Una vez más, la maquinaria mediática gubernamental ha impuesto el discurso mientras los demás, aun esforzándonos en encontrar las contradicciones intrínsecas de sus argumentos, hemos seguido el juego trazado y nos hemos obnubilado con aquello de que “la inflación es lo más peligroso” tantas veces repetido por Marino Murillo durante los tres meses que lleva presentando la Tarea Ordenamiento.

No hemos visto que la inflación, como peligro, lo es fundamentalmente para el Gobierno —pues atenta contra los efectos que pretende obtener con la Tarea Ordenamiento—, pero para los cubanos el verdadero peligro es la Tarea Ordenamiento misma.

La histeria antiinflacionaria ha provocado cierta ceguera y superficialidad de análisis. La mayoría hemos aplicado demasiado alegremente la muy básica Teoría Cuantitativa del Dinero, que postula simplemente que el valor de la moneda es inversamente proporcional a su cantidad, y a partir de ahí, hemos hecho una serie de deducciones correctas… pero que no son el meollo del asunto.

David Hume comentaba que si un día los escoceses despertaban con el doble de las monedas con las que se habían acostado, inmediatamente todo costaría el doble, pero —y he aquí lo relevante— no serían más ricos… pero tampoco más pobres, ergo, la inflación per se como efecto del aumento homogéneo de la oferta monetaria es irrelevante.

El padre del monetarismo moderno, Milton Friedman, propuso en 1969 —metafóricamente hablando— que se lanzase dinero desde un helicóptero para repartirlo homogéneamente entre todos los ciudadanos y así impulsar el consumo y la economía. El helicóptero metafórico era una herramienta para distribuir el dinero saltándose a los bancos y el efecto que sobre el tipo de interés tiene el aumento de masa monetaria, pues el dinero no se comporta como neutral unidad de cuenta, sino que impulsa procesos de inversión —mediante la bajada de tipos de interés— económicamente malsanos.

Ya esto nos da pistas de que la inflación por inyección monetaria, en sí, no es problema. El problema está en que el dinero nunca accede a la economía —a cada persona— de modo homogéneo e instantáneo —es la advertencia de Hume y de Friedman—, sino que como descubrió ya en el siglo XVIII Richard Cantillon mientras investigaba los efectos de la velocidad de circulación, el dinero penetra por vías diversas con diferentes resultados. Lo único común a toda vía es lo que hoy se conoce precisamente como efecto Cantillon, que los receptores primarios de la inyección monetaria —los que primero reciben el dinero— tendrán una ventaja importantísima sobre aquellos a los que la liquidez les llegue en una segunda o tercera etapa; porque los primeros comprarán en el mercado a precios actuales, precios que aún no han sufrido los aumentos que producirá la nueva masa monetaria una vez comience a circular entre todos los agentes.

El problema no es la inflación causada por la expansión financiera, sino cómo el Gobierno, con el control de los mecanismos monetarios, usa la expansión financiera como mecanismo para reestructurar la sociedad. Dicho de otro modo, la cuestión no está en el nivel de precios (inflación): da igual que todo lo que costaba dos ahora cueste cuatro mientras el salario suba igualmente. El problema es que de todo lo que estaba costando dos, ahora algunas cosas costarán uno, otras tres y otras 15 por decisión del Gobierno y según su interés.

El meollo de la Tarea Ordenamiento

Lo que nos hemos perdido centrándonos en la inflación, es que, cuando se inyecta nuevo dinero en la economía —que, como vimos, es algo imposible de hacer homogéneamente— el verdadero efecto dañino no está en la inflación, sino en la redistribución forzada de la renta, un terremoto que subvierte la estructura económica de la sociedad cambiando el poder adquisitivo de los agentes que en ella conviven. ¡Este es el meollo de la Tarea Ordenamiento!

Ni los rescates bancarios de Obama, ni el reflote de Grecia, ni los recientes cheques firmados por Trump son comparables al efecto disruptivo en la redistribución de la renta que pretende producir la Tarea Ordenamiento.

De un plumazo, el Gobierno cubano está reseteando la economía, pero lo está haciendo a su favor y a costa de todo el sector privado que incluye cuentapropistas, campesinado, artistas, cooperativas, artesanos, y el inmenso mercado negro que sostiene una gran parte del consumo nacional y el empleo.

Pero redistribuir la renta mediante la Tarea Ordenamiento sin antes cambiar la organización económica de base —el sistema castrista— que ha creado las sinergias que condujeron a la distribución de renta que ahora se intenta cambiar, tiene graves efectos a corto y mediano plazo —los cuales veremos—, pero a la larga el intento es vano, pues las tendencias con que se distribuye la renta según el intocado sistema subyacente se impondrán.

Con la Tarea Ordenamiento el Gobierno ha aumentado muchísimo la cantidad de dinero circulante inyectándolo al sistema mediante sus empresas en forma de salarios —también pensiones, pero en monto muy inferior al de la masa salarial—, y ha devaluado la moneda que usaban las empresas —que es otra manera de aumentar la liquidez mediante la velocidad de circulación— sin tocar el tipo de cambio popular, mantenido a 1×24. Ambas acciones mejoran la posición de las empresas estatales, como dije, a costa de disminuir el peso económico del sector privado.

Por si estas ventajas no fuesen suficiente, previendo que las empresas estatales cayesen en bancarrota —o aflorasen las que están quebradas hace mucho pero escondían su situación contable en los tipos de cambios—, el Gobierno reservó partidas milmillonarias de dinero nuevecito —más inyección monetaria a su favor— para sostener a estas empresas mientras se ajustan a la nueva situación. Además, proveyó a todo el sector estatal con créditos bancarios a tipo cero para que pudieran pagar los salarios tras el aumento previsto en la Tarea Ordenamiento.

El sector no estatal como espectador y víctima

El sector no estatal ha asistido a todo esto como espectador —las condiciones políticas totalitarias no le dan voz—y como víctima, sufriendo los ajustes —tras un año paralizado por el aislamiento social que el Gobierno impuso por la pandemia—, sin ayuda alguna más allá de algunos descuentos impositivos que en un ambiente fiscal tan opresivo como el cubano no son significativos.

Para el sector privado no ha habido ni habrá financiación para asumir los pagos de los nuevos salarios o de los nuevos precios de los suministros que adquiere en el carísimo —ahora más— mercado minorista estatal o en el mercado negro. Además, tiene que asumir con recursos propios el aumento de los costos fijos —electricidad, agua, transporte, gas—, lo que es un golpe letal en muchos casos.

Pero el aumento salarial tiene efectos más insidiosos sobre este sector.

El más obvio es la escalada del costo y la probable disminución de la calidad en la mano de obra que contratan los privados, ahora en competencia con los enormes salarios nominales que ofrece el Gobierno.

Por otro lado, los salarios que más crecieron fueron los de los trabajadores que menos ganaban, que no eran los clientes del sector privado, pero sin que hayan subido lo suficiente como para convertirlos en clientes. Mientras que los que más ganaban han perdido capacidad relativa de consumo, con lo que algunos han dejado de ser consumidores de los privados.

Lo anterior se explica por la subida al unísono de los salarios y los precios de los bienes y servicios estatales —en muchos casos con incrementos muy superiores a los salariales—, con lo que los cubanos tendrán que destinar una mayor parte de su gasto al sector estatal, lo que deja menos para el consumo en el sector privado de la economía —incluyendo el mercado negro—, que de esta manera queda excluido del beneficio de la mayor liquidez.

A esto súmesele que el Gobierno, haciendo uso de su poder tiránico, ha multiplicado sus precios tantas veces como ha querido mientras impedía que los privados hicieran lo mismo, y se verá nítidamente que la intención del Gobierno ha sido una y solo una: darle fuerza al sector estatal, es decir, fortalecer el control del Estado sobre la economía, que es lo mismo que fortalecer el control del Gobierno sobre la sociedad.

La prueba más clara de tal intención es que el gobierno ha comenzado la Tarea Ordenamiento —esta redistribución forzosa de la renta mediante vías monetarias— sin antes liberar el sector privado y la inversión extranjera —algo que sí puede crear riqueza real—, con el clarísimo objetivo de que los cubanos no tengan otra opción que integrarse al sector estatal, trabajar para el Gobierno.

Se puede visualizar todo esto como una transfusión masiva de sangre de un organismo sano —el sector privado— a uno moribundo —el sector estatal—, lo que puede debilitar seriamente al sano y alejar el fenecimiento del agonizante, pero a la larga, el sano se recuperará y el otro se apagará.

¿Salen ganando los trabajadores estatales de todo esto? Claramente no, su salario nominal se topará con la realidad económica que irá ajustando la redistribución de la renta mediante precios según las características básicas del sistema castrista —que no han sido modificadas— y en poco tiempo el poder adquisitivo de la gente volverá a ser más o menos el mismo que era antes de la Tarea Ordenamiento —aunque expresado en precios numéricamente muy superiores—, y en el ínterin, con el reseteo, muchos sufrirán innecesariamente, sobre todo los del sector privado legal.

Una vez más, el Gobierno cubano hace sus reformas económicas, no pensando en economía, y por supuesto, no pensando en lo mejor para el pueblo, sino buscando hacer a este más dependiente del Gobierno, más controlado.

Tampoco hay que descartar que fortalecer el sector estatal, aunque sea circunstancialmente —pues saben que a la larga es insostenible—, puede ser un intento de enriquecer aquello de lo que van a apropiarse generales y burócratas una vez que implosione el socialismo cubano, alias castrismo.

Por ello, no deberíamos seguir fijándonos solo en la inflación y sus efectos. La cuestión es la redistribución de la renta forzada por vías monetarias que ha emprendido el Gobierno para retomar las riendas económicas y alejar del pueblo una prosperidad que le permita pensar en política o mínimamente aislarse del control estatal. Esto es lo que hay que denunciar.