| Más de 800 ciudadanos han sido procesados solamente en la provincia de Pinar del Río tras ser identificados como “coleros”, “revendedores” o “acaparadores”, conductas especialmente perseguidas por el Gobierno cubano, que insiste en señalarlas como las responsables del desabastecimiento en la Isla.
En una nota publicada en el sitio web de Radio Reloj, donde aparece esta información, consideran a los “coleros” como “otra pandemia efecto de la falta de disciplina” y califican como “guerra” a la persecución contra ellos, para la que las autoridades de la Isla movilizaron a más de 22.000 ciudadanos.
En la provincia de Guantánamo, ubicada en el otro extremo de la Isla, también fueron detenidas varias personas acusadas de acaparar “artículos para la reventa” o cobrar “gravámenes exorbitantes por realizar compras a terceros”, informó la Agencia Cubana de Noticias.
Entre los detenidos se encuentran trabajadores de una de las tiendas de la cadena TRD Caribe, destinada a la venta en Moneda Libremente Convertible, pues asegura el informe que realizaban “acciones ilícitas”.
La nota no precisa la cantidad de personas acusadas ni los delitos específicos que se les imputan, pero señala que fueron incautados más de 3.300 CUC, 74.500 CUP y 150 USD, que “permanecen bajo custodia de las autoridades policiales”.
El economista cubano Pedro Monreal explicó recientemente que “es inevitable la transferencia de precios entre mercados monetariamente segmentados”, por lo que algunos de estos fenómenos no son más que “consecuencias no solamente de un déficit de oferta, sino sobre todo de que, al no funcionar los precios, se ‘traba’ la respuesta de oferta”.
En un texto publicado en el diario Victoria la Fiscal Municipal de la Isla de la Juventud, Marianela Bretau Cabrera, dijo que trabajan guiados “por el Código Penal además de indicaciones puntuales de la Policía o la Fiscalía contra tipicidades delictivas como especulación y acaparamiento, actividad económica ilícita, desacato contra los oficiales, díganse atentados, resistencia, desobediencia y tráfico de monedas”.
La funcionaria añadió, tal vez en un lapsus, que “cuando vas a una cola pasas por tres vertientes: terminas hablando mal del sistema, alteras la cola o sales con el producto en mano”, aunque luego dijo que “el Estado pone todo cuanto tiene en las tiendas y el objetivo es que llegue a la gran mayoría”.
Bretau Cabrera afirmó que “en la actividad económica ilícita, regida por el artículo 228.1 del Código Penal, las sanciones varían de tres meses a un año y multas de 100 a 300 cuotas, según la conducta; de igual manera sucede para la especulación y el acaparamiento según el artículo 230″.
Además, explicó que en el artículo 152 “se encuentra lo referido al delito de cohecho, que es cuando está involucrado un funcionario, trabajador de la tienda y su sanción es de dos a cinco años”.
Acerca de quienes compran a los revendedores, que pueden ser acusados por el delito de receptación, Bretau Cabrera dijo que es “grave”, pues “si las personas que se dedican a revender productos tienen un mercado en las redes sociales, es porque existe alguien que los compra”.
La Fiscal propuso endurecer la persecución contra estos ciudadanos, pues “sucede que no le damos carácter al asunto y solo vamos a quien vende, pero en realidad los que receptan tienen su peso y si no batallamos en relación a esto y permitimos que sigan comprando en el mercado ilegal evidentemente el país no va a evolucionar ni desarrollar con estas conductas ahora más tapiñadas y difíciles”.
El propio General de Ejército Raúl Castro ordenó que las Fuerzas Armadas se incorporen a la persecución a los llamados “coleros” y “revendedores”, para lo que se crearon más de 3.054 grupos en el país, donde también participan miembros de otras organizaciones creadas por el régimen para el control social.
A la vez se ha desarrollado una amplia cobertura periodística de estos temas, la cual también fue idea de Raúl Castro, según comentó Miguel Díaz-Canel el pasado mes de junio en una reunión gubernamental.
Estos trabajos periodísticos han sido muy cuestionados desde el punto de vista ético, pues en ellos muchas veces se expone la identidad de los acusados, los cuales, en la mayor parte de las ocasiones, son presentados como culpables sin haber sido juzgados. |
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