LA HABANA, Cuba. – El 2020 fue un año desastroso a escala mundial: ningún país quedó a salvo de la pandemia de coronavirus, que hasta el momento de redactar este resumen registraba 82,5 millones de contagios y 1,8 millones de fallecidos. La COVID-19 impuso un modelo de vida bastante traumático, poniendo a prueba no solo la resistencia de los individuos y la fortaleza de los sistemas sanitarios, sino la capacidad de la economía para adaptarse a circunstancias marcadas por la obligatoriedad de potenciar el autoabastecimiento, la conciencia cívica y el trabajo mancomunado entre el Estado y la gestión privada.

Cuba no escapó a tan difícil escenario. Si bien el manejo de la pandemia resultó efectivo, la economía del país, lastrada por seis décadas de burocratismo y corrupción, se vio afectada por la caída del turismo y las sanciones de la Administración Trump (disminución en el envío de remesas, suspensión de vuelos chárter a otro destino que no fuera La Habana, limitación del comercio entre empresas estadounidenses y entidades controladas por lo militares). Tales normativas, sumadas al impacto de la crisis epidemiológica, hicieron sentir sus efectos en la población residente dentro de la Isla.

La contracción financiera y la reducción de las importaciones generaron un desabastecimiento similar al del Período Especial, rasgo vigente al cierre del año. La producción nacional de carne de cerdo, granos, viandas y hortalizas tiende a disminuir mientras la ciudadanía se desgasta en colas interminables para comprar artículos de primera necesidad.

Para paliar la situación el régimen se vio obligado a adoptar medidas excluyentes, como la venta en moneda libremente convertible (MLC) de automóviles de segunda mano, a precios anticubanos. Igualmente anunció para el sector privado la posibilidad de importar y exportar, siempre a través de empresas del Gobierno, con el objetivo de mantener el control fiscal y administrativo sobre la gestión no estatal.

La insolencia e insensibilidad de los ministros ha añadido combustible al malestar de la población, cada día más convencida de que el país es dirigido por control remoto, sin que se le preste verdadera atención a los problemas urgentes acumulados en los últimos 30 años. En julio pasado, ante la falta de liquidez que supuestamente atraviesa Cuba, se anunció la apertura de tiendas en MLC donde se comercializan alimentos y productos de aseo que han desaparecido de la red de tiendas en CUC.

Con la entrada del dólar inició la devaluación paulatina del llamado “chavito” y la moneda nacional, un movimiento que acentuó la diferencia en cuanto a poder adquisitivo entre los diversos segmentos de la sociedad, pulverizando el paradigma de igualdad supuestamente enaltecido por la Revolución Cubana. Desde julio hasta la fecha, la amenaza de que un capitalismo feroz se aproxima ha exacerbado la angustia de los cubanos, más aún desde el pasado 10 de diciembre, cuando Díaz-Canel informó que a partir del 1 de enero de 2021 comenzaría la unificación monetaria como parte de la “Tarea Ordenamiento”.

La desaparición total del CUC, prevista para junio de 2021, supone un alivio en tanto elimina las distorsiones provocadas por tasas de cambio que funcionaban a conveniencia del régimen; sin embargo, el reto en lo adelante será acceder a una moneda extranjera que ahora mismo es atesorada con celo tanto por el castrismo como por los particulares. La unificación vendrá acompañada de un aumento salarial no sostenido en resultados productivos, e insuficiente para costear el incremento en el costo de los servicios elementales (agua, gas, electricidad, transporte), la canasta básica y las medicinas; por no mencionar la inflación que experimentarán bienes ya encarecidos, accesibles únicamente en el sector privado.

Represión y censura

Al amparo de las medidas para frenar el contagio por coronavirus, la represión rebasó sus márgenes habituales ―oposición política, activismo, prensa independiente― para recaer sobre todo el pueblo. Multas elevadas, arrestos y penas de cárcel redoblaron las fricciones entre policías y ciudadanos, sumadas a la aplicación del Decreto-Ley 370 para sancionar a quien publicara en redes sociales imágenes o información sobre la realidad nacional, empeorada a diario por la mala gestión del régimen.

A principios de enero, dos meses antes de la llegada del coronavirus a Cuba, tuvo lugar el interrogatorio del fotógrafo Javier Caso por agentes de la policía política, un encuentro que fue grabado por el artista y se hizo viral en redes sociales, como prueba de la violación de los derechos constitucionales de los cubanos y el proceder arbitrario de la Seguridad del Estado.

Ese sería el primero de varios episodios de hostigamiento y censura contra artistas cubanos y su obra, que van desde la censura del documental Sueños al pairo ―de los realizadores José Luis Aparicio y Fernando Fraguela― en la Muestra Joven del ICAIC, hasta los sucesos vinculados al Movimiento San Isidro y la sentada pacífica del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura; sucesos interconectados que tuvieron una fuerte repercusión en el acontecer político del país.

Fue precisamente la censura del ICRT a un beso gay en un filme transmitido por la Televisión Cubana el detonante del primer gran suceso aglutinador de la sociedad civil: la campaña por la liberación del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara. La presión internacional y el rechazo de los cubanos a tamaña injusticia consiguieron que fuera puesto en libertad tras 13 días de encierro. El apoyo a Luis Manuel reavivó la lucha en favor de los presos políticos del castrismo y contribuyó al empoderamiento de la sociedad civil independiente.

La represión se hizo presente incluso en fechas importantes para los religiosos cubanos. El 8 de septiembre, con el pretexto de evitar aglomeraciones en medio de la segunda cuarentena por coronavirus, la “Marcha de los Girasoles” convocada por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue abortada, mientras la Iglesia de la Caridad, en La Habana, era custodiada por efectivos de la policía y la Seguridad del Estado.

El 10 de octubre fue otra jornada triste en materia de derechos civiles, pues no solo se les prohibió a activistas, artistas e intelectuales salir de sus casas para asistir a un concierto privado en honor al Día de la Independencia Nacional, sino que se les dedicaron mítines de repudio, una práctica violenta y vergonzosa que recuerda el grado de deshumanización a que pueden llegar los cubanos en nombre del odio político.

El Movimiento San Isidro volvió a ser noticia tras el arresto y juicio sumario del rapero Denis Solís, suceso que los llevó a atrincherarse en la sede del Movimiento, y plantarse en huelga de hambre luego de que la policía política les cortara el suministro de alimentos.

El allanamiento de la sede por fuerzas represivas el 26 de noviembre activó a la comunidad de artistas e intelectuales. La violencia del régimen fue respondida de manera pacífica con una movilización ciudadana, inolvidable por la legitimidad de sus postulados y la maravillosa confluencia de varias generaciones de creadores: el plantón del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura.

Aunque el diálogo que esperaban los artistas fue saboteado por las autoridades del MINCULT, tergiversado desde los medios estatales de propaganda como un intento de subversión, y coaccionado mediante el despliegue de tropas especiales en la capital, el panorama político adquirió nuevos matices y la sensación de que miles de cubanos compartían una visión similar sobre la Cuba del futuro sembró la esperanza necesaria para las luchas que se avecinan.

Sociedad civil

Pese al elevado número de fallecidos en todo el mundo, para los cubanos el coronavirus ha sido menos inquietante que una serie de acontecimientos dolorosos, cuya repercusión los heraldos del régimen procuraron menospreciar alegando que las desgracias son universales, o culpando a las víctimas. El nefasto preludio aconteció el 27 de enero, cuando tres niñas murieron aplastadas por el derrumbe de un balcón en el barrio pobre de Jesús María.

El hecho conmocionó a los habaneros y colocó en el centro del debate la indolencia del régimen ante el deterioro del fondo habitacional. Durante todo el año se produjeron derrumbes en La Habana, con un saldo atendible de lesionados y fallecidos.

En el mes de febrero, la violación de una niña de ocho años en Santiago de Cuba provocó una revuelta popular que enfrentó a lugareños con las tropas especiales de la policía, y casi derivó en el linchamiento del agresor, que fue condenado a cadena perpetua. El hecho, que conmovió a la ciudadanía, no fue el único de su tipo, pues en abril dos adolescentes residentes en Marianao fueron sexualmente agredidas por dos oficiales de la policía, y en septiembre una menor de 13 años fue víctima de una violación grupal en la que participaron seis sujetos.

Todas las agresiones tuvieron como denominador común la morosidad de las autoridades para detener a los culpables y la presión ejercida tanto en las redes sociales como desde la prensa independiente, convertida en la voz de ciudadanos maltratados por las mismas instituciones que debieron brindarles protección y asesoría legal.

Un total de 32 feminicidios (tres infanticidios incluidos) fueron registrados por el Observatorio de Feminicidios en Cuba. Pese al aumento de tales incidentes, el Parlamento cubano se niega a tipificarlos como delitos contra la mujer y legislar en consecuencia.

La muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández Galiano a manos de un policía que le disparó por la espalda en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades cubanas indignó profundamente a la ciudadanía. El infausto suceso puso sal en la herida del racismo, justo al calor de las protestas por la muerte de George Floyd, lo cual motivó que activistas a favor de los derechos humanos convocaran a una protesta el 30 de junio, acción que fue impedida por la Seguridad del Estado.

En varias provincias ocurrieron revueltas populares como consecuencia del agravamiento de las condiciones materiales, una sintomatología que el pueblo achaca más al inmovilismo político que al embargo estadounidense. Trabajadores del sector privado y estatal organizaron manifestaciones pacíficas en defensa de sus derechos. Desde los vendedores de La Candonga de Santa Clara, hasta los estibadores portuarios que ahora mismo exigen salarios proporcionales al trabajo que realizan, el régimen se ha visto obligado a lidiar con una sociedad civil que poco a poco se aleja de la pasividad, aunque le cueste aún dar el paso definitivo.

En 2020 el Dr. Ariel Ruiz Urquiola denunció al castrismo frente a las Naciones Unidas, una victoria importante para la oposición y el activismo cubanos. Fue el año en que la prensa independiente, artistas, intelectuales y sociedad civil en general establecieron nexos para enfrentar al enemigo común, obligando al oficialismo a dar la cara, admitir errores o fabricar hechos y argumentos en tiempo récord, sin escatimar vilezas y chapucerías que lo dejan cada vez más expuesto ante la opinión pública.

Obituario

Año de muertes naturales, sorpresivas o provocadas por la COVID-19, el 2020 vio partir a numerosas personalidades de la cultura. De casa despedimos, entre otros, a Rosita Fornés, Eusebio Leal, Sigfredo Ariel, Enrique Colina, Broselianda Hernández, Marta del Río, Alberto Tosca, Daniel Muñoz “El Dany”, Farah María y nuestro querido Juan Padrón, quien por una poética coincidencia murió el mismo día (24 de marzo) que Albert Uderzo, creador del personaje Astérix el Galo, que mucho tiene en común con Elpidio Valdés. Quizás para no quedarse solo en este mundo, despojado ya de tantos historietistas, el 30 de septiembre se les unió Joaquín Lavado “Quino”, papá de Mafalda, la niña más inteligente del mundo.

Tal fue el año 2020 que se va por fin, para Cuba, para todos. Felicidades y próspero 2021.

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Ana León y Augusto César San Martín

Periodistas independientes. Residen en La Habana