El doctor Luis Johanson, decano del Consejo Regional 19 de la entidad peruana explicó en declaraciones a Radio Martí que “estos colegas llegaron con la finalidad de prestar sus servicios profesionales en la zona de mayor riesgo e impacto en el país pero al final fueron enviados a otras regiones”.
“Los dos colegas que deberían desempeñarse en las unidades de Covid-19 andaban preguntando cosas que todo médico debería saber. Si eran intensivistas deberían saber manejar un respirador mecánico y medicamentos de alto nivel”, añadió Johanson.
En cambio, el Ministerio de Salud de Perú a través de una representante declaró a DIARIO DE CUBA que “no hay duda alguna” de la capacidad y el nivel de la brigada de médicos cubanos ya que “el personal que llegó desde Cuba cumplió con los requerimientos solicitados. Asimismo, no es verdad que los miembros de la brigada no estén capacitados”.
Johanson dijo que ellos “como Colegio Médico” no han “podido apreciar en el Hospital la ayuda real que podrían haber prestado estos colegas”.
En su comunicado, la asociación médica reitera que “no está en desacuerdo con la llegada de los médicos cubanos ni de cualquier profesional de otro país siempre y cuando se justifique de manera real la necesidad de su presencia ya sea por su alta especialización o por su espíritu de colaboración, pero respetando y tomando en cuenta la normativa que para tal fin establece el Colegio”.
Una usuaria identificada como Luz Leticia Paredes apoyó a la institución peruana y dijo que “los médicos cubanos generan un gasto al Estado peruano, y se debe de respetar los lugares para los cuales fueron designados al inicio, los de mayor necesidad y no los lugares donde no se les necesitan”.
Por cada profesional cubano el Estado peruano paga 2.000 dólares mensuales, según el convenio con La Habana. El jefe de la brigada médica cubana dijo que de ese monto los profesionales “deben pagar los impuestos y su fondo de pensión, por lo que no reciben los 2.000 líquidos”.
No especificó cuánto queda exactamente en manos de cada profesional.
En otros países en los que se ha aplicado esa vía de pago, como Arabia Saudita, La Habana ha obligado a los profesionales a entregar más del 75% del salario, como ha podido confirmar DIARIO DE CUBA.
La venta de servicios profesionales, fundamentalmente médicos, es la principal fuente de ingresos del Gobierno cubano, que se queda con al menos las tres cuartas partes de lo que pagan en salarios los países de destino, además de imponer fuertes restricciones a las libertades de los profesionales.
Esas prácticas han recibido numerosas críticas a nivel internacional. Relatores de la ONU han advertido que podrían constituir formas de “trabajo forzoso” y “esclavitud moderna”.
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