La prensa oficial no solo calla la grave realidad de los feminicidios en Cuba, ahora ataca a quienes lo denuncian y cataloga el fenómeno como “revictimización”. Un artículo en Granma presenta la “mediatización del feminicidio” como parte de una supuesta “guerra comunicacional hacia la sociedad cubana”.
El texto del órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC), que realiza comparaciones de feminicidios en Cuba con países de América Latina o Europa, donde no se escamotea la información, se publica cuando salen a la luz nuevos asesinatos de mujeres.
El más reciente, ocurrido en Artemisa, dejó huérfanos de madre a tres niños. Según la Red Femenina de Cuba, el hecho ocurrió el domingo en La Vereda de Caimito.
El pasado viernes 14 de agosto, otra cubana fue asesinada también por su esposo en Marianao, La Habana.
Granma admite que la publicación del tema en los medios de comunicación controlados por el Gobierno es “una necesidad sin dudas insatisfecha –en cantidad y profundidad–”, pero arremete contra los que sí visibilizan el tema y los acusa de “mediatizar” y servir a intereses de EEUU.
“La defensa de los derechos de la mujer cubana necesita de iniciativas creativas, novedosas, personales y grupales, y de proyectos de verdadero valor que deben seguir surgiendo y multiplicándose, de activistas jóvenes, que no tienen que estar de acuerdo en todos los métodos y criterios, pero que trabajen articulados con el Estado y las organizaciones existentes en un objetivo común”, dice.
Es precisamente ese Estado el que oculta información y juega con las cifras y se niega a dar reconocimiento a actores independientes con iniciativas a los que incluso persigue y criminaliza.
En esto coinciden las activistas Marta María Ramírez y Marthadela Tamayo, quienes en declaraciones a DIARIO DE CUBA calificaron el artículo oficial como “vulgarmente manipulador” y “bochornoso”.
“Sería bueno preguntarles donde podemos encontrar la data actualizada sobre los casos de feminicidio en la Isla. Sería bueno saber también para cuándo será la Ley de Género en Cuba, que según el cronograma legislativo hasta 2028 no se contemplaría. Es algo que venimos pidiendo de manera unánime las plataformas de la sociedad civil que trabajamos los asuntos de la defensoría de la mujer, así como la tipificación de la violencia de género como un delito dentro del Código Penal cubano”, señaló Tamayo.
Cifras oficiales desactualizadas
Según Granma, el recuento de los casos de feminicidio que en Cuba han llegado a circular en las redes sociales no constituye una estadística. Dice que se trata de simples “historias” —no de indicadores sociales— que producen “una enajenación emotiva”.
El último dato aportado por instituciones oficiales cubanas al Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal fue en 2016. En Cuba se produjeron durante ese año 47 homicidios de mujeres que clasificaban como feminicidios.
En 2019, como parte del Informe Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo, presentado ante la ONU, se hizo pública que la tasa anual de feminicidios en Cuba —cantidad ocurrida por cada 100.000 mujeres—, es de 0,99.
Desde la Red Femenina en Cuba, apunta Tamayo, lamentablemente ya han registrado en lo que va de año “12 casos de feminicidio” y también casos de infanticidios.
Para Granma, una de las intenciones es “invisibilizar” el papel que han tenido la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el CENESEX —cuya directora, Mariela Castro, hija del general Raúl Castro, negó que en Cuba existiera el feminicidio—, las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional, así como cualquier proyecto que provenga y funcione como parte de esa sociedad civil que controla el régimen.
Leyes que protejan a las víctimas de violencia machista
Que las leyes en Cuba no amparen a las víctimas de feminicidio es una arista muy significativa del problema en Cuba.
Según estimaciones de la ONU, solo el 25% de los países del mundo no tienen tipificado como delito las agresiones por violencia de género. Cuba está incluida.
Para la abogada Laritza Diversent, en la Isla “hace falta una normativa específica para proteger a las mujeres de la violencia machista”.
“Es una obligación del Estado”, señala a DIARIO DE CUBA.
“Si el Estado no hace investigaciones diligentes y no sanciona adecuadamente a los responsables, no previene haciendo una estrategia de comunicación para evitar que estos particulares cometan este tipo de acciones, es responsable”, afirma.
Según han demostrado los casos más recientes, “hay una inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres, por tanto, no solo hacen falta normas, sino una estrategia de comunicación bien fuerte que mande mensajes de sanciones por este tipo de delitos”.
“No pueden ser catalogados simplemente como asesinatos”, añade Diversent.
“Cuando un hombre mata a una mujer, que considera de su propiedad, es porque antes la víctima ha tenido que sufrir violencia, amenazas”, y lamenta también que las víctimas “no tienen mecanismos adecuados para denunciar este tipo de actos”.
Puso el ejemplo de que en Cuba no existe la “orden de alejamiento”, una simple figura en el procesamiento penal para la protección física de las víctimas de determinada situación.
“Tampoco existen refugios adonde acudir cuando estas mujeres teman por su vida y la de sus hijos. Los tribunales, por su parte, a la hora de aplicar las sanciones, no tienen un enfoque de género”, menciona.
“Así, y de manera burda porque es la realidad, es posible que un acusado enfrente muchos más años por matar a una vaca que a una mujer”, condena.
Atribuyó toda esta situación a “falta de voluntad política del Gobierno” y cuestionó que la FMC, teniendo la posibilidad de presentar una ley a través de la iniciativa legislativa en la Asamblea Nacional, sin necesidad de recopilar firmas, no lo haya hecho.
Silencio cómplice, criminalización del activismo
Para la activista Marta María Ramírez, “responsabilizar a las personas que están reportando estos hechos, incluidas víctimas de la violencia machista, y a medios de prensa independientes” es “un acto vulgarmente manipulador, pues el silencio ha hecho cómplice al Partido Comunista y a los legisladores cubanos de la situación que estamos viviendo las mujeres”.
“Estoy enojada y profundamente preocupada por este artículo, además, escrito por un hombre, en un órgano oficial que ha hecho silencio y contribuido al fenómeno”, añade.
“Es tan manipulador que habla de un registro de 2016 que solo fue publicado en 2019 gracias a las presiones que ejerció la sociedad civil y sobre todo un grupo de 40 mujeres que decidimos enviar una petición a la Asamblea Nacional para que incluyera en su próximo periodo legislativo una ley integral contra la violencia machista”, considera.
En opinión de Ramírez, “el fenómeno estuviera ahora normado, no desde el castigo, sino desde la prevención”, pero “las autoridades han demostrado con la postergación” de esta ley que “somos ciudadanas de cuarta categoría”.
El artículo de Granma “apunta además a la criminalización”, señala la activista.
“Otra cosa que tendría que hacer el Partido hasta que ponga el tema en su agenda inmediata es instrumentar a los operadores del derecho”.
Ramírez ha acompañado durante el período de cuarentena “a mujeres a las que no se les han recibido denuncias, posibles víctimas de feminicidio”, incluso “identificadas por las expertas”.
“Estas mujeres vienen a las activistas independientes porque no tienen recursos, porque hemos tenido una visibilidad y compromiso con el tema que tiene que pasar de lo académico y las redes a la acción”, sostiene.
Lamenta ver cómo maltratadores que han dado golpizas a sus víctimas salen a las calles con una multa de 200 pesos.
“Culpabilizar a los demás es un acto de violencia (…) y las comparaciones con el resto del mundo son lamentables”, dice notablemente afectada por artículo. “No estamos mucho mejor, aunque sea una sola asesinada y no hayamos podido ayudar”, zanja. |
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