Un año nefasto para la economía cubana

DDC | La Habana

La caída económica ha sido tan devastadora que ni siquiera las previsiones difundidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pudieron acercarse a la realidad, pues la entidad apenas vaticinó una caída del 8,5% para la Isla.

La pandemia del coronavirus

Sin duda uno de los principales motivos del desplome económico en la Isla fue la pandemia del coronavirus, aunque como afirmó el economista cubano Omar Everleny, la economía cubana atravesaba desde mediados de 2019 “una crisis profunda, cuyo efecto palpable era la escasez de gasolina, por un lado, y por otro la falta de algunos alimentos como pollo, salchichas, aseo y detergente”.

No obstante, el economista señaló que a esa situación se sumaron los efectos de la pandemia, entre los que mencionó la caída del turismo internacional y la paralización de una buena parte de las actividades que ejercía el sector privado.

El profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana Ricardo Torres indicó que “la actividad productiva de la Isla se venía desacelerando notablemente desde 2016” mientras el “crecimiento económico se redujo a la mitad entre 2016 y 2019, comparado con el periodo 2010-2015”.

Pero Torres también insistió en los perjuicios del cierre de fronteras para la economía cubana, pues “cada mes de cierre representa una pérdida de unos 140 millones de dólares”, además, tampoco se incrementó la inversión extranjera.

Mauricio de Miranda agregó en una entrevista que las consecuencias de la pandemia “han sido devastadoras, pues el cierre del país al turismo internacional ha significado el cierre de una de las principales fuentes de ingresos de divisas, y eso tiene unas consecuencias gravísimas para la economía. Además, todos los sectores se han visto afectados y Cuba no tiene las condiciones para desarrollar actividades laborales online”.

Dolarización de la Economía

Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno cubano ante la agudización de la crisis fue la apertura de tiendas, que actualmente superan las 300, en la que se comercializan diversos productos en divisas extranjeras, por lo que varios economistas advirtieron que podría ser el inicio de un proceso de dolarización de la economía.

Al respecto la economista cubana Tamarys Lien Bahamonde indicó que la lógica económica de la medida es semejante a la de un “corralito bancario”, pues “el país no venderá divisas a las personas naturales y evitará la salida de estas monedas fuera de la Isla”.

“De la misma forma en la que la crisis de los 90 llevó a la dolarización parcial de la economía, cuyo impacto sobre la inequidad no se hizo esperar, esta medida tendrá un efecto similar de agudización de las ya existentes inequidades sociales en Cuba”, agregó entonces Bahamonde.

El también economista y presidente de la Unión Liberal Cubana, Elías Amor, afirmó que, a su juicio, esta medida tenía “como objetivo drenar divisas que entran al país y centralizarlas en el Estado, evitando que las mismas se dediquen a la economía informal o a las actividades de los emprendedores privados”.

Amor agregó que “el Gobierno mantiene la prohibición de capitalizar remesas para construir patrimonio, una práctica que en otros países de América Latina es muy favorable para el desarrollo” pero en cambio, “prioriza su destino a gasto corriente (alimentos, productos de limpieza y de aseo, electrodomésticos, paquetes turísticos, etc)”.

Para Emilio Morales, CEO de la empresa The Havana Consulting Group, se trató “de una medida desesperada con el propósito de captar dólares que vienen de la diáspora cubana, pues el sistema en sí mismo no es capaz de generarlos”, por lo que consideró que “el objetivo de la operación es obtener los dólares que envían los cubanos residentes en el exterior para ayudar a cubrir las necesidades de alimentación, aseo, transportación y comunicación de sus familiares en la Isla”.

Ambos especialistas coincidieron en que no fue una estrategia financiera, pues para ello “primero hay que hablar de la implementación de leyes que faciliten la libre empresa, la liberación de los precios, la liberación real de las fuerzas productivas, leyes que protejan e impulsen la libre empresa, que permitan un mercado de libre oferta y demanda”, expresó Morales.

Paquete de medidas de julio

En el mes de julio, cuando la crisis ya era irreversible, las autoridades cubanas anunciaron un grupo de medidas con el objetivo de liberalizar tímidamente algunos renglones de la economía, entre las que se incluyó la eliminación del gravamen al dólar y la creación de una lista de actividades por cuenta propia prohibidas en sustitución del listado de actividades permitidas.

Al respecto Mauricio de Miranda afirmó que “se anunciaron intenciones correctas, tales como la unificación monetaria y cambiaria, la ampliación y flexibilización de las autorizaciones del trabajo por cuenta propia, las pequeñas y medianas empresas tanto estatales como privadas y cooperativas, el planteamiento de una mayor autonomía en la gestión de las empresas estatales, aunque aún no se sabe a dónde conducirá esa autonomía porque nada se ha hablado de la supresión de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial”.

El economista agregó que le pareció bien la autorización a las empresas privadas y cooperativas de acceder al comercio con otros países, aunque valoró de forma negativa que deban hacerlo solo a través de las empresas de comercio exterior.

Para Omar Everleny las medidas también resultaron positivas, pero indicó que “la demora en la ejecución de ellas conspira contra los resultados que deben aportar a mediano plazo”. Además, el especialista recordó que “no es la primera vez que se anuncian medidas y luego, a la hora de su implementación, se observan reticencias en su desarrollo”.

Unificación monetaria y cambiaria

Una de las cuestiones más demandadas históricamente por los cubanos llegó al cierre del año. Se trata del inicio del proceso de unificación monetaria y cambiaria, solo que en esta ocasión más que la salvación para la economía familiar significará el tiro de gracia a los ahorros de los residentes en la Isla y el detonante de un inminente proceso de inflación.

Mauricio de Miranda consideró dicho proceso “es imprescindible”, pero a la vez acotó que “se va a adoptar probablemente en el peor momento” lo cual le parece “coherente con el estilo de los cambios económicos que se adoptan en Cuba: solo se adoptan cuando las situaciones de crisis llegan al límite”.

“Ahora bien, me gustaría señalar que mientras exista una dolarización parcial de la economía, no estamos ante una verdadera unificación monetaria, porque la moneda nacional no cumple plenamente las funciones del dinero si en un segmento del mercado ella no puede operar”, agregó.

Al respecto Carmelo Mesa-Lago, catedrático emérito de la Universidad de Pittsburgh, consideró que en el corto plazo la Tarea Ordenamiento traerá “inflación y desempleo”, pues es muy probable que el Gobierno “elimine los subsidios a las empresas estatales con pérdidas”, por lo que tendrán que cerrar muchas de ellas.

El economista agregó que para enfrentar el desempleo es necesario “ampliar el sector privado, especialmente el trabajo por cuenta propia, a fin de que absorba el desempleo estatal”.

El panorama al cierre del año en la Isla no puede ser menos alentador. La mayor parte de los cubanos teme al inicio del próximo año, donde todavía es una incógnita si los salarios alcanzarán para pagar las nuevas tarifas de los servicios y productos de primera necesidad.

Mientras tanto, la campaña de vacunación contra el Covid-19, que ha empezado en diciembre en varios lugares del mundo, no tiene una fecha precisa en Cuba, lo que podría retardar la recuperación del turismo y del empleo. Pero el mayor riesgo al que se enfrentan los cubanos, en la opinión de varios especialistas, es a la inevitable inflación económica que se desatará con la implementación de la Tarea Ordenamiento.

Marino Murillo: ‘Si el Estado vende la tierra iríamos al latifundio’ en Cuba

DDC | La Habana

“Las personas se cuestionan cosas. Nosotros lo que decimos es que, si el Estado pierde la propiedad de la tierra y en vez de entregarla en usufructo la vendiera, los productores de mayores ingresos le irían comprando la tierra a los de menores ingresos y se iría produciendo gradualmente un proceso de concentración, no de la producción sino de la propiedad, e iríamos al latifundio”, dijo Murillo en la Mesa Redonda del martes.

De 6,3 millones de hectáreas cultivables en Cuba, aproximadamente el 80% está en manos del Estado y el resto pertenece a los campesinos individuales, propietarios de tierra. De ese 80% de propiedad estatal, más o menos el 70% es gestionado por formas no estatales, pero están controladas por el Gobierno y sujetas a sus políticas restrictivas.

El jefe de la denominada Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos intervino nuevamente en el programa oficial para hablar esta vez del impacto de la unificación monetaria sobre el sector de la agricultura.

“Cualquier cosa que se vaya a hablar de la agricultura en la Tarea Ordenamiento pasa por dos cosas: primero, los precios de acopio, cómo vas a pagar la producción a esa base productiva; segundo, a esa base productiva le vendes productos y le prestas servicios. El otro enfoque es cuánto me va a costar lo que me vas a vender como productor”, dijo.

Además de los precios, aseguró que “hay también temas organizativos y de insumos que hay que revisar”, ante las quejas de productores por el incremento de los costos y el tope de precios de sus producciones.

Según el ministro, “no es posible” ahora “poner un precio que conlleve una devaluación de 24”.

“Vamos a revisar todo lo que sea necesario revisar. Evidentemente, el punto de partida ya no es 1×1, ya no es 1×24”, agregó.

Puso como ejemplo que el arroz cáscara húmedo tiene un precio ahora de 3.478 pesos por tonelada y va a ser de 5.439, y el arroz consumo costaba 6.956 pesos por tonelada y ahora se pagarán 10.878.

“Es verdad que los precios no van a subir al mismo ritmo que el crecimiento de los costos, es algo que los campesinos nos están diciendo. Si el punto de partida fuera más chiquito, las magnitudes fueran diferentes. Pedimos a la base productiva comprensión en este tema. Estamos en un primer año de la Tarea Ordenamiento”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, dijo que han realizado análisis de los “planteamientos” emitidos por los productores ante las disposiciones de la Tarea Ordenamiento para el sector y que apuntan fundamentalmente a la preparación de las cooperativas para enfrentar el Día Cero.

“Tenemos unas 500 cooperativas con problemas financieros, económicos, y uno de los análisis es cómo vamos a dar tratamiento a esas cooperativas”, admitió.

Quejas recibidas también tienen que ver con los precios de los productos, los servicios a los campesinos y los precios de los portadores energéticos.

“Estamos recibiendo opiniones sobre los impagos a los productores. Además, algunos consideran altos los precios de ciertos insumos en relación con el incremento del precio de los productos agropecuarios, y hay preocupación sobre los márgenes comerciales mayoristas y minoristas”, dijo Rodríguez Rollero.

Según el ministro, “hay una voluntad de atender todos los asuntos e inquietudes y darles respuesta”, pero siempre “en el marco de lo aprobado” por el Gobierno.

Pese a la crisis económica y de desabastecimiento de alimentos que atraviesa la Isla, los campesinos sufren los topes de precios y no tienen libertad para elegir a quién vender sus productos. Sus cosechas en numerosas ocasiones se pudren por la ineficiencia del mecanismo de Acopio. La situación seguirá siendo la misma con el ordenamiento monetario.