LA HABANA, Cuba.- Esta semana la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana vendió a los trabajadores de todas sus sedes municipales decenas de artículos confiscados por la Aduana General de la República a ciudadanos procedentes de otras naciones.

Ropa, zapatos, lencería, maquillaje, cuchillas de afeitar, sábanas, edredones y esponjas para fregar fueron algunas de las mercancías vendidas, a “precios módicos”, en moneda nacional.

“Por ejemplo, un pullover costaba 30 pesos, un short, 50, los edredones, 150, las esponjas para fregar, a dos pesos cada una, y los zapatos, entre 90 y 350 pesos”, relató a CubaNet una fuente que prefirió el anonimato para evitar represalias.

Asimismo, aclaró que en su municipio fue el propio Intendente quien anunció la venta de los productos, para lo cual se habilitaron varios locales. La empresa encargada de las operaciones fue la Corporación CIMEX, grupo empresarial y militar privado.

“Los primeros en comprar, por supuesto, fueron los jefes,₋refirió la fuente₋; tenías que haber visto a todos esos ´pinchos´ como salían de allí con tenis Nike y otras cosas de marca, cosas buenas. Nosotros, los últimos en comprar por ser simples trabajadores, tuvimos que conformarnos con lo que fue quedando para el final”.

Según declaraciones de una funcionaria de la Aduana General de la República de Cuba, a mediados de 2019 la mercancía confiscada por ellos, o abandonada, era entregada a diferentes empresas y organismos según lo dispusieran los distintos ministerios, dependiendo de la naturaleza de cada artículo. Esas instituciones administrarían los mismos ya fuera para venderlos o repartirlos.

No obstante, en los últimos años en la Aduana se han desatado varios escándalos de corrupción que incluyen desde sobornos hasta desviación de las mercancías confiscadas para destinarlas al enriquecimiento personal de los aduaneros u otros empleados de este órgano.

No se conoce que con anterioridad se hayan vendido estos artículos a trabajadores del Consejo de la Administración Municipal (CAM) o de la Asamblea Provincial del Poder Popular (APPP), la mayoría de cuyos funcionarios son militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Mensualmente, aunque con algunas irregularidades, a los trabajadores de los CAM de La Habana y de la APPP les venden además una jaba con productos como: aceite, jabones, detergente, pollo, picadillo, pasta dental y cepillos de diente, proceso del que también está a cargo CIMEX.

Estas ventas de productos confiscados por la Aduana constituyen un privilegio al que no tienen acceso la mayoría de los cubanos, quienes tienen que hacer extenuantes colas para comprar comida o aseo, y ni siquiera encuentran en las tiendas productos de primera necesidad.

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