GUANTÁNAMO, Cuba. – La demanda alimentaria de los ciudadanos continúa insatisfecha en cuanto a calidad y variedad, a pesar de los innumerables planes, experimentos, reajustes en el funcionamiento de las cooperativas campesinas, sobrecumplimiento de los planes -según los medios oficialistas- y profecías del castrismo que aseguran que ahora, con la política económica de “la nueva normalidad”, vamos a construir el socialismo próspero y sostenible anunciado desde hace ya más de una década.

El cubano común, que no tiene quien le lleve alimentos de calidad a su casa en una furgoneta -como los reciben los jerarcas de la dictadura y muchos de los que reproducen sus órdenes- sigue perdiendo mucho para tratar de comprar algo con qué alimentarse. Ese cubano de a pie también sufre la espiral inflacionaria de los precios de los productos agrícolas, el desabastecimiento, la falta de calidad y variedad en la oferta y el permanente engaño que le infligen como consumidor.

Algunas dificultades que perjudican a los campesinos     

Por estos días, indagando sobre esta problemática, conversé con varios campesinos de una cooperativa santiaguera, quienes me pidieron que no revelara sus identidades.

Según ellos, todo comienza con la elaboración de los planes de producción. Hasta ahora, se les permite participar en su elaboración, pero eso es formal, pues el campesino sólo decide qué producirá, siendo la dirección de la cooperativa -una correa transmisora de los intereses de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y, por tanto, del Partido Comunista- la que define el monto de la siembra. A partir de ese momento, el campesino comienza a sufrir los perjuicios de la conocida “ley del embudo”, donde la parte más ancha del beneficio corresponde a las empresas estatales.

El agricultor tiene que buscar por sus medios las semillas para la siembra. En caso de que pueda comprarlas a las empresas estatales, está obligado a pagarlas en ese momento, aunque muchas veces ocurre que esa misma empresa no le ha pagado  por el producto que  le entregó varios meses atrás.

Según el contrato firmado para regular el cumplimiento del plan, la empresa de acopio debe ir a recoger la cosecha, pero, muchas veces, los productos pierden calidad o se pudren en el campo debido a que no son recogidos a tiempo. Ese incumplimiento causa un perjuicio económico a los campesinos que no es asumido por la empresa de acopio.

Las empresas estatales imponen a los campesinos la obligación de comprar los embalajes de los productos, que cuestan $5.00 CUP. Pero una vez entregada la cosecha las empresas no devuelven los embalajes al campesino que los compró, ni tampoco el dinero, lo cual es un verdadero atraco.

En muchas ocasiones el abono no se entrega a tiempo ni en la cantidad suficiente. Algo similar ocurre con la fumigación de los cultivos. Las sogas y rollos de alambre tampoco son entregadas en cantidades suficientes. Las tiendas estatales venden el rollo de alambre a $250.00 CUP (unos 10 CUC), en la cantidad asignada al labriego, pero estos pueden comprar todos los que deseen allí mismo si los pagan a precios superiores. Para que se tenga una idea, una botija para acopiar leche llegó a ser vendida por el estado en $900.00 CUP (unos 36 CUC) y ahora cuesta $140.00 CUP (unos 5.60 CUC). Estos precios, muy por encima del costo de producción de la mercancía, todavía se aprecian con respecto a machetes, mochas, limas, arados, picos, palas, carretillas, etc.

En ocasiones los campesinos llevan parte de sus cosechas para sus viviendas con el objetivo de trasladarlas al día siguiente para la empresa de acopio. Si en el trayecto son interceptados por la policía les decomisan el producto y pueden ser sometidos a un proceso judicial por no tener documentos que acrediten el traslado. Es decir, que al productor le exigen un documento que acredite que esa producción es suya y se la decomisan por su presunta ilicitud cuando no es el campesino, sino la policía, la que debe demostrar que existe un delito. Obviamente, la presunción es la vía más expedita para apropiarse de lo ajeno.

Por esa razón los campesinos no pueden almacenar productos en sus viviendas para usarlos como semillas. Si se los ocupan pueden ser acusados como autores de un delito de Especulación y Acaparamiento. Otra limitación es que, aunque cumplan con el plan de entrega pactado con la empresa de acopio, no pueden vender libremente el excedente.

Además de imponerles la obligación de comprar los embalajes y privarlos de su propiedad, los campesinos son gravados con el pago del 10% del valor de lo cosechado y también sufren los descuentos que les impone la empresa de acopio y la ONAT (Oficina Nacional de la Administración Tributaria).

La calidad de los productos es valorada por especialistas de la entidad compradora, cuya decisión es inapelable. Esto favorece la práctica de algunas artimañas. Por ejemplo, en la cosecha de café se da el caso de que el plantero -trabajador de la empresa de beneficio del grano- le dice a un productor que su café es de segunda calidad cuando en realidad es de primera. Luego, busca a otro productor de su confianza y le consigna el café como de primera calidad para que este le entregue la suma de dinero que pacten como consecuencia de la triquiñuela. Muchos intermediarios del estado se han enriquecido fácilmente a costa de los que trabajan la tierra.

Estas son algunas de las dificultades y abusos que sufren los campesinos cubanos. Dicen los mandantes que todo va a cambiar, porque ya existe un estudio que permitirá eliminar las trabas que obstaculizan la producción agrícola.

Mientras tanto, seguiremos apreciando en los medios oficialistas muchos logros técnicos y científicos cuyos resultados solo se aprecian en ellos. Vivir para ver.

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