Cubaeconomía

Posted: 18 Jan 2021 01:00 AM PST

Elias Amor Bravo, economista

Arrecia la campaña de acusaciones contra los vendedores por presuntas elevaciones de precios. En un país en que no se respeta el principio de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, las autoridades día si día no, a través de la propaganda oficial van ofreciendo datos de las inspecciones de control de precios que están realizando en el comercio minorista, estatal y no estatal. La reacción del régimen comunista a las necesidades de alimentación de los cubanos no puede ser más absurda y contraria a razón. Y como consecuencia, la población observa con preocupación como cada día hay menos mercancías para la venta en los mercados. La situación no mejora, al contrario. Va a ser peor.

El régimen ha decidido convertir en culpables de los aumentos de precios, provocados por la aplicación de medidas de la Tarea ordenamiento, a los vendedores, sin otorgarles el derecho a la presunción de inocencia. Un artículo en Granma “violadores de precios: o van a lo justo o van al fracaso” supone un aumento de la tensión, con frases ciertamente difíciles de aceptar, en un enfoque de moderación social como, “precios altos, la moda; lo pregonan con voz de santo y lo ejecutan con manos de Satanás.”

Querer desvirtuar de este modo el pregón del vendedor cubano, que debería ser incorporado al patrimonio inmaterial de la UNESCO, porque es único y se ha mantenido en la Isla a pesar de los avatares comunistas, no es otra cosa que distorsionar con la propaganda oficial, la práctica comercial en el país. Y lo hacen asociando estos mensajes a presuntos especuladores que elevan los precios y que prefieren reservar la mercancía antes de rebajar los mismos. O los distorsionan cuando les avisan de la proximidad de los inspectores, los empleados de la pomposa Dirección Integral de Supervisión encargados de conseguir que se respeten los precios. Un desastre como país. Que se tengan que utilizar inspectores para que los precios no suban ofrece una idea del pésimo funcionamiento de la economía cubana en todos sus renglones.

En varias ocasiones se ha planteado esta cuestión. Un carretillero no tiene el menor interés de vender sus productos a alto precio, porque entonces, volverá a hacer el camino de vuelta con toda la mercancía. Eso no le reporta beneficios. Su objetivo es dar salida a todo el producto y regresar de vacío para volver a llenar al día siguiente. Pero la clave está en que debe ganar. Si el inspector le obliga a vender a un precio inferior, topado por un gobierno que desconoce cómo funciona la realidad, al que ha comprado al productor, el carretillero pierde y nadie le va a compensar por ello.

Los comunistas quieren que el carretillero se esfuerce 12 horas al día, dando servicio a la población, por unos pocos centavos, y por ello, topan los precios. Y después lanzan la horda de inspectores (que por cierto tienen un coste porque hay que pagarles salarios) para el control y penalización. Por otra parte, el carretillero quiere cumplir con su trabajo, atender a sus clientes, dar servicio y ganar dinero, cuánto más mejor. Esto es lo que no entienden los comunistas. Mal asunto. Porque este es el camino correcto.

Pero si el carretillero puede ofrecer su mercancía a buenos precios es porque antes, en el surco, se ha cosechado a bajos costes. Todo empieza ahí, en la tierra, donde el productor debe ser capaz de conseguir economías de escala y producir a los costes más bajos. Y este objetivo técnico empresarial no se puede lograr porque los comunistas locales le impiden aumentar la superficie de la tierra en cultivo o le impiden el acceso a los insumos y aperos obligando a pagarlos en dólares en las tiendas de Gelma. Si en el surco los precios no bajan, mal asunto para el carretillero. El problema es global y presenta un ejemplo más de por qué el modelo económico social comunista está acabado y debe ser reemplazado cuando antes.

Nadie duda que un inspector puede lograr por medio de su acción represiva, que un carretillero venda su mercancía a precios muy bajos, que le impidan ganar dinero. Si eso ocurre, al día siguiente el carretillero se quedará en casa, porque no podrá reaprovisionar su carretilla con mercancía.

Aplíquese la misma historia al vendedor minorista o al estatal de las bodegas, que casi siempre están vacías.  Consecuencia, las familias en los días siguientes no tendrán productos para comprar y la escasez hará estragos, salvo que se tengan dólares y se pueda comprar en las tiendas en MLC. Una imagen bastante real de la situación actual en Cuba, donde cualquier parecido con la igualdad y la justicia es cuento, puro cuento.

Mientras que la economía avanza hacia una crisis alimentaria, el régimen se vanagloria de las estadísticas de control, de las contravenciones aplicadas, y como consecuencia, del retiro de licencias a trabajadores por cuenta propia, la obligación a los carretilleros de vender su mercancía de manera forzosa y a precios establecidos, los numerosos decomisos, así como numerosos administrativos separados de sus cargos por tener responsabilidad en los mencionados hechos.

Todas estas medidas del régimen no hacen otra cosa que arrastrar consecuencias negativas para la actividad comercial y productiva, de modo que al final de todo el proceso, quienes salen perdiendo son los consumidores, que no encuentran ni un ñame o una malanga para hacer una comida. Las fotografías procedentes de Cuba en estos días muestran mercados vacíos o cerrados en los que no hay mercancías. La Tarea ordenamiento está siendo devastadora porque las autoridades, aunque fueron advertidas, no han adoptado las medidas necesarias previas, para salvar esta situación que, se insiste, puede llegar a ser mucho peor.

La lucha contra los presuntos infractores de violaciones de precios o de engaños a los consumidores, se extiende a otras ramas de la economía, como la gastronomía, y a otros servicios y productos de consumo habitual, con denuncias de presuntos ocultamientos de mercancías, actos de favoritismos y empleo de instrumentos de medición no aptos para la venta entre otras.

El artículo de Granma citado, defensor de la propaganda oficial como no podría ser de otro modo, todavía se pregunta por qué los vendedores acusados de presuntos fraudes, tratan de aplicar medidas para luchar contra las actuaciones represivas del régimen, como por ejemplo, cerrar por el día y vender por la noche. La pregunta que hay que plantear es otra, ¿en qué país del mundo un comerciante se ve obligado a realizar este tipo de prácticas para poder desarrollar sus funciones? Parece que Cuba se apunta el mérito de ser el único. ¿Por qué los comerciantes cubanos se ven obligados a actuar de este modo para poder desarrollar sus actividades?  Los comunistas son incapaces de entender qué significa la libertad.

Vergüenza debería dar a un régimen sostener este tipo de situaciones. Ya tiene la nueva administración de Biden una pista de por dónde empezar las negociaciones, si quiere tener éxito. Ayudar a sencillos vendedores que luchan por salir adelante en sus tareas y un gobierno que observa que, a mayor represión de las presuntas violaciones cometidas, también mayores son los esfuerzos realizados por los comerciantes para seguir dando servicios a sus clientes. La pregunta es ¿a dónde va a parar esto?

La posición oficial, ante la reacción de la libertad a no bajar la guardia, es pedir la máxima colaboración de la población, recurriendo a lo mismo de siempre, las delaciones. Ojalá que este mensaje no cuaje en la sociedad cubana. Durante 62 años se sabe qué tipo de consecuencias tiene delatar a los conciudadanos. Al régimen comunista la preocupa que haya gente que ofrezca protección a los presuntos infractores. Es fácil de entender, si no lo hacen no almuerzan, no comen o difícilmente conseguirán algo para sus familiares.

El problema no está en las necesidades sociales. El problema está en la oferta, que no es libre porque el régimen comunista no quiere que la economía funcione con libertad y progrese. No es extraño que, ante una represión policial a un carretillero, la gente proteste de forma espontánea, más aún cuando observan que los inspectores confiscan la producción y se la llevan a algún lugar desconocido. Este día a día de la realidad económica en Cuba es insostenible y puede estar alimentando un estallido social de proporciones desconocidas. Detrás de ello está la inflación, que es el principal enemigo de cualquier economía, incluso de aquellas que tienen un “ministerio” para los precios. Increíble.