MIAMI, Estados Unidos.- “En cualquier parte del mundo un Ministro ya hubiese renunciado y enfrentado hasta consecuencias legales; los hechos han sido sumamente graves y extremos (…). El 27N pide la dimisión inmediata del ministro, Alpidio Alonso”, dijo Carolina Barrero, una de las personas agredidas en el Ministerio de Cultura (MINCULT) el 27 de enero último.

En conferencia de prensa virtual desarrollada este viernes 29 de enero, los integrantes de la plataforma 27N relataron lo sucedido ese día cuando participaban en una protesta pacífica y explicaron la postura de la organización ante el nuevo contexto.

Solveig Font relató los sucesos ocurridos desde el 27 de noviembre de 2020, cuando un grupo de artistas, intelectuales y periodistas independientes se plantaron frente MINCULT con una serie de demandas ciudadanas, fundamentalmente, exigiendo libertades de expresión y el cese de la represión y la censura.

Ese día se abrió un canal de diálogo con el MINCULT que el día 4 de diciembre fue cerrado por esta institución. No obstante, hacia mediados de diciembre, el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, manifestó a Font la disposición de retomar el diálogo. Esto fue aceptado por el 27N y el 12 de enero enviaron un correo a Rojas con algunos de los puntos a debatir en las reuniones futuras. Este correo no fue respondido en ningún momento.

El 27 de enero del presente año, varios miembros del 27N se reunieron en el Vedado, La Habana, para homenajear a José Martí en su natalicio y para conmemorar los dos meses de los sucesos del 27N. Desde la noche anterior, agentes de la Seguridad del Estado llamaron y amenazaron a algunos de los jóvenes que participarían en este gesto para que no asistieran.

Ese día, varios amanecieron con vigilancia policial y detenidos arbitrariamente en sus viviendas, y la periodista de CubaNet y miembro del 27N, Camila Acosta, fue arrestada en la vía pública cuando se dirigía al lugar acordado. Poco después, fueron igualmente arrestados Tania Bruguera, Katherine Bisquet y Amaury Pacheco, todos artistas e integrantes del 27N, con el objetivo de impedirles participar del homenaje al Apóstol.

Ante esta serie de detenciones arbitrarias y arrestos domiciliarios, los alrededor de 20 artistas y periodistas independientes que lograron desarrollar el gesto de homenaje a Martí decidieron congregarse nuevamente frente al MINCULT para protestar por estos sucesos y exigir la libertad inmediata de las personas secuestradas. Para ello, aprovecharon que, “sospechosamente”, según relata Font, Fernando Rojas había citado a los tres voceros del 27N a una reunión ese día, entre las 10:30 de la mañana y las 12 del día.

“Pedíamos, antes de cualquier diálogo, que liberaran a Camila Acosta, a Tania Bruguera y a Katherine Bisquet, pero nunca hubo de parte de ellos una intención real de diálogo (…), después supimos que mientras estábamos allí también arrestaron a Amaury Pacheco”, expuso Solveig Font.

Por su parte, Camila Lobón contó que el viceministro Fernando Rojas les aseguró que él personalmente se ocuparía de que estas personas fueran liberadas y “nosotros lo que hicimos fue esperar”.

Carolina Barrero relató además que esperaron respuestas mientras leían poesía, específicamente el poema de Martí “Dos patrias”, respetando las normas de aislamiento por la COVID-19, y que la policía y la Seguridad del Estado comenzaron a rodear el lugar.

“Decidimos no pasar al Ministerio de Cultura porque era un diálogo condicionado, bajo coerción, también nos exigían dejar nuestros teléfonos fuera”, expuso la artista.

Otros de los participantes explicaron además que esta condición no la aceptaban porque en esas circunstancias, mientras estaban rodeados por oficiales armados del Ministerio del Interior, sus teléfonos constituían su única protección para poder dejar evidencia de todo lo que estaba sucediendo en el lugar.

“No es un delito grabar a un ministro –asegura Barrero– porque él es un funcionario público y tiene que rendir cuentas de sus funciones (…), lo menos que podía hacer, si le molestaba la grabación, era pedir amablemente que no lo hicieran”.

Inmediatamente, cuando el Ministro de Cultura le arrebató el teléfono al periodista Mauricio Mendoza, se desató la violencia tanto de directivos y funcionarios del MINCULT como de trabajadores de la oficina de la Federación de Mujeres Cubanas, que radica en la misma calle, y de los órganos represivos del Ministerio del Interior.

“Nos gritaban gusanos, mercenarios, viva la revolución, viva Díaz-Canel”, contó Lobón, quien considera que se trató de una violencia por razones políticas. A todos los obligaron a entrar en un ómnibus, incluso fueron golpeados cuando se resistían.

“Yo me resisto cuando me intentan arrebatar el teléfono, varios agentes me golpearon e inmovilizaron hasta que lo lograron (…), también fue una violencia de tipo psicológica, porque nos decían que si no nos callábamos nos iban a seguir golpeando”, manifestó Camila Lobón.

Mientras estaban en el ómnibus, afuera seguían gritándoles ofensas. “Cuando me tenían inmovilizada, miré hacia afuera por la ventanilla y vi a Fernando Rojas como mirándonos con aprobación, aprobando todo lo que estaba sucediendo”, añadió la artista de la plástica.

A Alfredo Martínez, escritor y colaborador de Tremenda Nota, le partieron un dedo mientras lo obligaban a entrar a la guagua. A Oscar Casanella lo golpearon por las costillas y la cara.

Todos fueron conducidos hasta la estación policial de Infanta y Manglar. “Fue una travesía de terror”, señaló Carolina Barrero, quien afirmó además que los oficiales se ensañaron con ellos, dando golpes y desatando su odio. “Yo le pregunté a una: ¿no te das cuenta de que ellas pueden ser tus hijas? Me respondió: Yo estoy haciendo mi trabajo”.

En Infanta y Manglar todos fueron requisados, a algunas mujeres, las que vestían sayas, las obligaron a levantarlas, con Ramírez Lobón fueron incisivas al requisarle su entrepierna. “Fue un chequeo con alevosía y violencia”, describe Barrero. Allí permanecieron por alrededor de 5 horas y fueron interrogados por separado. A algunos los intentaron obligar a firmar un acta de advertencia por incurrir en el delito de escándalo y desorden público.

Salomé García recordó que estos sucesos violaban claramente los estándares internacionales recogidos en la “Convención Internacional contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes”, la cual el gobierno de Cuba firmó y ratificó. También Julio Llópiz-Casal aseguró que el 27N estaba preparando una demanda legal, aunque reconocen lo desproporcionado que es el Ministerio de Justicia cubano por lo cual iba a ser muy difícil llevarla a cabo.

A varios les devolvieron sus teléfonos reseteados, es decir, les borraron toda la información y aplicaciones; y a todos los llevaron para sus casas en autos patrulleros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Para Maurucio Mendoza, reportero de Diario de Cuba y Puente a la Vista, estos sucesos, además de toda la difamación que se ha desarrollado contra ellos, fundamentalmente después del 27 de noviembre, demuestran el miedo hacia la prensa independiente.

“En el interrogatorio me quedó claro que ellos van a hacer lo posible por silenciarnos, porque saben que es la prensa independiente la que da cobertura a los sucesos de la realidad política, social y cultural cubana que ellos no quieren que se conozcan”, aseguró.

Asimismo, declaró que se estaba violando la libertad de expresión e información de todos los ciudadanos cubanos.

Por su parte, Julio Llópiz-Casal argumentó que Alpidio Alonso no debe continuar en su cargo porque ha demostrado que no tiene la capacidad de cumplir con sus funciones públicas. No obstante, el 27N “está abocado al diálogo, independientemente de toda la tergiversación, toda la difamación y la violencia física (…), pero ese diálogo algunos consideran que debe ocurrir con otras instancias como el MININT y el MINJUS, (…) aunque las circunstancias apuntan a que es el poder el que no quiere que ese diálogo se dé”.

Solveig Font contó además parte de su interrogatorio con la Teniente Coronel Kenia María Morales Larrea, quien le aseguró que “donde ustedes ven un gesto, nosotros vemos una provocación (…). Nunca nos vamos a entender”.

Para Font, quien dice que todavía está en proceso de recuperación por la violencia y torturas de las que fue víctima, “no va a haber un entendimiento real si no hay un cambio radical. Y esto es duro”.

Los jóvenes aseguraron igualmente que sus exigencias se basaban en derechos reconocidos en la Constitución de la República de Cuba y que el propio gobierno viola, como son la libertad de expresión, de movimiento, de reunión y manifestación pacífica. Derechos “no solo de la comunidad creativa sino de los cubanos en general”, destacó Llópiz-Casal.

En un comunicado del 27N leído en el homenaje a José Martí, el 27 de enero de 2021, y publicado luego en su sitio oficial, la organización aseguró que sostendrían las demandas y el espíritu que los había reunido el 27 de noviembre frente al MINCULT.

Mientras se desarrollaba esta conferencia de prensa virtual, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel (Osorbo) Castillo fueron arrestados en La Habana, y Omar Mena, en Santa Clara.

Otros permanecen desde el 27 de enero bajo arresto domiciliario, entre ellos: Tania Bruguera, Luz Escobar, Julio Llopiz-Casal, Katherine Bisquet, Oscar Casanella y Camila Acosta. Este viernes también fueron prohibidas de salir de su vivienda la periodista María Matienzo y la activista Kirenia Yalit Núñez.

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