La pandemia como pretexto para el abuso policial en Cuba: una cronología

DDC | La Habana

El 4 de abril, pocos días después del comienzo oficial del confinamiento en la Isla, fue Pedrito el Paketero, el youtuber cubano con más seguidores, quien publicó un vídeo en el que una agente lo amenaza por filmar una larga fila de personas en la entrada de una tienda de productos de limpieza.

Durante esos días el Noticiero de Televisión estatal comenzó a emitir una serie de reportajes en los que se enjuiciaba públicamente a ciudadanos cubanos acusados de corrupción, enriquecimiento ilícito, y otros cargos relacionados con delitos económicos, la mayor parte de pequeñas dimensiones.

A mediados de abril se viralizó en las redes sociales uno de los primeros videos con violencia policial explícita. En ese caso se trató de una mujer que fue amarrada con una soga e introducida en una patrulla por tres agentes, supuestamente por estar escuchando música fuera de su casa.

En esas fechas, a menos de un mes del incio de las restricciones provocadas por la pandemia, ya se contabilizaban en Cuba más de 100 juicios en los que se habían juzgado a 114 personas, de las cuales el 71 % fueron sancionadas con privación de libertad, en la mayor parte de los casos por “propagación de epidemias”.

La violación de dos menores de edad por parte de agentes de la policía, hecho ocurrido presumiblemente durante la noche del 16 de abril en el municipio capitalino de Marianao, fue otra de las acciones que más sensibilizó a la opinión pública respecto a los abusos cometidos por agentes del orden.

Cuatro días más tarde, el 20 de abril, Luis Ángel Cruz Gómez, locutor de la emisora estatal Radio Sancti Spíritus, se quejó del  “extremismo” y “abuso de poder” con que opera la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), tras ser multado por el delito de “propagación de epidemias” cuando se disponía a comprar el pan.

“Perdí mis derechos ciudadanos o nunca los tengo, les parecí tan peligroso que hasta yo me asusté, creo que no es justo, es extremismo y abuso de poder, más aún viendo cómo a diario se tienen que aglomerar cientos de personas en interminable fila para poder comprar un pedazo de pollo o un pomo de aceite”, escribió en sus redes sociales.

El 22 de abril se conoció de otra noticia preocupante. Dos mujeres jóvenes, de 20 y 24 años, iban caminando por una calle del municipio habanero de 10 de Octubre cuando una patrulla de la Policía las detuvo porque no llevaban bien puesto el nasobuco.

Fue entonces cuando Mileidys Salcedo, la mayor de las jóvenes, comenzó a filmar al policía que se dirigió en malos términos a su compañera. Al ver que estaban siendo grabados, los agentes les propinaron una golpiza y las detuvieron bajo los cargos de “atentado a la autoridad”, por lo que permanecieron en prisión durante 65 días.

Esa misma tarde apareció Miguel Díaz-Canel en la televisión junto al coronel Eddy Sierra Arias, segundo jefe de la Dirección General de la PNR, a quien expresó “la necesidad de actuar con más rigor hacia aquellas personas que continúan en lugares públicos sin motivo, paseando o sentados en los parques”.

El gobernante también indicó “actuar con severidad” ante quienes continúan desafiando las medidas que las autoridades han tomado para frenar el contagio del Covid-19.

Dos días después el joven Andy Jesús Estévez, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la CUJAE, fue multado y detenido por unas horas tras quitarse el nasobuco para beber agua en una cola que venía realizando por más de seis horas.

Para esas fechas ya los abusos cometidos por las autoridades eran más que evidentes: una Dama de Blanco fue multada por quitarse el nasobuco en una cola; un anciano fue multado por sentarse en la entrada de su casa; un joven fue multado porque llevaba el nasobuco mal puesto justo en la puerta de su vivienda.

El día 25 de abril la prensa oficial anunció la condena a un año de privación de libertad de dos ciudadanos residentes en Guantánamo por no usar la mascarilla protectora.

A tal punto estaba llegando la represión policial en Cuba que el músico Descemer Bueno pidió “muy respetuosamente a las autoridades de mi país que hagan todo lo que esté en sus manos para impedir los abusos policiales que se están viendo en las redes”.

El 30 de abril otro ciudadano cubano, en este caso residente en Matanzas, fue brutalmente golpeado por estar pescando en el río Yumurí. Como resultado de la golpiza, los médicos que lo atendieron le dieron ocho puntos de sutura en un ojo.

Ese mismo día, en la Isla de la Juventud, fue multada con 150 pesos Liannys Ramírez, madre de una bebé de cinco meses que se dirigía al policlínico para vacunar a la pequeña.

A pesar de que las críticas por la violencia cada día se hacían mayores, el capitán Alexander Valdés, dirigente de la UJC en la región militar de Cienfuegos, declaró al periódico Juventud Rebelde que para ellos la situación actual era equiparable a “la Angola de nuestra generación”, una guerra que le costó a los cubanos 2.077 vidas, según cifras oficiales.

El 18 de mayo se publicó en las redes sociales otro video donde se observa a un grupo de agentes policiales detener violentamente a un menor de edad en el municipio habanero de La Lisa, ignorando los reclamos de los vecinos presentes.

Uno de los momentos más críticos durante la pandemia fue el asesinato de un oficial de la policía en la estación de Calabazar el viernes 5 de junio, lo que provocó una campaña de propaganda a favor de los uniformados por parte del Gobierno cubano.

El 11 de junio sucedió otra violenta detención, en esta ocasión las víctimas fueron el artista Luis Manuel Otero y el rapero Maykel Castillo, quienes luego denunciaron haber sido golpeados por diez agentes mientras se encontraban esposados en la unidad de la PNR de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja.

También Zaqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana fue detenido y golpeado durante la noche del jueves 11 de junio.

Una madre soltera, residente en el barrio de Los Pocitos, Marianao, denunció mediante un video los abusos policiales cometidos contra su familia, consistentes en una golpiza propinada a su hijo en la unidad de la policía local y la multa de 2.500 pesos contra ella por vender flores en la calle, su único sustento económico.

El 26 de junio se conoció de la muerte de Hansel Ernesto Hernández, un joven de 27 años residente en Guanabacoa que recibió dos disparos de un oficial de la policía que fue además el único testigo de lo ocurrido. Los familiares del fallecido expresaron en redes sociales rechazo ante el hecho, y solicitaron que “de ninguna manera quede impune”.

“Un policía, un uniforme, no dan derecho a asesinar de tal manera a nadie, si sabemos de sobra que les entrenan con defensa personal, deben portar spray, tonfas, etc. Por qué entonces tuvieron que acudir a su arma de fuego y quitarle un hijo a una madre, a un padre, un sobrino a su tía, un hermano a su hermanita menor… Constando de que jamás estuvo armado, por favor, justicia”, publicaron en Facebook.

A raíz de este suceso, e influenciados por las protestas en Estados Unidos ante el asesinato de George Floyd, un grupo de activistas cubanos convocaron a una manifestación pacífica frente al cine Yara, lo que desencadenó otra serie de abusos policiales.

En la mañana del 30 de junio, día seleccionado para la protesta, aproximadamente 84 ciudadanos fueron impedidos de salir de sus casas y otros 50 fueron arrestados al negarse a permanecer en ellas.

Ese mismo día fue liberado el influencer cubano conocido como El Kende de Cayo Hueso, un adolescente de 17 años que pasó cuatro días en prisión por grabar un video que provocó la aglomeración de unas 30 personas.

El periodista de DIARIO DE CUBA Jorge Enrique Rodríguez fue otro de los desafortunados protagonistas de la impunidad policial, pues pasó cinco días en prisión tras filmar un abuso policial desde la entrada de su casa.

A Rodríguez lo intentaron encausar por el delito de “desacato”, pero gracias a una campaña en redes sociales y las denuncias de medios de prensa y organizaciones nacionales e internacionales fue liberado con una multa de 800 pesos.

A finales de junio también fue detenido el joven de 20 años Camilo Guerra, a quien los agentes golpearon brutalmente en una cola para comprar pollo en Guanabo, La Habana.

En un post publicado en Facebook, la madre del joven expresó: “No acabo de entender, si el oficial fue quien lo agredió y demás oficiales, cuando lo tenían dos aguantados y uno dándole por el abdomen, cuando lo tumbaron al piso le dieron patadas, donde un funcionario le pisó la cabeza y se le sentó arriba dándole, y mi hijo diciéndole que le faltaba el aire”.

Guerra fue liberado con una fianza de 2.000 pesos cubanos a la espera de juicio.

Por su parte, el fotógrafo Darío Dioses denunció dos encontronazos con la Policía durante la madrugada del 4 de julio, cuando paseaba con un amigo por La Habana Vieja luego del inicio de la primera fase de la desescalada en la capital.

El primer encontronazo consistió, según el testimonio del fotógrafo, en que un oficial de Tropas Especiales “insinuó que les pagáramos 3.000 pesos en efectivo al momento por ir pasando tranquilamente el Parque Central sin alterar el orden ni cometer ninguna indisciplina, solo por caminar tranquilamente por nuestra ciudad”.

Unos minutos después, narró Dioses, encontró a una patrulla con unos cinco policías “agrediendo una muchacha, incrustando su cabeza contra una columna de un edificio, pues esta se había resistido a entregar su carnet de identidad”.

Al intervenir junto a su amigo para evitar el abuso “nos atacaron a nosotros, me golpearon por las piernas con la tonfa, como tres veces, muy fuerte, poniendo a sangrar mi pierna izquierda al momento, y rodilla derecha, un gran dolor que aún conservo, los genitales golpearon también, por el cuello una fuerte presión y las esposas en las manos apretadas a más no poder, a Raiber lo arrojaron contra el suelo y de la misma forma lo maltrataron vilmente”, explicó.

En la noche del sábado 4 de julio en el municipio de Artemisa ocurrió otro hecho controversial. En este caso un policía disparó a Yamisel Díaz Hernandez, de 32 años, quitándole la vida.

Las fuentes oficiales afirman que se trata de un delincuente que al ser descubierto robando unos caballos atacó a un agente policial con un machete, por lo cual este le disparó en el pecho. El padre del fallecido, por su parte, dijo no creer en la versión de las autoridades.

Por último, la activista antirracista Aracely Rodríguez Malagón, fundadora de El Club del Espedrú, narró en redes sociales cómo fue detenida durante varias horas por el simple hecho de retratar a una patrulla de la Polícia que se había dirigido en malos términos hacia ella y su hermana.

Durante su estancia en la Unidad policial fue encerrada en una patrulla con las ventanillas bajas y escuchó insultos como “ahora te ahogas hasta que termine, por bocona”, “esta negra manca con esas pasas de donde salió” y “se salvan porque son mujeres, a los hombres los reviento sin mirar”.

Hasta el día 4 de junio se habían efectuado 1.360 juicios en el país, que llevaron a la cárcel a 1.089 personas, lo que representaba casi la misma cantidad de personas con privación de libertad que de infectados por el coronavirus en el momento.