| Las mujeres y las personas negras y mestizas parecen ser los dos grandes grupos excluidos del cronograma legislativo anunciado por el Gobierno cubano hasta 2028, ya que no se prevé ni ley sobre violencia de género ni ley contra la discriminación racial. Las mujeres negras quedan excluidas por partida doble.
En medio de estas ausencias, ¿cuál es la situación de los afrocubanos, que constituyen un alto porciento de la población del país?
“Los negros viven en peores casas, tienen los trabajos más duros y menos remunerados y reciben entre cinco y seis veces menos remesas familiares en dólares del exterior que sus compatriotas blancos”. Esta no es una afirmación de un activista antirracista o “contrarrevolucionario”, sino parte de una respuesta de Fidel Castro a Ignacio Ramonet, en el diálogo recogido en el libro Cien horas con Fidel.
En mayo de 2018, el último informe de World Prison Brief sobre situación penal en 222 países del mundo, ubicaba a Cuba como el sexto con más personas encarceladas con respecto a su población: 510 por cada 100.000 habitantes. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), el número de personas presas podría alcanzar los 70.000. En enero de 2020, la ONG Cuban Prisoners Defenders hizo público un informe que cifraba los presos en más de 90.000.
De la población carcelaria cubana, según fuentes citadas en un artículo publicado por el diario español El Mundo, el 88% son negros o mestizos. De acuerdo con un artículo de ABC de 2013, que cita datos ofrecidos por la CCDHRN, la mayor parte de los presos son negros y jóvenes.
“La mayoría de los rateros son negros”, dijo un policía citado por El Mundo. Quizás esto explica el perfilado racial al que son sometidas las personas de esta raza, a quienes la Policía exige identificación en la calle con más frecuencia que a las de piel blanca, y quienes son más acusadas de delitos como “asedio al turismo”.
La situación descrita por el propio Fidel Castro a Ignacio Ramonet durante el largo diálogo que sostuvieron entre 2003 y 2005, se mantiene 17 años después y a 60 del triunfo de la Revolución liderada por el fallecido gobernante.
En el Informe de País presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se señala la desigualdad de las personas afrocubanas en materia de acceso a empleo, salud, agua potable y vivienda. En este último aspecto, se observa con preocupación que en Cuba el número de “las personas afrodescendientes que residen en viviendas en condición de hacinamiento severo —es decir, donde en promedio hay más de cinco personas por dormitorio— es más del doble que el de las personas no afrodescendientes en esta condición”.
En 2017, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un informe que recogía 187 violaciones de derechos humanos de personas afrodescendientes. Entre otras desventajas para este amplio grupo poblacional, señalaba la falta de oportunidades para las personas de raza negra en el sector turístico, considerado la locomotora de la economía cubana.
Para asombro de los presentes en la audiencia de la CIDH, el testimonio de los activistas cubanos fue reforzado por el de la relatora especial sobre Personas Afrodescendientes, Margaret May Macaulay, quien afirmó conocer de primera mano la discriminación de afrocubanas y afrocubanos en ese sector.
Ni leyes ni cultura jurídica
Norberto Mesa Carbonell, líder de la Cofradía de la Negritud, contaba en 2016 a Havana Times su propia experiencia de haber sido despedido de un empleo como maletero en un hotel. De cinco trabajadores —dos blancos y tres negros— fueron despedidos los tres negros, incluyéndolo a él, aunque reunía más requisitos de idoneidad que los dos empleados de piel blanca.
El líder de la Cofradía, quien es ingeniero, realizó una demanda por violación del derecho de igualdad, basada en el Artículo 295 del Código Penal que, según su testimonio, era desconocido tanto por la fiscal de guardia que lo atendió, como por el carpeta de la Fiscalía, la oficial de guardia y el jefe de la unidad de Policía donde hizo la denuncia después.
Este hecho demuestra que no basta la existencia de leyes y que es preciso elevar la cultura jurídica del pueblo para que, llegado el momento, pueda defenderse. Esto es algo que, como planteó el abogado Julio Ferrer Tamayo en recientes declaraciones a DIARIO DE CUBA, el Gobierno cubano no ha hecho.
La falta de denuncias como la de Norberto Mesa Carbonell, más que una ausencia de discriminación, podría reflejar una ignorancia por parte del pueblo de los mecanismos legales que, aunque insuficientes, existen.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) recordó al Estado cubano en 2011 que la ausencia de causas puede deberse a la falta de información de las víctimas sobre los recursos judiciales existentes. También recomendó velar por que la legislación nacional contenga disposiciones apropiadas en materia de protección efectiva y recursos eficaces contra la violación de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, de la que el Estado cubano es signatario. Asimismo, informar al público en general de sus derechos y de los recursos legales de que dispone contra la violación de estos.
La existencia del mencionado Artículo 295 no resuelve los problemas de discriminación racial. Consultada por DIARIO DE CUBA en 2018 sobre la posibilidad de que un joven negro, presuntamente discriminado por dos agentes, denunciara el hecho en virtud lo dispuesto en el Código Penal, la abogada y directora del Centro de Información Legal Cubalex, Laritza Diversent, respondió que era “poco probable” que un policía aceptara “una denuncia contra otro policía”.
La experiencia del abogado Wilfredo Vallín y de Cubalex al presentar denuncias sobre violaciones de los derechos ciudadanos por parte de la Policía y de discriminación racial en casos de solicitud de revisión penal, ha sido el silencio o la negativa como respuestas.
¿Qué uso efectivo podrían entonces hacer los ciudadanos en caso de conocer el Artículo 295 del Código Penal?
Los cubanos necesitan una ley específica contra la discriminación racial, que garantice además la posibilidad de realizar denuncias ante un órgano independiente de la Policía. Al no incluir una ley al respecto en el cronograma legislativo, el Estado cubano parece insistir en una retórica de negativa del racismo, del cual en el mejor de los casos admite solo vestigios. Una ley equivaldría a conferirle al problema una visibilidad que se le ha negado hasta ahora.
Por otro lado, el Gobierno podría alegar que el derecho a la igualdad y a no ser discriminados por ningún motivo, incluyendo el color de la piel y el origen étnico, aparece reflejado en la Constitución (Artículo 42) y, por tanto, la ley que protegerá a quienes sufran discriminación por este o cualquier motivo será la de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales. Pero para conocer el contenido de esa ley, así como su alcance y limitaciones, será preciso esperar al menos hasta octubre del presente año. |
More Stories
“Los ladrones nos están saqueando”: Campesinos se quejan del mal trabajo de la Policía en Cuba
Rosa María Payá pide a Europa que traduzca su solidaridad en acciones por un cambio en Cuba.
Caída de Assad muestra “vulnerabilidad” de regímenes como Cuba y Venezuela, señalan expertos