En la comunidad Campamento 14, ubicada en el municipio Cerro, viven varias familias de cubanos bajo el permanente temor de que sus hogares sean destruidos por las autoridades.

Allí hay más de 300 viviendas improvisadas que pudieran ser demolidas en cualquier momento ‘sin rasgo alguno de piedad’, explica Diario de Cuba.

“Cuando llegamos aquí hace dos años todo era marabú y hierba mala, poco a poco lo fuimos limpiando y empezamos a levantar nuestras casas de madera”, dijo María González, una de las residentes del lugar.

“La comunidad fue creciendo, casi todos los que vivimos aquí llevamos muchos años en La Habana y no teníamos casa. Hay niños que ya han nacido aquí, pero nada de eso importa”, añadió.

“Las autoridades de Vivienda, de conjunto con la policía, quieren sacarnos de aquí sin justificación alguna”, explicó González.

“Hace como un año comenzaron las amenazas, supuestamente vinieron autoridades de la Vivienda a enumerar las casas con el objetivo de legalizarnos, pero era falso, con el tiempo nos dijeron que debíamos irnos y abandonar el lugar porque iba a ser demolido y que habíamos construido estas casas sin autorización”, añadió Josué Fraga, otro residente de la comunidad.

“Casi todos los que vivimos aquí hemos sido multados con cifras de 300 y 1.000 pesos por construir de manera ilegal, multas que no pagaremos porque antes debemos alimentarnos”, explicó Roberto Frómeta, otro de los residentes de Campamento 14.

“A otros los han presionado en sus centros de trabajo con la amenaza de expulsión sino se van de esta comunidad. En plena pandemia del Covid-19 y sin respetar ninguna regla de distanciamiento social fueron casa por casa para darnos el ultimátum: debíamos irnos o vendría la brigada de demolición a sacarnos por la fuerza”, señaló.

“No podemos entender que si el gobierno dice que hay baja natalidad y las personas que tienen varios hijos y quieren casa propia no legalicen las viviendas que hemos levantado con esfuerzo propio. Nunca nos dan una explicación de para qué quieren este terreno o por qué no nos autorizan a legalizarnos. Desde hace un año vivimos con el susto de que vengan de madrugada a sacarnos”, comentó Roberto Frómeta.

“Ya enviamos una carta al Consejo de Estado a ver si nos escuchan. Pensamos resistirnos si vienen por nosotros y lo divulgaremos por todos los medios posibles. Estamos defendiendo nuestro derecho a tener una vivienda y a vivir como personas y eso me parece que es lo verdaderamente justo”, relató Frómeta.