Hace unos pocos días sesionó la periódica videoconferencia que reúne varios ministros, vicepresidentes y al presidente de la República con los gobernadores provinciales. Del encuentro, lo único que trascendió, y lo hizo porque así lo quiso el Gobierno —primera muestra de su preocupación— es que se discutió intensamente el tema precios.

“Hemos hablado en otras ocasiones de la libra de tomate a 50, 40 y 30 pesos; de la malanga a 20, la libra de platanito fruta a diez —y hasta 12—, el boniato a diez y sin beneficiar, llenos de tierra que además aumenta el peso. La más reciente queja la ha provocado la ‘comercialización’ de un mazo de acelga a ocho pesos y de habichuela a 15. Increíble, pero cierto”, comentó Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, quien terminó amenazando con que “en el enfrentamiento a esta desagradable situación existen acciones en marcha… y otras que se pondrán en vigor próximamente”.

La intervención del primer ministro Manuel Marrero fue algo más sosegada, su tono es normalmente conciliador —¿policía bueno?—. Se refirió a que “hay que actuar con coherencia y rigor”, así como a “la necesidad de enrolar en esta batalla al pueblo”.

El viceprimer ministro y jefe económico del Ejecutivo, Alejandro Gil, aunque en ese momento se encontraba en otro acto —el aniversario de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba— se refirió desde allí al tema: “La escasez de oferta de alimentos se expresa en inflación de precios, muchas veces injustificada y especulativa, lo cual hay que combatir. Vivimos en una sociedad socialista que trabaja y se empeña pensando en el pueblo, y por lo tanto no podemos permitir pasivamente que se pongan precios abusivos y se justifique con la escasez”.

Por último, con un tono bastante desencajado, Miguel Díaz-Canel dijo que “La batalla con los precios es para que no haya ilegalidades … la premisa es que no se pueden permitir precios abusivos y especulativos, y lo primero que hay que discutir con los que en estos momentos están subiendo los precios es por qué lo están haciendo”. Porque según él —y como si lo siguiente fuese relevante para conformar precios— “no le hemos subido impuesto a nadie, seguimos ofreciendo salud y educación gratuitas para todos y hemos tenido un gasto social tremendo para proteger a la población en medio del Covid-19”.

Sin dudas hay nerviosismo y no es para menos. El Gobierno pretende incentivar la productividad y el empleo lanzando nuevas hornadas de billetes recién fabricados, esperando que el aumento de la masa monetaria sea un estímulo potente.

Pero parece que en Palacio son conscientes de que el efecto sobre la producción por un aumento de la masa monetaria es bastante cortoplacista; lo cual se explica por el inicial aumento de la demanda cuando aumenta la liquidez, lo que incentiva producción y empleo al alza como primer ajuste, pero finalmente las empresas suben los precios diluyendo el circulante y terminando así el efecto estímulo.

Las subidas de las últimas semanas —incuantificables porque el Gobierno no publica datos— están apuntando a que la inflación va a un ritmo tal, que cuando llegue lo que llaman día cero, las nuevas remuneraciones que tanto han anunciado no incentiven a nadie y todo sea bussines as usual, y los cubanos sigan prefiriendo vivir del invento a trabajarle al Estado.

En cualquier caso, este mecanismo keynesiano solo funciona cuando una economía está trabajando por debajo de su frontera de posibilidades de producción. Es decir, cuando hay factores de producción subutilizados. Claramente en Cuba hay mucha gente subutilizada, ¿pero tiene el Estado posibilidad de emplearlos eficientemente? ¿Han creado posibilidades para responder a un aumento de la demanda de empleo liberando las empresas privadas y la inversión extranjera? Rotundamente no.

Lo que no cambia es el diagnóstico que hace el Gobierno cuando de inflación se trata: siempre es culpa de gente pérfida, ventajista y sobre todo muy malagradecida de los esfuerzos que hace el Estado para dar salud y educación gratuitas, gente a la que hay que reprimir, multar, quitarle los bienes, dejarlos sin empleo e incluso encarcelar… Patetismo puro.

¿Conocerán los economistas del Gobierno cómo se forman los precios? Es de suponer que sí, pero las explicaciones marginalistas —oferta y demanda— tienen el inconveniente de que habría que explicar por qué hay tan poca oferta, algo bastante embarazoso para un Estado dueño y administrador de todos los medios de producción del país.

Antes de reconocer que el problema con los precios está en la escasez, lo que podría derivar en un debate sobre la improductividad del modelo centralista, el Gobierno prefiere seguir reprimiendo el síntoma, ponerle pañitos húmedos a la fiebre sin siquiera mentar la enorme infección gangrenosa que la provoca. Al fin y al cabo, la infección es el hábitat natural de los parásitos.