LA HABANA, Cuba.- “En Cuba los negros tenemos como meta ser obreros calificados y técnicos medios”, así describió a CubaNet el racismo y las limitaciones de los afrocubanos el periodista Jorge Enrique Rodríguez.

“Con cada negro en el barrio que rompe ese esquema, que se gradúa como profesional, que no comete delito o no cae preso, hay una victoria de la comunidad negra. Esa es una de las formas de transcender el racismo”. El comunicador opina que la desigualdad entre los diferentes grupos poblacionales narra el racismo estructural existente en la Isla.

En 1962 el gobierno revolucionario intentó “barrer” con decretos el racismo estructural. Los artículos 41 y 42 de la Constitución proclaman la igualdad de derechos de los seres humanos; y el Código Penal en el Artículo 295: 1 y 2, contempla como delito el daño contra estos derechos.

Sin embargo, a las cuotas de cambio antirracista prometidas al sector negro, desde la toma del poder en 1959, le falta voluntad para establecer políticas de afirmación que impulsen el progreso legislativo a favor de la equidad racial.

La esperanza de progreso en el tema atravesó en silencio seis décadas de espera, a costa de la autoestima de los afrocubanos, identificados con el sector más pobre de la sociedad.

El poder negro

Para asegurar el silencio, y la actual ausencia de un movimiento nacional contra la discriminación negra, el régimen eliminó las sociedades independientes de negros (las chinas y las españolas no). Las demandas contra la igualdad racial no volverían a trascender en enfrentamientos como la masacre de 1912, contra el Partido Independiente de Color.

Reducido el poder negro a los favores de la revolución, el avance antirracista quedó en manos del poder político constituido por blancos; y aunque en los últimos años la estructura gobernativa muestra mayor representación afrodescendiente, cada una de las designaciones simbólicas está subordinada a los intereses ideológicos empotrados en la silla presidencial.

En 2009 el régimen creó la Comisión José Antonio Aponte, una interpretación del racismo en Cuba: trasfondo cultural o “racismo involuntario”, según define las raíces psicológicas de la discriminación el vicepresidente de la comisión Rolando Rensoli. La organización fue señalada como avance para los afrodescendientes cubanos en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitido en febrero del actual año.

“Existe una criminalización del movimiento antirracista independiente”, declaró a CubaNet Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), y añadió que “el gobierno desde su cultura de privilegio político deja en desamparo legal a las organizaciones y al activismo antirracista independiente. La lucha se describe como acción política y ciudadana, lo que provoca el enfoque represivo en contra del movimiento, ubicándolo en el mercenarismo al servicio de la agenda de Washington y el exilio en Miami”.

En el 2018 el CIR entregó a las instituciones del gobierno varias recomendaciones para iniciar políticas sociales a favor de los afrocubanos, pero la estrategia conservadora del régimen se niega a reconocer el racismo estructural que proclamó eliminado.

Reglas de convivencia, no equidad racial

Por su parte, el rapero Osvaldo Navarro, conocido como NavyPro, es activista en campañas por los derechos de la mujer y los afrodescendientes en Cuba.

“En una ocasión decidimos reunirnos varios afrodescendientes en una cafetería del Mónaco. Queríamos compartir el almuerzo con la charla de un libro que debatiríamos al día siguiente (…) Cuando pedimos la comida nos percatamos que habían puesto dependientes para vigilarnos de forma extrema. Pensaban que no teníamos dinero para pagar la cuenta (…) Tengo amigos a quienes les han negado la entrada a bares privados, de forma sutil, ‘por falta de capacidad del local’, pero después ven como pasan a otras personas. A eso es lo que llamo miedo al negro”.

Las agresiones racistas en Cuba carecen de respuestas. La negación frontal de la desigualdad racial impide la articulación de mecanismos que desinstalen las estructuras discriminatorias de la sociedad en que vivimos.

Manuel Cuesta Morúa, licenciado en Historia y miembro del CIR, tiene su propia perspectiva contra la discriminación. “El mejor enfoque para resolver el problema es el posracial. La integración del fenómeno desde la identidad de cada quien, poniendo a todos en el mismo plano legal e institucional”.

El gobierno de la Isla divulga la imagen de integridad multirracial de la Nación, pero la sociedad que la integra solo se sostiene de frágiles reglas de convivencia que la ayudan a sobrevivir. Para contrarrestar esta realidad Cuesta Morúa plantea la realización de profundas reformas económicas, en la pequeña y mediana empresa, con el objetivo de crear posibilidades para los sectores desfavorecidos.

“Casi todos los que venden frutas y viandas en La Habana son carretilleros afrodescendientes. Si se les da la posibilidad de crear una pequeña empresa, les darán espacio a los sectores marginales”.

La Revolución destruyó la estructura económica del país, y con ello la perspectiva de prosperidad para los cubanos de a pie. La dependencia económica de la Isla y el sistema político excluyente mantienen la pobreza afincada en los afrodescendientes. En tanto, desde el poder político, la negación del racismo conserva el aplazamiento de la agenda pública para la integración racial.

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