Entre 100 y 120 personas reciben alimentos diariamente en la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Ancianos, personas con discapacidad, madres con varios hijos y sin sustento, acuden en busca del socorro que no reciben del Gobierno cubano. En los últimos días han visto peligrar esta ayuda por maniobras de un Estado que también quiere monopolizarla, no lo consigue e impide las iniciativas de la sociedad civil independiente.

“Reclamamos que, si el régimen ha creado una fábrica de hambrientos en Cuba, nos deje asistirles”, dijo José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la UNPACU, durante una huelga de varios días en protesta por un cerco policial de más de seis meses para frustrar la labor.

“Estamos reclamando que no nos sigan robando medicinas y alimentos destinados a personas que lo necesitan con urgencia”, añadió.

El pasado martes, después de que el dispositivo policial se alejara y el opositor dejara su plantón, el Gobierno le mandó un equipo de Salud Pública para impedir la labor humanitaria con la justificación del Covid-19.

En medio de la crisis crónica de desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad en Cuba, no es la primera vez que el régimen busca acabar con iniciativas de este tipo.

El activista Francisco Rangel Manzano y la Dama de Blanco Caridad Burunate, gestores y promotores del Proyecto Capitán Tondique, sufrieron constante persecución por dar de comer a los pobres y desamparados en Matanzas.

“Comenzamos el 14 de julio de 2013 y así estuvimos cinco años, ayudando a personas necesitadas y menesterosos a los que el régimen no es capaz de atender”, contó a DIARIO DE CUBA Rangel Manzano.

“Fueron tantas las persecuciones, los registros, multas, arrestos, los despojos”, que la