Salud en Cuba, derecho y coartada

El castrismo ha hecho del derecho a la salud —a veces lo llama derecho a la vida— una coartada para mantener el poder. Para ello adoptó el positivismo marxista que contrapone los “derechos verdaderos” —que serían los derechos sociales, culturales y económicos— con los “derechos burgueses”, despectiva referencia a los derechos civiles y políticos del individuo, —que serían un algo abstracto, de menor importancia—.

Según el Dr. Yuri Pérez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana que por estos días preside el Seminario Internacional Diálogo en Torno a los Derechos Humanos: “el discurso liberal privilegia los derechos individuales en detrimento de los derechos sociales y culturales… el diseño constitucional cubano apuesta por fortalecer el conglomerado social desde una ética de lo colectivo”.

La contraposición entre lo supuestamente abstracto y lo supuestamente verdadero estaba contenida ya en la ideología fundacional de la Revolución; es previa al barniz marxista. En 1959, Fidel Castro decía que “el problema no es solo de libertad; el problema no es solo que todo el mundo tenga derecho a hablar, a escribir, a votar, a reunirse; el problema es que tengan derecho también a vivir”. Y en otro discurso del mismo año afirmaba que “con la palabra libertad no se come. Libertad con hambre no es libertad, queremos una libertad con pan”.

El axioma jurídico de la igualdad entre todos los derechos, presupone que un sistema de salud —por muy eficiente que sea— sería ética y socialmente inadmisible si se basara en la violación de los derechos individuales, pues en igualdad de derecho no se podría violar un derecho para garantizar otro.

El castrismo no puede admitir esto porque su servicio de salud se sostiene en la violación generalizada de derechos individuales: los médicos no pueden abandonar el país sin permiso, ni contratarse donde deseen; los pacientes no pueden escoger especialista o tratamiento; y los ciudadanos todos no tienen libertad para ofrecer servicios de salud de forma independiente a la estatal.

¿Cómo de desvencijado quedaría el sistema de salud pública castrista si los médicos pudiesen abandonarlo cuando quisieran trabajar en otro lugar? ¿Cuántos hospitales tendría si no hubiese estatalizado las clínicas privadas que funcionaban antes de 1959?. Si se pudiesen ofrecer servicios de salud mejores que los estatales, ¿no se vería reducida la importancia que aún mucha gente le concede al castrismo?

Cuando el castrismo rompe la regla de la igualdad entre los diferentes derechos —que hace tan importante el derecho a la salud como la libertad de expresión—, ordena estos según un nivel de importancia que, por supuesto, establece él mismo indicando cuáles son los derechos más importantes y cuáles los menos.

De lo anterior se desprende automáticamente que los derechos menos importantes —que casualmente son los que restringen el poder del Gobierno sobre el ciudadano— pueden ser constreñidos siempre que, a juicio del Gobierno, sea necesario para salvaguardar aquellos derechos supuestamente más importantes, creando así una justificación para la represión de los derechos civiles y políticos en nombre de la salud, supuestamente el más importante de los derechos.

Más aun, el Gobierno cubano se legitima a sí mismo con esos “logros” que incluyen la salud. El discurso goebbelianamente repetido por el monopolio comunicativo del Gobierno razona que toda acción contra este va también contra la patria —equiparando patria, gobierno e ideología—, y va además contra algo tan tangible como el derecho a la salud del pueblo, del cual el Estado castrista se erige como único garante.

Aunque hay muchos ejemplos de países que, respetando las libertades individuales, asumen también la salud como derecho sin tener que forzar a los médicos ni coartar a los ciudadanos, el castrismo aún vende la idea de que sin él no habría salud pública en Cuba. Según esto, cualquier alternativa a él equivale a la más absoluta privatización que, por supuesto, es el peor de los males. Muchísimos cubanos se lo creen firmemente.

La concepción perversa de que hay derechos más importantes que otros, permite reprimir los derechos civiles y políticos de aquellos ciudadanos que desafíen al castrismo, y reprimir ya no en nombre del mezquino poder, sino como paladín del más importante de todos los derechos.

Con perfidia, el Gobierno cubano crea un círculo vicioso donde para garantizar el derecho a la salud debe sustraer de la sociedad —y así lo hace— aquellos derechos que facultarían a esta para censurar las acciones del Gobierno y para exigirle rendir cuentas. En pro de defender el “más” importante de los derechos, le quita a la sociedad lo más importante: el derecho a tener derechos.