LA HABANA, Cuba. – Atentado, desacato y desorden público fueron los delitos imputados a René Alberto López Cossi. Al ciudadano, residente en la Isla de la Juventud, le celebraron un juicio sumario este lunes 16 de noviembre.

López Cossi había sido detenido por los militares el 5 de noviembre último. Poco antes, hallándose en una cola para comprar pollo y champú, en Nueva Gerona, manifestó su malestar diciendo que en Estados Unidos no se hacían colas para comprar alimentos.

El señor cuenta que una ciudadana llama a la Policía y se queja diciendo que él estaba “hablando mal de la Revolución”. Poco después, efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y del Ejército (las llamadas Boinas Rojas), lo detuvieron y golpearon.

El violento incidente provocó que los pineros, que se hallaban en la cola, enfrentaran a los militares, gritándoles “abusadores”, “asesinos” y “abajo la dictadura”. Inmediatamente, se presentaron también en el lugar miembros de la Brigada Antimotines, también conocidos como Boinas Negras.

Cuatro días permaneció López Cossi detenido en la unidad de la PNR del municipio especial. En todo ese tiempo estuvo incomunicado y ni siquiera le permitieron ver a un médico para que le revisara y atendiera los golpes recibidos.

Primeramente, le notificaron que el juicio sería el 27 de noviembre. Pero, el domingo 15 del mismo mes, lo detuvieron en su vivienda a las 9:00 de la noche y luego lo mantuvieron bajo arresto hasta la mañana siguiente. Es entonces que le notificaron que el juicio sería ese mismo día a las 2:30 de la tarde.

El juicio sumario se desarrolló sin que René Alberto López Cossi tuviera representación judicial, violándose así su derecho a la defensa. Tampoco le permitieron presentar testigos, ni siquiera los pocos que logró reunir en ese escaso tiempo, de más de una veintena que existían. Fue acusado de atentado, desacato y desorden público.

Según el Código Penal Cubano (CPC), se comete un delito de “atentado” (artículo 142.1), cuando se emplea “violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público, o sus agentes o auxiliares, para impedirles realizar un acto propio de sus funciones, o para exigirles que lo ejecuten, o por venganza o represalia por el ejercicio de estas”. La sanción en tal caso sería privación de libertad de uno a tres años.

Se incurre en el delito de “desacato” (artículo 144.1) cuando se amenaza, calumnia, difama, insulta, injuria o de cualquier modo se ultraje “u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas”. La sanción es de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas, o ambas.

En el caso de los desórdenes públicos, según el artículo 200.1 del mismo CPC, incide en él, quien “sin causa que lo justifique, en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas, dé gritos de alarma, o profiera amenazas de un peligro común”. Para esos individuos la pena sería la privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas, o ambas.

Finalmente, a López Cossi le impusieron una multa de 1.200 pesos (CUP) en un juicio “amañado”, como lo calificara Omar Amela Hernández, jefe del Departamento Jurídico del Partido Autónomo Pinero.

“Apenas dio tiempo de preparar la defensa, esto lo hacen para ellos (la Seguridad del Estado cubana) poder violar, aún más, todo. El juicio fue un circo, algo planificado. La fiscal ni siquiera aceptó poner en el acta que el pueblo se manifestó en contra de los policías”, declaró Omar Amela Hernández, quien presenciara el juicio.

Recientemente, fue condenado a ocho meses de privación de libertad por el delito de “desacato” Denis Solís. El artivista del Movimiento San Isidro (MSI) fue detenido el 9 de noviembre y a los dos días le fue celebrado un juicio sumario. Hasta la fecha, se desconoce el paradero de Solís, a quien no le han dado derecho a realizar una llamada telefónica. Desde el 13 de noviembre, el resto de los integrantes del MSI desarrollan protestas pacíficas diarias frente a la estación policial de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja.

A inicios de noviembre también se conoció el caso de Wilson García Zaldívar. El cubano, residente en España pero actualmente en Holguín, Cuba, fue golpeado por oficiales de la Seguridad del Estado. Había sido arrestado poco antes en la vía pública, cuando pretendía entregar una carta a las autoridades eclesiásticas de esa provincia.

Mediante esta misiva, alrededor de una veintena de activistas, escritores periodistas e intelectuales, solicitaban a la Iglesia Católica, entre otros, el reconocimiento abierto de la existencia de una disidencia y una oposición contra el sistema, la defensa abierta de los derechos humanos, el reconocimiento de la existencia de represión y de presos políticos y de conciencia, así como la mediación, ante el Gobierno, para que acepte y respete la pluralidad.

Según fuentes anónimas consultadas para este reportaje, en la provincia de La Habana diariamente se registran entre 25 y 30 nuevos ingresos a la prisión de Valle Grande, todos relacionados con procesos sumarios por incumplimiento de medidas durante la pandemia. También en la cárcel conocida como La Lima se hallan cientos de personas en situaciones similares.

Un informe del Centro Cubano de Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre, reveló que, de los 78 presos políticos en las cárceles cubanas, alrededor de 50 han sido condenados por delitos de atentado, desacato o desorden público. Asimismo, se documentaron un total de 84 arrestos y unas 15 multas, fundamentalmente contra opositores al régimen.

De igual forma, el Observatorio Cubano de Conflictos informó, el 6 de noviembre último, que en la Isla se registraron un total de 88 manifestaciones públicas de protesta durante el mes de octubre, muchas de ellas reprimidas por agentes de la policía política.

René Alberto López Cossi tendrá 72 horas para apelar la medida del tribunal, pero “ya sabemos que eso son meras formalidades, solo servirá para que él manifieste, por escrito, su inconformidad con la sanción, nada más”, explicó Omar Amela Hernández.

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Camila Acosta

Graduada en Periodismo en la Universidad de La Habana, 2016. Investigadora, Documentalista y Especialista en Comunicación del Club de Escritores y Artistas de Cuba (CEAC). Reside en La Habana, Cuba