LA HABANA, Cuba.- Las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) en la agricultura cubana son instituciones que agrupan a propietarios de tierras —a diferencia de otras formas cooperativas, siguen siendo dueños de las tierras tras la integración a esa propiedad de grupo— con el objetivo de lograr un mejor acceso a insumos y materias primas vendidas por el Estado.

Y aunque la integración de los campesinos a las CCS es voluntaria, ello no elimina las presiones gubernamentales para que los productores individuales se integren a esas cooperativas. Por supuesto, de esa manera las autoridades podrían controlar mejor a esos campesinos, al tiempo que les inoculan el mensaje político-ideológico.

Con fecha 24 de mayo de 2019, la Gaceta Oficial de la República publicó el Decreto-Ley 365 “De las Cooperativas Agropecuarias”, el cual contiene el reglamento para el funcionamiento de las CCS, así como también el de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), y las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA).

El artículo 37 del reglamento de las CCS dispone que “en el caso de las CCS, circulan por sus cuentas los ingresos de los cooperativistas por la venta de sus producciones, los que no forman parte del patrimonio de la cooperativa”.

Es decir, que la CCS comercializa las producciones de sus asociados, y el ingreso obtenido debe ser retribuido a estos, sin que pueda ser desviado ese importe para otros fines. Sin embargo, con frecuencia ese artículo es violado, con el consiguiente perjuicio para los asociados.

En su edición del domingo 24 de enero, el periódico Juventud Rebelde dio a conocer la queja de un asociado a una CCS (“¿Por qué no antes?”), debido a que un año y ocho meses después de que su cooperativa cobrara la venta de su producción a una entidad estatal, todavía la CCS no le había pagado a él.

La Junta Directiva de la CCS planteaba que no podía pagarle porque el dinero fue utilizado para saldar deudas que la cooperativa tenía con otras entidades. Una anomalía que hizo que el cooperativista sufriera un enorme peloteo al reclamar el dinero que le pertenecía. Acudió al Departamento de Atención a la Población del Gobierno y el Partido en su municipio (Perico, en la provincia de Matanzas), al delegado de la Agricultura, a la Fiscalía municipal, y a la delegación provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Al final de semejante tribulación se logró que el Banco concediese un crédito a la CCS para pagar la deuda contraída con el cooperativista.

Después de todo esto nos asalta la siguiente interrogante: ¿Y no sería mejor que el campesino en cuestión le hubiese vendido su producción directamente a la empresa estatal, sin que mediara en la transacción la CCS? ¡Cuánto malestar se hubiese ahorrado ese productor!

Lo cierto es que las fallas e ineficiencias de las cooperativas agropecuarias en Cuba han provocado un éxodo creciente entre sus asociados, que se refleja en el decrecimiento de esas entidades. De acuerdo con cifras emitidas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), de 2 504 CCS existentes al final del 2014, la cantidad disminuyó a 2 468 al cierre de 2018. De igual manera disminuyeron las cantidades de UBPC y CPA en el país.

Y si tenemos en cuenta que las distintas formas cooperativas poseen cerca del 40% de la superficie cultivada de la nación, ello oficia como otra de las causas de la actual crisis en que se debate la agricultura cubana.

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Orlando Freire Santana

Orlando Freire. Matanzas, 1959. Licenciado en Economía. Ha publicado el libro de ensayos La evidencia de nuestro tiempo, Premio Vitral 2005, y la novela La sangre de la libertad, Premio Novelas de Gaveta Franz Kafka, 2008. También ganó los premios de Ensayo y Cuento de la revista El Disidente Universal, y el Premio de Ensayo de la revista Palabra Nueva.