Luego de que el Gobierno de Cuba recibiera el pasado 13 de julio una acusación de cuatro relatores especiales y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por perseguir la libertad religiosa, destruir iglesias y afectar por motivos de discriminación religiosa la vida de más de 100 personas, suman 19 las medidas de ese carácter dirigidas a La Habana por el organismo global en los últimos 15 meses.

De acuerdo con un resumen de tales medidas que realizara la organización de derechos humanos Cuban Prisoners Defenders (CPD), los funcionarios cubanos en tales organismos siguen frente a tales acusaciones un modus operandi propio de la Seguridad del Estado: no responder.

“Los funcionarios cubanos han recibido la orden de no responder, incluso superando el plazo máximo para ello, dos meses, en tanto la resolución de los relatores no fuera hecha pública por alguna entidad. Es el modus operandi de la Seguridad del Estado, evaluando siempre mecanismos para silenciar estos hechos”, advirtió la organización en un documento hecho público este miércoles.

“Cuando responden, por otra parte, lo hacen de manera vergonzante, cambiando la fecha de elaboración de las cartas (para que conste como previa al plazo de los dos meses), y sin entrar en la materia, porque los funcionarios que responden ni tienen la información veraz de los hechos que se imputan ni pueden tan siquiera hacer acciones independientes de investigación. Reciben un mandato de la Seguridad del Estado, poniendo en ridículo constante a las instituciones cubanas”, indicó CPD.

La organización con sede en España recordó que la ONU trasladó a La Habana la acusación de CPD por el caso del opositor José Daniel Ferrer, detenido y acusado por la policía política bajo cargos manipulados, según denunció en su momento la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), de la que Ferrer es líder.

[El Gobierno de] “Cuba respondió a ésta, y en fechas recientes Prisoners Defenders ya ha contestado contundentemente a las alegaciones en el proceso de arbitraje, desmantelando la respuesta de Cuba, completamente ajena a la realidad procesal acontecida y a los hechos probados. El proceso de deliberación
se realizará en agosto de 2020, y Cuba (…) ha quedado sin argumentos posibles ante las Naciones Unidas, por incompetencia de la Seguridad del Estado y la nomenclatura del Partido designada para impedir que quienes debían responder no conozcan de la grave situación”, señaló la declaración.

“El descrédito del Ministerio de Relaciones Exteriores, de conjunto con el del Sistema Judicial de la Isla, crece cada día más ante la vista de Naciones Unidas a causa del supraconstitucional poder e impunidad de la Seguridad del Estado, un órgano que actúa al margen de la Ley”, advirtió CPD.

La organización además hizo un llamado a la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que haga un gesto político “en contra del bloqueo de los derechos humanos ejercido por la Seguridad del Estado (como responsable explícita) contra todos los cubanos”, incluyendo a quienes se les impide entrar a Cuba por haber abandonado “misiones oficiales” del Gobierno o por “por haber publicado en redes sociales cualquier crítica al oficialismo dominante y sus calamidades o haberse mostrado crítico con el sistema imperante”.

CPD recuerda a Bachelet que si la ONU ha condenado “el embargo comercial unilateral” de EEUU contra La Habana “sin importarle las consecuencias”, debería hacer lo mismo con “el bloqueo de los derechos humanos contra todos los cubanos”.

Entre las resoluciones contra las prácticas represivas del régimen cubano dirigidas a La Habana en los pasados 15 meses están varias relativas a los presos políticos Aymara Nieto Muñoz, Eliecer Bandera Barreras, Humberto Rico Quiala, José Antonio Pompa, Melkis Faure Hechevarría, Mitzael Díaz Paseiro, Silverio Portal Contreras, Josiel Guía Piloto, Iván Amaro Hidalgo, Marbel Mendoza Reyes, para quienes se se reclama la liberación de cargos inmediata.

También existe una reclamación por la “detención arbitraria” y “sin el debido proceso” del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces.

Asimismo, en junio de 2019 varias relatorías de la ONU se pronunciaron en relación con los abusos de derechos humanos sufridos por más de 30.000 médicos que participan en las “misiones de internacionalización” de La Habana, y que fue hecha pública el 6 de enero de 2020.

Poco antes, en mayo de ese mismo año, otra resolución hizo referencia a los casos de “hostigamientos, las amenazas y expatriaciones forzosas de defensores/as de derechos humanos, periodistas y activistas sociales y políticos en el marco de la reforma migratoria de 2013, que aunque eliminó la restricción de un permiso especial para viajar al extranjero, reserva al Gobierno cubano amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de ‘defensa y seguridad nacional’ u ‘otras razones de interés público'”.

A esta lista se suman varias resoluciones de Acción Urgente del Comité Contra las Desapariciones Forzadas por el caso de José Daniel Ferrer, Fernando González Vaillant y José Pupo Chaveco, activistas de la UNPACU.

Igualmente, hay una resolución de inicios de 2019 referida al Decreto 349, debido a que impone restricciones “al derecho a la libertad de expresión artística y creatividad, al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación”.

Finalmente, en enero de 2019 la ONU hizo referencia también al “filtrado y bloqueo de mensajes llamando al voto negativo en el referéndum constitucional” del 24 de febrero de ese año por parte del monopolio estatal de las telecomunicaciones ETECSA.