| El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) publicó esta semana un informe ampliamente documentado sobre la falta de compromiso del Gobierno de Cuba con el sistema universal de derechos humanos.
Desde las contradicciones en la supuesta voluntad del régimen de participar y colaborar con los mecanismos de la ONU en tales temas, promesas incumplidas, hasta serios señalamientos emanados del Examen Periódico Universal, demuestran la falta de idoneidad de La Habana para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos (CDH), considera Brian Schapira, uno de los autores del informe de CADAL.
Schapira conversó con DIARIO DE CUBA sobre un asunto que inquieta a gobiernos democráticos y a organizaciones atentas a las violaciones de derechos humanos en la región.
“Tenemos en general una preocupación de que países no democráticos y con serios problemas de violaciones a los derechos humanos integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ya lo integra Venezuela, que es una dictadura. Lo integra Brasil, cuyo presidente (Jair Bolsonaro) tiene un discurso con sesgos seriamente autoritarios”, dijo.
“En el caso de Cuba, es uno de los países del mundo que más veces integró el Consejo. Y se trata de una dictadura de más de 60 años en el poder, un caso único en la región. Creemos que Latinoamérica no merece tener ese tipo de representación en el Consejo”, señaló el director de relaciones institucionales de CADAL.
En tal sentido, explicó, “el objeto del informe es reflejar claramente, con indicadores objetivos —con lo que dicen los propios órganos del mecanismo de la ONU de Derechos Humanos— que Cuba no cumple con los requisitos formales mínimos que establece la normativa de las Naciones Unidas (Resolución de la Asamblea General 60/251) para integrar el Consejo de Derechos Humanos”.
A pesar de esta realidad, el régimen ha ingresado en el organismo en seis oportunidades, lo que Schapira atribuye a “una efectiva política para captar votos de otros países”.
“Cada caso de voto conseguido merecerá una razón particular en cuanto a los intereses de quien lo vota, o a intercambios de votos para ocupar otras posiciones en la ONU u otros organismos internacionales”, apuntó.
“Podemos especular al respecto, pero no saberlo a ciencia cierta. Pero evidentemente muchas veces, países con regímenes no democráticos se apoyan entre ellos. Esto puede verse en el apoyo que se prestan a la hora de votarse resoluciones del Consejo en las que se señalan situaciones de violaciones a derechos humanos; las autocracias suelen votar en bloque en forma negativa o de abstención”, recordó.
“Por otra parte, si bien Cuba integra el Consejo, y una parte importante del sistema de protección depende de él, los señalamientos de los distintos mecanismos son constantes y contundentes. Tanto la Alta Comisionada (Michelle Bachelet), los procedimientos especiales, como los órganos de tratado en los que Cuba es parte, no ponderan ni la conducta ni el discurso del régimen”, añadió el abogado.
Durante años el régimen cubano se ha negado a materializar una invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales del CDH. Lleva décadas permitiendo escasamente y, según su conveniencia, las visitas de algún relator.
Para Schapira, “la estrategia es muy burda y pretende enmascararse con frases esquivas y excusas vacías”.
El Gobierno cubano “siempre manifiesta en sus presentaciones estar ‘evaluando’, siempre ‘responderá a su debido tiempo’. Lo mismo expresa cuando se le señala que no ha ratificado los dos tratados más importantes de derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
“No ratificar los tratados implica principalmente no estar sometido al contralor de los órganos de tratado que vigilan su cumplimiento a través de un mecanismo de revisión periódico, y un mecanismo que permite, cumplidos ciertos requisitos, presentar los casos de violaciones a su jurisdicción”, indicó.
Posibilidades de ingresar otra vez al CDH
En medio de este panorama, en febrero pasado La Habana presentó su candidatura para obtener un escaño en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023. Schapira considera que podría conseguirlo.
“Creo que tiene posibilidades, primero porque hay tres vacantes a cubrir (sobre un total de ocho lugares para la región Latinoamérica y Caribe, en un cuerpo que tiene un total de 47), y no sabemos aún si habrá más de tres candidatos”, explicó.
“Hasta el momento solo han anunciado su candidatura Cuba y Bolivia. Y, por otra parte, como referí previamente, es evidente que Cuba tiene una diplomacia eficiente a la hora de conseguir los votos para una banca en el Consejo. La realidad es que votan todos los países de la Asamblea y consigue sus votos”, señaló.
“La nota en la que el Gobierno decide hacer pública su candidatura contiene las promesas y compromisos del país en materia de derechos humanos, y básicamente es una reiteración con alguna variante de las notas ya presentadas en elecciones previas, y se trata siempre de compromisos y promesas vacías”, opinó.
“En definitiva, para ir a lo más grosero, los tratados siguen sin ratificarse y los procedimientos especiales sin invitación, los abusos de todo tipo a los derechos en el país continúan. Todo el sistema se lo ha señalado. La campaña no es creíble”, evaluó.
Para el autor del informe de CADAL, “no hay dudas de que Cuba sufre una dictadura con un régimen de partido único, un sistema sin los derechos ni las libertades más básicas donde se persigue a quien no comulga con el régimen, no hay libertad de expresión, ni de asociación, no hay libertad de participación política”.
“El sistema de la ONU así se lo señala en forma constante”, concluyó. |
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