MIAMI, Estados Unidos. – La detención arbitraria sin orden judicial fue el método represivo más empleado por el régimen de la Isla en 2020. Así lo corroboró el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) en su Balance Parcial del año.

La organización, dedicada a documentar las violaciones contra el ejercicio del periodismo en el país, señala en su informe que la dictadura buscó neutralizar a periodistas y reporteros limitando su movilidad con cercos policiales.

“La principal estrategia consistió en apostar frente a los hogares de los periodistas fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Policía Política para impedir a los comunicadores salieran de sus casas bajo la amenaza de ser arrestados y conducidos a una unidad policial”, precisa el informe.

En total, se reportaron en el año 234 detenciones arbitrarias contra periodistas, familiares y colaboradores de medios de prensa.

Otro de los mecanismos empleados fueron las amenazas y agresiones psicológicas, que se manifestaron en forma de vigilancia, citaciones policiales, interrogatorios, actas de advertencia, llamadas anónimas, amenazas de prisión y chantajes que involucraron además a los familiares de los afectados.

El ICLEP también hizo mención al desalojo de los periodistas de las casas que renta por presiones y amenazas de la policía política contra los propietarios de las viviendas.

Una de las más afectadas en ese sentido fue la periodista de CubaNet Camila Acosta, quien fue desalojada en cinco ocasiones y tuvo que mudarse unas diez veces durante todo el año.

La propia Acosta fue una de las periodistas más perseguidas y acosadas por el régimen en 2020, junto a la reportera de Cibercuba Iliana Hernández y el colaborador de ADN Cuba Esteban Rodríguez.

“El 2020 culminó con un incremento del 53% de hechos violatorios a la libertad de prensa en comparación al 2019 y con un promedio de 37 violaciones mensuales. Las cifras demuestran que el régimen de La Habana, año tras año, continúa normalizando las violaciones contra el ejercicio libre del periodismo y normalizando la criminalización de cualquier intento de expresión libre”, indica el informe del ICLEP.

En líneas generales, se registraron 33 multas contra periodistas y colaboradores de medios independientes, 41 casos de restricciones de acceso a Internet, seis agresiones físicas y una sentencia de prisión, contra el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, condenado a un año de prisión en 2019 por los supuestos delitos de Resistencia y Desobediencia.

El ICLEP no incluyó en su Balance Parcial 2020 los casos en los que “no se pudo establecer, con rigor, que los hechos violatorios a la libertad de prensa estuvieran relacionados directamente con el ejercicio del periodismo”.

“Todos los casos documentados y categorizados de violación a la libertad de prensa cumplen con estándares internacionales y se realizaron bajo una metodología periodística de consultas a fuentes directas e indirectas, así como la revisión de informaciones de medios digitales y audiovisuales”, precisó la organización.

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