Una petición en la plataforma Change.org exigiendo la renuncia del ministro de Cultura cubano Alpidio Alonso, así como del viceministro Fernando Rojas, reunía al cierre de esta nota casi 1.000 rúbricas a solo horas de que el titular del MINCULT y el viceministro Fernando León Jacomino agredieran físicamente al periodista de DIARIO DE CUBA Mauricio Mendoza y dos decenas de activistas del 27N fueran detenidos por la fuerza ante la sede de ese Ministerio.

La petición exige además la dimisión de Miguel Díaz-Canel Bermúdez “ante su incapacidad para dialogar con la ciudadanía que reclama pacíficamente el fin de la represión policial, la corrupción y el abuso de poder”.

“La agresión que protagonizaron hoy los funcionarios del Ministerio de Cultura en contra de artistas e intelectuales a quienes se deben es inaceptable en cualquier circunstancia o país. El Ministerio de Cultura ha demostrado ser un órgano más represor del Estado, no una institución al servicio de la Cultura y lxs creadores cubanxs. ¡Basta ya de mentiras y difamación!”, refiere el texto.

Después que el grupo de artistas conocido como 27N se reuniera espontáneamente ante esa entidad estatal el 27 de noviembre de 2020 en reacción al asalto de la sede del Movimiento San Isidro la noche antes, las autoridades del MINCULT rechazaron el llamado al diálogo que en esa ocasión aceptara el viceministro Fernando Rojas.

Asimismo, tanto los funcionarios de Cultura como Díaz-Canel, los medios oficiales y diversos voceros del régimen han criminalizado y acusado a los miembros del colectivo y a quienes los apoyan por obedecer a un plan de “golpe blando” contra La Habana, entre otras imputaciones.

También muchos de los activistas implicados en los hechos, así como reporteros independientes que dieron cobertura a los hechos, han sufrido vigilancia policial en sus viviendas con prohibición de ejercer la libertad de movimiento, amenazas, campañas de desprestigio en redes sociales, citaciones policiales, interrupción de sus conexiones telefónicas y de internet de datos, aparte de intimidación a sus familiares.

Entre otras reacciones a los hechos de este miércoles, el Buró de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado de EEUU expresó su preocupación.

“Nos preocupan informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión y la de colegas detenidos. Instamos al Gobierno a escuchar y dialogar con su pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de Internet”, escribió la entidad federal en Twitter.

Por su lado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) emitió una declaración para condenar los hechos y se dirigió a la Unión Europea para que reaccione a lo ocurrido.

“La actuación represiva del ministro Alonso, junto al viceministro Fernando Rojas Gutiérrez y otros funcionarios gubernamentales, fue transmitida en directo por las redes sociales y quedó registrada. Uno de los agredidos fue Mauricio Mendoza, periodista independiente que trabaja para DIARIO DE CUBA. Luego la turba gubernamental, compuesta por funcionarios del Ministerio de Cultura, se lanzó contra el resto de los manifestantes en las inmediaciones del Ministerio en La Habana”, indicó la nota.

El OCDH pidió a la Unión Europea prohibir la entrada al espacio Schengen del ministro Alonso y del viceministro Rojas, así como que ambos sean “sancionados según el nuevo régimen global de sanciones en materia de derechos humanos de la Unión Europea” y que se les excluya de “cualquier proceso de diálogo bilateral entre el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y su representación en Cuba con el Gobierno cubano”.

También recomendó al Departamento de Estado de Estados Unidos aplicar sanciones a ambos funcionarios “por su participación directa en actos violentos y que atentan contra los derechos humanos de intelectuales y artistas en Cuba”.

“En un país normal, el señor Alonso Grau tendría que haber dimitido. Las imágenes del ministro agrediendo físicamente a personas que se manifiestan pacíficamente en un espacio público, es una muestra más de la intolerancia de los funcionarios del régimen cubano. Este Gobierno que interrumpe el servicio de internet, para ocultar sus tropelías, es el mismo Gobierno que ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos”, recordó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.

La organización de derechos humanos Artículo 19 hizo “un llamado urgente al Gobierno de Cuba para que detenga la escalada de agresiones contra manifestantes y periodistas que en el ejercicio de su derecho a la protesta y el derecho a buscar y difundir información han decidido salir el día de hoy”.

En una declaración, la organización recordó que los sucesos se producen “en el marco del 168 aniversario del natalicio de José Martí y a tres meses de la manifestación conocida como el 27N” y recordó que varios de los detenidos siguen en paradero desconocido.

También la ONG Cuban Prisoners Defenders indicó que “si los ministros de Cuba se comportan así, creemos que ya es evidente algo que llevamos diciendo en Prisoners Defenders hace mucho tiempo: Cuba es una dictadura fascista que nada tiene que ver con la socialdemocracia y que debe ser aislada de cualquier apoyo ideológico”.

En su nota oficial sobre los sucesos, advirtió que la Seguridad del Estado “llenó un autobús con todos los artistas detenidos. Entre los detenidos no se encontraban los agresores, el ministro y los viceministros de Cuba, sino los agredidos”.