La escalada de políticas coercitivas aplicadas por Washington al régimen de La Habana ha tenido desde finales de 2019 hasta el cierre de 2020 su período más activo.

EEUU ha dirigido sus sanciones principalmente al turismo, las misiones médicas y ha incluido la prohibición de los cruceros y los vuelos desde su territorio, a todos los aeropuertos cubanos excepto el de La Habana.

En opinión del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, bajo la administración del presidente Donald Trump, el gobierno estadounidense ha buscado “refinar” la política hacia Cuba.

El objetivo de esta estrategia, reiterado por varios funcionarios de esta administración, ha sido fortalecer a la sociedad civil y el sector privado, cortar los recursos que utiliza el régimen para “financiar su represión en Cuba y su interferencia maligna en Venezuela.

Sancionar a altos dirigentes de la dictadura, principalmente a los elementos de la cúpula castrense ha sido una clave en el conjunto de nuevas sanciones.

De acuerdo con el Secretario de Estado, Mike Pompeo, efectivos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) han estado involucrados en las torturas de ciudadanos venezolanos y, junto con militares y agentes de inteligencia chavistas, los han sometido a “tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por sus posturas anti-Maduro”.

Por presuntas violaciones a los derechos humanos y por accionar para apoyar a las autoridades del Gobierno venezolano, EEUU aplicó en enero la sanción de prohibición de entrada en su territorio al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba, el general Leopoldo Cintra Frías, un militar de carrera que se unió al ejército rebelde de Fidel Castro en 1957, y también a sus hijos, Deborah y Leopoldo.

La Habana ha descalificado tales sanciones y a juzgar por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, se trata de calumniosas acusaciones contra Cintra Frías.

Desde 2019 en el caso de Cuba, EEUU identifica a los individuos por sus nombres, señala las violaciones que cometen y dan a conocer al mundo y a la mayoría de los cubanos detalles del verdadero papel que estas personas desempeñan.

Algunos de los sancionados son Raúl Castro y sus hijos Alejandro Castro, Nilsa Castro, Deborah Castro, Nilsa Castro y Mariela Castro.

Además, el fallecido general Julio César Gandarilla Bermejo y sus hijos Julio César Gandarilla Sarmiento y Alejandro Gandarilla Sarmiento, entre otros.

El nombre más reciente agregado a esta lista es el General de Brigada y presidente del conglomerado militar cubano GAESA, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.

El exyerno del Raúl Castro fue incluido en septiembre en la Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Departamento del Tesoro de EEUU

Para algunos observadores ha sido la presencia cubana en Venezuela la que ha hecho que EEUU haya apretado aún más las clavijas al régimen, colocando en un segundo plano la represión y las violaciones de derechos humanos en la isla, o en el mejor de los casos, combinando los dos referidos escenarios.

El Departamento de Transporte (DOT) de EEUU anunció a principios de año que limitaría los vuelos chárter a Cuba a 3,600 por año, en correspondencia con la política de la administración del presidente Trump de limitar el acceso a divisas del régimen cubano.

La orden respondía a una solicitud del Secretario de Estado, de limitar los vuelos chárter a Cuba a “un nivel apropiado” para “fortalecer el impacto de la política de la Administración de aplicar presión económica sobre el régimen cubano” para que respete “los derechos humanos y las libertades fundamentales” y cese su “apoyo desmesurado” al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En agosto el DOT ordenó la suspensión de todos los vuelos chárter privados entre Estados Unidos y Cuba, excepto los vuelos chárter públicos autorizados hacia y desde La Habana, aquellos autorizados para fines médicos de emergencia, búsqueda y rescate y otros viajes de interés para EEUU, señaló la entidad en un comunicado.

Pero Washington fue más allá en sus aspiraciones de castigar a todo lo que sirva al régimen de Cuba para enriquecerse o explotar a los cubanos como mano de obra barata.

En febrero, quedó sancionado el vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de la cadena de hoteles Meliá, Gabriel Escarrer, a quien EEUU prohibió la entrada al país en aplicación de la Ley Helms-Burton.

Meliá, entre sus varios negocios en la isla, explota dos hoteles en Holguín, en una parcela expropiada por el régimen de La Habana en la década de los años 50 a la familia hoy en el exilio, Sánchez Hill.

El turismo recibió un duro golpe de las sanciones, como sector estratégico para las arcas del régimen. El gobierno de Trump prohibió a los estadounidenses alojarse en propiedades pertenecientes al Estado.

En este sentido, el jefe de la diplomacia norteamericana, indicó que los viajeros autorizados sólo podrán quedarse en casas particulares que sean propiedad y que estén operadas por emprendedores privados.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dispuso además la prohibición de cualquier importación de tabacos o licor cubanos hecha por privados en su equipaje sin fines comerciales.

Con la administración republican de salida, Cuba apareció por primera vez en mayo y desde 2015 en la lista de países que no cooperan plenamente con la lucha antiterrorista, junto a Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela.

El régimen de La Habana estuvo desde 1982 en la relación de naciones patrocinadoras del terrorismo hasta que fue retirada en el 2015 por decisión del gobierno del presidente Barack Obama.

Por otro lado, el presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva que instruye al Departamento de Estado a tomar medidas más concretas en países identificados como violadores de las libertades religiosas, como es el caso de Cuba, Irán, China, Azerbaiyán y otros, asignando un presupuesto de 50 millones de dólares para apoyar tales esfuerzos.

Con el título de “Avance de la libertad religiosa internacional”, la disposición encomendó al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, subvencionar programas que promuevan y protejan las libertades religiosas en el extranjero.

La orden también instó a los diplomáticos a aumentar los esfuerzos con los países aliados que generan inquietudes sobre la discriminación religiosa.

Ese mismo mes, Trump anunció sanciones contra siete empresas cubanas, entre ellas la Financiera Cimex S.A (FINCIMEX) que controla una de las principales fuentes de ingreso de divisas a la isla: las remesas.

Las empresas o “subentidades” designadas fueron agregadas a la Lista de Restricciones para Cuba (CRL, por sus siglas en inglés).

“Estamos agregando el Hotel Marqués de Cárdenas de Montehermoso, Hotel Regis, Delfinario Cayo Naranjo, Centro de Buceo Varadero, Centro Internacional de Buceo Gaviota Las Molas y FINCIMEX a la lista”, informó entonces a Radio Televisión Martí un portavoz de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

“También estamos actualizando la CRL para incluir el Hotel Playa Paraíso, que es el nuevo nombre del hotel Pestana Cayo Coco que ya figuraba en la CRL”, añadió el funcionario.

Además, fueron incluidos tres hoteles propiedad de los cuerpos castrenses, dos centros de caza submarina regentados también por los uniformados y un parque marino para turistas, que es controlado por una empresa del MINFAR.

Y el 31 de agosto, la empresa Marriott, única compañía estadounidense que administraba un hotel en Cuba, el Four Points Sheraton en La Habana, se retiró de la isla a solicitud del gobierno de Donald Trump.

Este 2020, OFAC incluyó en su lista de entidades sancionadas al también llamado Havana International Bank, con sede en Londres, que dice especializarse en prestar servicios de banca mayorista para el mercado cubano.

Cualquier compañía extranjera que use el sistema financiero de Estados Unidos también podría violar las sanciones del Departamento del Tesoro si hace negocios con dicho banco.

Ya en septiembre, el Departamento del Tesoro reformó las Normas sobre Control de Activos Cubanos (Cuban Assets Control Regulations, CACR) con el fin de avanzar en la implementación de la política exterior para procurar impedir que el régimen cubano acceda a fuentes de ingresos.

“El régimen cubano ha estado reorientando los ingresos obtenidos de viajes estadounidenses autorizados para su propio beneficio, a menudo a costa del pueblo cubano”, expresó el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “Este Gobierno tiene la determinación de negar al régimen opresivo de Cuba el acceso a ingresos usados para financiar sus actividades maliciosas, en el país y en el extranjero”.

Por esos días, Timothy Zúñiga-Brown, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, concedió una entrevista a El Enjambre, un podcast de la publicación independiente El Toque, en la que abordó el estado actual de las relaciones entre Washington y La Habana.

“El Partido Comunista cubano es único”, y parece que el asunto es irrevocable también. Es un partido comunista que rige en el Estado y también en la sociedad, o sea, es un sistema totalitario. A eso obedece el embargo, que apunta a tratar de restringir el flujo de plata que va a las arcas del Gobierno y del Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Es por eso que hay un embargo. Muchas veces la gente dice que les afecta a ellos personalmente; lo entiendo. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer es impedir lo que ocurre aquí en Cuba cuando hay acción totalitaria del Estado, que francamente es sobre el pueblo cubano, y también la exportación de este modelo a otros países. Ahora podemos mirar lo que está pasando en Venezuela, la dictadura en Venezuela, la dictadura en Nicaragua, y ese es un problema serio. Pero aquí hay un tema de represión y falta de derechos humanos”, dijo el diplomático designado como máximo representante de EEUU en La Habana desde el 31 de julio del 2020.

Entretanto, en la página digital del Registro Federal fue publicado el documento, relacionado con OFAC donde se les retiran las licencias a las empresas que ahora se dedican a la recepción de divisas y la distribución en Cuba, todas controladas por GAESA.

En entrevista con Radio Martí, el subsecretario de Estado adjunto de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Jon Piechowski, habló sobre la decisión de la administración Trump de prohibir el envío de dinero a la isla a través de las entidades financieras controladas por militares cubanos.

“Yo creo que no es nada normal que los militares cubanos estén colocados donde están para quitar parte de la remesa que va destinada a ciudadanos cubanos que viven en la isla”, declaró el funcionario en respuesta a críticas de que la nueva medida afectaría a los ciudadanos cubanos.

Ya para finales de septiembre, Estados Unidos anunciaba las sanciones a la corporación multinacional de finanzas y seguros American International Services (AIS), que se dedicaba al procesamiento de los envíos de dineros a los militares en la isla, pues esa empresa funcionaba como filial de Fincimex que ya había sido sancionada en junio pasado.

A mediados de diciembre, OFAC identificó tres entidades controladas por el ejército cubano con roles estratégicos en la economía: dos de las entidades, Financiera Cimex S.A. y Kave Coffee, S.A., son subsidiarias de la tercera entidad, la gran empresa del gobierno cubano Grupo de Administración Empresarial S.A., y utilizan su constitución panameña para subvertir las restricciones comerciales internacionales.

“El gobierno de Trump sigue comprometido en actuar contra el régimen cubano por su comportamiento malicioso y sus intentos de eludir las sanciones de los Estados Unidos”, expresó el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

En opinión de Kozak, las sanciones impuestas al régimen de La Habana han logrado “un impacto real” en beneficiar y empoderar al pueblo cubano.