todas las personas que reúnen los requisitos para ser incluidas entre las personas ocupadas o las personas desempleadas, es decir, son aquellas personas que tienen alguna relación con el mercado laboral y muestran un interés con respecto a este.

Como consecuencia, la tasa de actividad, que suele ser un indicador de comparación de los mercados laborales de los distintos países y que mide la relación entre la población activa y la que tiene edad laboral, descendió entre 2014 y 2019 pasando de 71,9% a 65,2%. La relación de los cubanos con el trabajo presenta una tendencia claramente decreciente en estos años.

Prosiguiendo con los datos oficiales, entre 2014 y 2019 el nivel de empleo, es decir: la población que ocupa un puesto de trabajo de la economía cubana, descendió un -7,7%, equivalente a 384 600 personas. Y, curiosamente, con esta combinación de datos, el desempleo descendió un 58%, hasta quedar situado en 57 100 personas, con una tasa del 1,2%, récord internacional.

¿De verdad se creen las autoridades que estas tendencias se pueden cambiar en 30 días por la Tarea Ordenamiento? Se escudan en un dato que no corresponde a las publicaciones oficiales que debería tener la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), sino en unas informaciones divulgadas por la ministra de Trabajo, a las que hay que otorgar la credibilidad justa. Ese dato es el aumento de la afluencia de personas a las direcciones de Trabajo en busca de un empleo, con especial atención a los menores de 35 años. Se ha informado que han sido atendidas 81 054 personas y que el 50% aceptó las ofertas (en un 65% procedentes del Estado), o lo que es lo mismo, un 50% se volvió a casa con las manos vacías. ¿Hay motivos para tanto optimismo?

En absoluto. Los datos confirman que el empleo no estatal se mantuvo en un 35% del total, con notables limitaciones para crecer. No se han cumplido los objetivos de las reformas raulistas de adelgazar las plantillas dependientes del Estado. Si el gobierno quisiera realmente incrementar el interés en el trabajo y ofrecer mejores empleos a la gente, tendría que concentrar esfuerzos en el sector privado y no abandonarlo a su suerte, como se está viendo en la actual coyuntura. Es fácil llegar a esta conclusión. Entre 2014 y 2019, años en los que el nivel global de ocupación de la economía ha disminuido en un 7,7%, como ya se ha señalado, el empleo del sector privado de la economía cubana ha crecido en un 16%, situándose en 1 030 800 personas en 2019, hasta alcanzar el 22% del total, menos de la cuarta parte. Si se tiene en cuenta el empleo de entidades no estatales como cooperativas agrarias y no agrarias, el empleo aumenta a 1 506 600 lo que representa un 32% del total, pero el crecimiento de este grupo con respecto a 2014 es inferior, un 13%.

Los datos confirman que las organizaciones privadas de la economía generan empleo abundante, mientras que el sector estatal en el mismo período experimenta una tendencia de signo opuesto y disminuye un 6% sus cifras de ocupación total, hasta quedar en 3 078 600 personas en 2019. Y sin embargo, los empleos ofertados en estos primeros días de enero, en un 65%,se han dirigido al sector estatal. Algo no funciona.

El interés por el trabajo se tiene que desarrollar a partir de una estrategia de medio y largo plazo que tiene poco que ver con aumentos de salarios o redistribución de subsidios e incentivos. Una estrategia que combine los elementos fundamentales de educación, formación y cualificación, con las reformas estructurales en las empresas que permitan incrementar su productividad de forma sostenible. Por lo pronto, no parece factible lograr ese objetivo, propiciando, como ha hecho el gobierno comunista, el cierre de empresas.

Desde 2014 a 2019 ha desaparecido el 11% de las 1 992 empresas que existían al comienzo de este período. ¿Dónde han ido los recursos, sobre todo los humanos, de estas empresas? Desde luego, al paro no, si se tienen en cuenta las cifras antes citadas. Pero no cabe duda que la caída del nivel de ocupación en un 7,7% tiene mucho que ver con este proceso de ajuste duro, silencioso, de la base empresarial de la economía que el régimen no ha aplicado, por ejemplo, a las entidades del sector presupuestado, que solo han disminuido un 2,4%. No se consigue interés por el trabajo practicando estos ajustes que ocasionan notables distorsiones en las trayectorias profesionales de las personas, porque reducen las opciones de encontrar empleos en actividades productivas, alejadas de la monotonía mediocre de los empleos que se ofertan en el sector presupuestado. Las transformaciones estructurales de la economía no solo se han quedado a medio gas, sino que, en muchos ámbitos, se han aplicado de forma deficiente. Este es uno de ellos.

Tan solo se vislumbra algún aspecto positivo en la maraña actual del mercado laboral en Cuba y es esa aplicación que ha lanzado el ministerio para la intermediación laboral online. Una actividad que se encuentra muy extendida en todos los países, pero que en Cuba puede chocar con el alto coste de las tarifas de conexión de ETECSA y el hecho de que muchas empresas, sobre todo privadas, tengan dificultades para situar sus empleos en la aplicación. En cualquier caso, alejar las direcciones de Trabajo de una tarea que se debe ejecutar por profesionales competentes, que ofrezcan no sólo empleo, sino orientación laboral y profesional, así como formación de recualificación en los casos necesarios, es una buena noticia. Históricamente, los cubanos han reconocido que estos organismos locales de empleo gestionan con escasa eficiencia las ofertas de empleo, con notables carencias de medios para la prestación de servicios ágiles y competentes. Por ejemplo, el uso de medios informáticos deja mucho que desear, lo mismo que la atención a determinados colectivos vulnerables con dificultades de acceso al mercado laboral, pero, sobre todo, la relación con las empresas y el tejido socioeconómico no parece bien resuelta en el modelo comunista.

En todo caso, quienes abrazan triunfalmente la Tarea Ordenamiento por sus efectos sobre el empleo deberían preguntarse lo que ocurre con ese 50% de ciudadanos que no aceptan los puestos ofertados. Es evidente que esto sucede porque las expectativas de las personas no se corresponden con los empleos que se ofrecen, lo que es legítimo y no admite discusión, o que tal vez los empleos ofertados exigen cualificaciones, destrezas o habilidades que la gente no tiene.

Este segundo supuesto recibe el nombre de skills mismatch (desajuste de habilidades), del que nada se ha dicho hasta ahora en Cuba. El desajuste de habilidades ejerce una influencia muy negativa en el interés por el trabajo y acaba convirtiéndose en un peligro para los países. Actualmente se ignora la incidencia de este problema en la economía cubana, donde el alto nivel educativo de la población no guarda relación con sus cualificaciones, es decir, las competencias que son necesarias para el desempeño en los empleos. Si no se presta la debida atención a estas cuestiones, la obsolescencia puede afectar de forma muy negativa a las competencias laborales de los cubanos y ello reducir más aún la productividad del trabajo limitando los posibles aumentos de salarios.

Un buen indicador de ello es que la mayor cantidad de empleos ocupados por los candidatos, según las autoridades, pertenecen a unidades de la Agricultura, Construcción y Salud Pública, además de las agencias de seguridad y protección. Lo mismo de siempre. En concreto, la Agricultura es, con un 18% del empleo total de la economía, el sector que genera menor nivel de productividad, lo que genera no pocos problemas de producción y abasto de alimentos a la población.

Se equivocan quienes crean que la Tarea Ordenamiento, con su influencia sobre los salarios y la eliminación de subsidios, podría ejercer una motivación adicional por el trabajo. Una equivocación similar a pensar que puede aumentar la eficiencia de las empresas y organizaciones. No se consigue más interés por esta vía, sino que se requieren reformas estructurales del mercado laboral que deben llevar al mismo a las antípodas de donde se encuentra actualmente, dominado por una elevada intervención y regulación que lo condiciona en su funcionamiento.

En todo caso, este asunto ha venido provocando declaraciones de los dirigentes que son un insulto a la inteligencia como afirmar que “la gente se está dando cuenta de que es necesario trabajar para tener ingresos y poder llevar una vida digna con su familia”. No es así. Los cubanos son plenamente conscientes de que ello es así y cuando ven que ese objetivo es impracticable en su propio país, como consecuencia de la intervención del gobierno, se establecen en otros donde hacen realidad esos sueños. El problema es cómo llevar a la práctica estos objetivos dentro de un modelo social comunista, obsoleto e improductivo.

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Elías Amor

Economista. Autor del blog http://cuba-economia.blogspot.com. Presidente de la Unión Liberal Cubana y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Mi deseo que Cuba sea libre y democrática

MIAMI, Estados Unidos.- La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) denunció en su más reciente informe, correspondiente a enero de 2021, un total de 17 agresiones a periodistas independientes, entre los que se encuentran 9 hombre y 8 mujeres.

“Los atentados a la libertad de prensa y de expresión son permanentes. El régimen viola de forma impúdica su propia Constitución”, dijo la asociación, que recordó la posibilidad de que existan, más allá de los contabilizados en su informe, otros casos de agresiones por parte del gobierno cubano.

A continuación, enumeramos los periodistas independientes cubanos que fueron agredidos, acosados o detenidos arbitrariamente por el régimen castrista:

Héctor Luis Valdés Cocho: La Habana, periodista de ADNCuba. Fecha de los incidentes: Días 4, 27. Fue expulsado de la vivienda que arrendaba por presiones de la policía política al arrendatario. Arrestado de manera violenta el 27 de enero junto a otros colegas, casi una treintena de jóvenes artistas y escritores, en las afueras del Ministerio de Cultura.

Lázaro Yuri Valle Roca, Eralidyz Frómeta Polanco: La Habana, periodistas freelancers. Fecha del incidente: Día 7. “Un oficial de la Seguridad del Estado (Policía Política), que ni siquiera dijo su falso nombre, nos comunicó que teníamos un Acta de Advertencia por Instigación a Delinquir, algo que no firmamos”.

Iliana Hernández: La Habana, periodista de CiberCuba. Fecha de los incidentes: Días 7 y 27. Citada personalmente por el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de su zona de residencia para un lugar conocido como La Casona. Desde el día 27 está en detención domiciliar, aunque ninguna autoridad judicial lo ha ordenado.

Yoani Sánchez: La Habana, periodista de 14yMedio. Fecha del incidente: Día 12. Fue atacada en el Noticiero Nacional de Televisión, y calificada de mercenaria y de estar al servicio de Estados Unidos.

Laura Perdomo Pérez: Santa Clara, provincia Villa Clara, periodista freelancer. Fecha del incidente: Día 12. “El oficial que me interrogó, llamado Ernesto me dijo que no podía entrevistar a nadie en la calle, que yo era una mercenaria trabajando para dañar el prestigio de la revolución, y que, si veía publicado sobre eso, mi familia lo pagaría muy caro, que ellos sabían bien lo que a mi me dolía”.

Carlos Manuel Álvarez: La Habana, periodista de El Estornudo. Fecha del incidente: Día 13. Álvarez, junto a otras personas, fue víctima de la embestida del Noticiero Nacional de Televisión en un reportaje donde se atacó su integridad personal.

Rodrigo Alejo Paredes: Santa Clara, provincia Villa Clara, periodista freelancer. Fecha de los incidentes: Días 15 y 19. Fue arrestado por agentes de la Policía Política y la Policía Nacional Revolucionaria cuando pretendía cubrir una protesta de trabajadores por cuenta propia frente a la sede provincial del Partido Comunista (gobernante). “Me detuvieron al salir de mi casa, me introdujeron en un auto policial. Me liberaron cuatro horas después, cuando ya la protesta había concluido. Después recibí una citación para el día 19, para que me presentara ante la Seguridad del Estado y me amenazaron con meterme preso por mis actividades periodísticas”.

Yuniur Berges González: Bayamo, provincia Granma, periodista de: Observatorios de Derechos Económicos (España). Fecha de los incidentes: Días 18, 27. El capitán Leandro y primer teniente Miguel, lo citaron para la Unidad de Instrucción Provincial de los Delitos Contra la Seguridad del Estado. “Cuando llegué me dijeron que el teniente coronel Daniel, quien me había mandado a citar, no se encontraba, que me citarían nuevamente. No me han vuelto a citar. Pero el día 27 tuve seguimiento”.

Roberto Rodríguez Cardona: Bayamo, provincia Granma, periodista de CubaNet. Fecha del incidente: Día 19. Agentes del régimen quisieron obligarlo a presentarse una hora más tarde en la Unidad de Instrucción Provincial de los Delitos Contra la Seguridad del Estado. “Al exigirle mi derecho a ser informado de la citación con 24 horas de antelación, me amenazó con ser detenido”.

Yoe Suárez: La Habana, periodista de Diario de Cuba (España). Fecha del incidente: Día 26. Interrogado por tres oficiales de la Policía Política en la estación policial de Siboney. “El interrogatorio duró más de una hora, participaron los oficiales que dicen nombrarse René y Jhonatan, y otro que dijo ser especialista y llamarse José Antonio. El punto fueron mis publicaciones en redes, dijeron que yo había mantenido un perfil bajo, pero que hace un tiempo para acá mi activismo era mayor, preguntaron si tenía intención de emigrar, y calificaron a Diario de Cuba como ‘plataforma subversiva’, y que mientras siguiera escribiendo para Diario de Cuba continuaría ‘regulado’ (prohibición de salida del país). Cerraron diciendo que ´podían procesarme por ‘mercenarismo’”.

Luz Escobar: La Habana, periodista de 14yMedio (diario digital). Fecha del incidente: Día 26. Bajo arresto domiciliar durante cinco días, desde el 26 hasta el 31. La prohibición de salir de su casa se sostuvo con la vigilancia permanente de uno o dos agentes de la Policía Política en la entrada del edificio donde reside.

Camila Acosta: La Habana, periodista de CubaNet. Fecha del incidente: Día 27. Detenida sobre las nueve de la mañana cuando se dirigía a hacia el Ministerio de Cultura. La periodista fue arrestada por un agente de la Policía Política. El represor, se escucha en un video subido a las redes, amenazó a Acosta con procesarla por un delito de desacato. Fue conducida a la estación de Infanta y Manglar, municipio Centro Habana. El arresto se prolongó por varias horas.  A partir del día 27 y, hasta el cierre del mes, agentes de la Policía Política se mantuvieron apostados frente a la vivienda de la periodista para impedirle salir.

Mauricio Mendoza: La Habana, periodista de Diario de Cuba. Fecha del incidente: Día 27. Fue agredido mientras reportaba en directo por el ministro de Cultura Alpidio Alonso, en las afueras del MINCULT. Alonso de un manotazo le arrancó el teléfono celular. Tras ese hecho, fuerzas combinadas de la policía política y la Policía Nacional Revolucionaria, arrestaron, con violencia, a todos los presentes. Mendoza fue trasladado, junto a los demás jóvenes, a Infanta y Manglar, municipio Centro Habana, interrogado y amenazado con ser presentado a los tribunales por un delito contra la Seguridad del Estado.

Alfredo Martínez: La Habana, periodista de Tremenda Nota. Fecha del incidente: Día 27. Informó en redes sobre agresiones físicas sufridas durante el enfrentamiento de la Policía Política y funcionarios del Ministerio de Cultura contra artistas y periodistas concentrados frente a la sede de esa entidad gubernamental. Producto de las agresiones sufrió fractura en un dedo.

Yunier Gutiérrez: Camagüey, provincia Camagüey, periodista de Revista digital La Hora de Cuba. Fecha del incidente: Día 27. Arrestado con violencia en los sucesos ocurridos en áreas exteriores del Ministerio de Cultura.

María Matienzo: La Habana, periodista de CubaNet. Fecha del incidente: Día 28. Víctima de arresto domiciliar mediante la vigilancia de la Policía Política. La prohibición de salir fuera de su casa se inició el 28, después que la periodista reportara desde la vivienda del científico Oscar Casanella, el arresto del investigador la noche antes.

Otras violaciones a la libertad de expresión en enero:

Alfredo Cancio Iglesias. Santa Clara, provincia Villa Clara.

Bárbaro de Céspedes. Ciudad de Camagüey.

Ever Oscar Matos Leyva. Moa, provincia Holguín.

Juliana María García Claro. Santa Clara, provincia Villa Clara.

Luis Mario Niedas Hernández. Sancti Spíritus, provincia Sancti Spíritus.

Luis Roble. La Habana.

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MIAMI, Estados Unidos. – Desde Estados Unidos varios jóvenes artistas y activistas lanzaron recientemente una campaña por la liberación de Luis Robles Elizastigui, el cubano de 28 años que reclamó la liberación del rapero Denis Solís en el Boulevard de San Rafael, en La Habana.

Después del desalojo de los acuartelados del Movimiento San Isidro, Robles exigió la excarcelación de Solís desde uno de los puntos más céntricos de la capital cubana. Poco después fue arrestado a la fuerza por agentes del Ministerio del Interior, incluidos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria y del cuerpo de élite conocido como “Avispas Negras”.

Ese mismo día le fue impuesta una multa de 1.000 pesos, por supuestamente “afear el ornato público”. Luego, las autoridades lo acusaron de “alteración del orden público, desacato y actos contra la Seguridad del Estado”.

Actualmente el régimen cubano mantiene a Robles en el centro penitenciario Combinado del Este a la espera de juicio, según fuentes cercanas al joven.

“Convocamos una acción urgente de solidaridad internacional, dentro y fuera de Cuba por la liberación inmediata de Luis Robles, el joven de San Rafael que realizó una protesta sublime, genuina y auténtica pidiendo la libertad para Denis Solís”, sostiene la campaña lanzada en Miami por la artista y activista Ana Olema.

Olema, también integrante de la dirección del Partido del Pueblo, invitó a todos los cubanos a tomarse una foto imitando a Luis Robles el día de su protesta.

“En unos pocos minutos este muchacho con mochila, mascarilla, gorro y un cartel hecho de una caja de cartón gritó ‘libertad’ mientras caminaba de un lado a otro. Y es eso lo que queremos recrear”, explicó.

La artista y activista calificó de “extraordinario” y “valiente” salir solo a la calle y llevar a cabo esta acción, sin pertenecer a ningún grupo opositor.

“Todos nuestros presos y presas políticas son sumamente importantes y la lucha por su liberación no puede cesar, pero el caso de Luis es diferente, porque está solo sin el amparo de ninguna organización”, indicó Olema.

Annelys PM, diseñadora cubana residente en Los Ángeles (Foto: Cortesía)

Yunier Suárez, promotor de Cuba Decide, desde España (Foto: Cortesía)

La activista Ana Olema desde Miami (Foto: Cortesía)

Otra de las activistas que promueve la campaña es Amanda Sánchez, una joven cubana residente en Kentucky. “Hasta el momento hemos logrado sumar muchas personas de Estados Unidos y de Europa, pero es imprescindible que los cubanos dentro de la Isla también apoyen a este joven de todas las formas posibles”, dijo.

Luis Robles Elizastigui es natural de Guantánamo. Graduado de la especialidad de Informática, hasta el momento de su arresto se dedicaba a la electrónica. Tiene un hijo de un año que depende económicamente de él.

“No puedo imaginar el impacto que podría tener que Luis contara qué lo motivó a salir solo. Estoy segura que millones de ciudadanos que hoy también ansían un cambio, se sentirían identificados con él”, apuntó por su parte la joven Camila Remón, residente en Miami y miembro de un grupo recién fundado en apoyo al Movimiento San Isidro.

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Katherine Mojena Hernández

Miembro de la dirección nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Promotora de la iniciativa Cuba Decide. Equipo a cargo de la dirección y edición del sitio web Cuba te Cuenta

LA HABANA, Cuba.- Las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) en la agricultura cubana son instituciones que agrupan a propietarios de tierras —a diferencia de otras formas cooperativas, siguen siendo dueños de las tierras tras la integración a esa propiedad de grupo— con el objetivo de lograr un mejor acceso a insumos y materias primas vendidas por el Estado.

Y aunque la integración de los campesinos a las CCS es voluntaria, ello no elimina las presiones gubernamentales para que los productores individuales se integren a esas cooperativas. Por supuesto, de esa manera las autoridades podrían controlar mejor a esos campesinos, al tiempo que les inoculan el mensaje político-ideológico.

Con fecha 24 de mayo de 2019, la Gaceta Oficial de la República publicó el Decreto-Ley 365 “De las Cooperativas Agropecuarias”, el cual contiene el reglamento para el funcionamiento de las CCS, así como también el de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), y las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA).

El artículo 37 del reglamento de las CCS dispone que “en el caso de las CCS, circulan por sus cuentas los ingresos de los cooperativistas por la venta de sus producciones, los que no forman parte del patrimonio de la cooperativa”.

Es decir, que la CCS comercializa las producciones de sus asociados, y el ingreso obtenido debe ser retribuido a estos, sin que pueda ser desviado ese importe para otros fines. Sin embargo, con frecuencia ese artículo es violado, con el consiguiente perjuicio para los asociados.

En su edición del domingo 24 de enero, el periódico Juventud Rebelde dio a conocer la queja de un asociado a una CCS (“¿Por qué no antes?”), debido a que un año y ocho meses después de que su cooperativa cobrara la venta de su producción a una entidad estatal, todavía la CCS no le había pagado a él.

La Junta Directiva de la CCS planteaba que no podía pagarle porque el dinero fue utilizado para saldar deudas que la cooperativa tenía con otras entidades. Una anomalía que hizo que el cooperativista sufriera un enorme peloteo al reclamar el dinero que le pertenecía. Acudió al Departamento de Atención a la Población del Gobierno y el Partido en su municipio (Perico, en la provincia de Matanzas), al delegado de la Agricultura, a la Fiscalía municipal, y a la delegación provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Al final de semejante tribulación se logró que el Banco concediese un crédito a la CCS para pagar la deuda contraída con el cooperativista.

Después de todo esto nos asalta la siguiente interrogante: ¿Y no sería mejor que el campesino en cuestión le hubiese vendido su producción directamente a la empresa estatal, sin que mediara en la transacción la CCS? ¡Cuánto malestar se hubiese ahorrado ese productor!

Lo cierto es que las fallas e ineficiencias de las cooperativas agropecuarias en Cuba han provocado un éxodo creciente entre sus asociados, que se refleja en el decrecimiento de esas entidades. De acuerdo con cifras emitidas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), de 2 504 CCS existentes al final del 2014, la cantidad disminuyó a 2 468 al cierre de 2018. De igual manera disminuyeron las cantidades de UBPC y CPA en el país.

Y si tenemos en cuenta que las distintas formas cooperativas poseen cerca del 40% de la superficie cultivada de la nación, ello oficia como otra de las causas de la actual crisis en que se debate la agricultura cubana.

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Orlando Freire Santana

Orlando Freire. Matanzas, 1959. Licenciado en Economía. Ha publicado el libro de ensayos La evidencia de nuestro tiempo, Premio Vitral 2005, y la novela La sangre de la libertad, Premio Novelas de Gaveta Franz Kafka, 2008. También ganó los premios de Ensayo y Cuento de la revista El Disidente Universal, y el Premio de Ensayo de la revista Palabra Nueva.