Las autoridades civiles cubanas tienen obligación moral y constitucional ante la crisis de San Isidro

DDC | Madrid

¿Qué está haciendo la Federación de Mujeres Cubanas —que, según su nombre, debe representar y defender a todas las mujeres de la Isla— después de que la policía política impidiera a la madre de la periodista Iliana Hernández llegar a la sede del movimiento para ver a su hija? ¿Dónde están los diputados que integran la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ante los actos inconstitucionales cometidos en el barrio de San Isidro, como el acordonamiento de la calle y la consecuente restricción de la libertad de circulación a quienes intentan llegar al local del movimiento? ¿Dónde está la Unión Nacional de Juristas de Cuba, que debería velar por el estricto cumplimiento de la ley?

Son preguntas inevitables al observar la violencia de la Seguridad del Estado frente a las acciones pacificas de los integrantes del MSI, cuyo llamado de justicia para Denis Solís se ha difundido más allá de las fronteras nacionales.

Solís fue encarcelado por un supuesto delito de “desacato” no calificado con certeza jurídica, a través de un proceso judicial fulminante de tres días. Aunque el juicio sumario está contemplado dentro de la Ley de Procedimiento Penal cubana, en este tipo de proceso el acusado no cuenta con la posibilidad de representación letrada ni de reunir las pruebas que demuestren su inocencia. Está prácticamente condenado de antemano.

A la represión de su reclamo pacífico de liberación para Denis Solís, los integrantes del Movimiento San Isidro respondieron con arte. Al detener a la persona que les suministraba alimentos, la Seguridad del Estado casi los empujó a la huelga de hambre.

Para los oficiales de la Seguridad del Estado parece una prueba de fuerza de la que esperan salir victoriosos, con un gradual abandono de la huelga por parte de los miembros del MSI. No parecen considerar la posibilidad de que alguno de estos jóvenes perezca o no les importa. Tampoco parece preocuparles que la muerte de alguno de estos jóvenes haga estallar el descontento y la ira acumulados contra las fuerzas represivas.

El bloqueo de las calles, la violación al derecho de movimiento de la ciudadanía que pretende llegar al lugar y, especialmente, de las familias que desean brindar auxilio espiritual a los plantados o incluso disuadirlos de la huelga; el acoso violento contra la sede, y el daño y la violación de su espacio privado mediante agentes encubiertos vestidos de civil, ponen de manifiesto la pobreza de institucionalidad que impera en Cuba.

O las autoridades civiles de Cuba se encuentran enajenadas de la situación, lo que es imposible porque los hechos son públicos, o prefieren no intervenir porque hacerlo podría implicar una confrontación con los órganos de la Seguridad del Estado.

Lo segundo parece más verosímil, pero no es una opción. Las autoridades civiles no pueden simplemente echarse a un lado. Están en la obligación moral y constitucional de intervenir. La eventual muerte de algún integrante del Movimiento San Isidro porque las autoridades civiles han elegido dejar la solución de este conflicto en manos de un órgano represor, en vez de recurrir a un método legal para ponerle fin, no será olvidada. La muerte de alguien que emplea solo su cuerpo como arma para reclamar justicia podría no ser el único resultado trágico del problema que ha creado la Seguridad del Estado.

Tanto el presidente del Tribunal Supremo como el fiscal general y el ministro de Justicia pueden, y de hecho deben, instar un procedimiento de revisión del caso de Denis Solís. Sería un primer paso en la dirección de la justicia que demanda el Movimiento San Isidro y hacia una institucionalidad cada vez más ausente en nuestro país.