Los familiares de Javier Ernesto Barrientos no pudieron apelar la sentencia de un año de cárcel que el tribunal le impuso, tres meses atrás, bajo el cargo de atentado. La prueba que podría eximirle, un certificado médico del Hospital Calixto García, “desapareció” antes de llegar a la vista oral.

“Los médicos no nos dieron copia del certificado médico, que probaba que mi esposo había recibido una severa golpiza de los tres policías y no al contrario, como ellos lo acusaron”, dijo su esposa, Anyeli Carballosa.

“El certificado jamás fue presentado como prueba. Cuando pedimos en el hospital que nos entregaran una copia, nos informaron que, por lo general, solo se emitía una para anexarla en el expediente de instrucción penal. La supuesta pérdida del documento, que costó a mi esposo un año de cárcel, impidió además que pudiéramos presentar una demanda contra los tres policías”, explicó Carballosa.

Doctores consultados sobre la emisión de documentos factuales —certificados médicos, actas de defunción o historiales clínicos— que se utilizan en procesos judiciales, coincidieron en que el protocolo dicta que debe emitirse cuantas copias requieran todas las partes en conflicto. Sin embargo, admitieron que estos protocolos suelen cumplirse a discreción de las autoridades del Ministerio del Interior, Fiscalía y Tribunales.

Varios habaneros dijeron que la negación de acceso a documentos legales es una metodología que ha utilizado el Gobierno durante años.

“No es una novedad”, dijo el ingeniero civil Agustín Pompa Núñez, quien nunca obtuvo acceso a los resultados del peritaje médico practicado a su hijo por el Instituto de Medicina Legal.

“Quizás las redes sociales han ayudado a maximizar las denuncias, pero esas restricciones se aplican desde hace tiempo. Mi hijo estaba atravesando una seria adicción al alcohol que lo empujó al consumo de estupefacientes. Le dieron dos años de cárcel por portar un cigarrillo de marihuana. El peritaje médico hubiese sido un atenuante, pero nunca fue tenido en cuenta por los jueces y fiscales. No tenemos constancia ni el documento probatorio para interponer una demanda por obviar la condición médica de mi hijo”, dijo Pompa Núñez.

La Instrucción 245 del Tribunal Supremo Popular, aprobada en sesión ordinaria celebrada en junio de 2019, quedó establecida como el instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden interponer demandas contra instituciones estatales para la reparación por los daños materiales y morales, e indemnización por los perjuicios que reciban de estas.

En su artículo segundo, la Instrucción 245 establece dar curso a las demandas que presenten las personas legitimadas, por un actuar indebido de directivos, funcionarios y empleados del Estado en el cumplimiento de sus funciones.

“Entablar una demanda, cualquiera que sea su naturaleza, debe ir sustentado por pruebas o documentos legales”, dijo Amelia Furé Cañizares, licenciada en Historia, quien perdió a su nieta recién nacida por una presunta negligencia médica.

“Las personas en Cuba ni siquiera podemos acceder a una constancia de denuncia. La Policía solo te da un número, que debes anotar. Tampoco tenemos acceso a copias de certificados o peritajes médicos, historias clínicas, actas de defunción, resultados de una autopsia, o la constancia de entrega de correspondencia. ¿Cómo emprendes una demanda con tanta desventaja, con tanta obsesión de la dirigencia por el secretismo? ¿Cómo reclamas a los tribunales que un victimario incumplió con una carta de advertencia o una orden de restricción, si la víctima ni siquiera sabe cuáles son los términos?”, añadió Furé Cañizares.

Los consultados mencionaron también el extravío de pruebas y documentos bajo custodia de autoridades policiales y judiciales, que perjudica generalmente a los ciudadanos, no a las instituciones del Gobierno.

Cuatro meses después de haber interpuesto una denuncia, Roberto López, vecino del Cotorro y padre de una menor de edad abusada sexualmente por su padrastro, no tuvo más recursos que acudir a las redes sociales y la prensa independiente en busca de justicia para su hija.

“En Medicina Legal nos confirmaron, solo verbalmente”, el abuso. “También la entrevistaron los psicólogos, pero no me dieron copia de ningún resultado”.

A mediados de octubre pasado las autoridades policiales de Artemisa, donde reside el presunto agresor de su hija, citaron a López para volver a tomarle declaración. Le informaron entonces que se habían extraviado las primeras declaraciones y también el resultado de las pruebas de Medicina Legal.

La única constancia que tiene López como sustento legal es el número de la denuncia anotado en un trozo de papel, “mientras ese sujeto que desgració para siempre la vida de mi hija está en libertad bajo una fianza de 1.000 pesos”, concluyó.