Vote NO: Código de familia es un ataque del régimen a los derechos de los cubanos

La muy publicitada ley nueva aprobada por el Parlamento de La Habana representa un nuevo ataque del castrismo a los derechos de los cubanos y lo mejor es votar por el “no”

Por René Gómez Manzano para Cubanet.

LA HABANA, Cuba. — El pasado viernes, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó la Versión 25 del Código de las Familias. Esta variante final no presenta grandes diferencias con la precedente, la cual fue sometida a discusión de los ciudadanos. También se acordó someter el texto a referendo en Cuba el 25 de septiembre, y para los gobiernistas residentes en el extranjero, una semana antes.

Como cabía esperar, la propaganda castrista se ha deshecho en elogios al nuevo cuerpo legal. Según el texto oficial publicado en Granma, el presidente designado, Miguel Díaz-Canel, en la primera parte de su alocución final ante la Asamblea, llegó a calificarlo como “un gran libro de cabecera que deberían tener a mano nuestros educadores”; asimismo “como texto de referencia para la formación cívica de mujeres y hombres del mañana”.

Haciendo una caracterización final de esta nueva ley del castrismo, el también Primer Secretario del único partido legal, entre aplausos de los disciplinados legisladores, proclamó: “¡Es un código de amor, un código de paz!”. Y terminó ese trozo de su discurso con una nota sentimentaloide: “Me siento conmovido y orgulloso al convocar a nuestro pueblo a decir ¡Sí por el Código de las Familias!”.

En otro pasaje de su alocución, Díaz-Canel también afirmó: “Con la consulta popular hemos ganado todos”. Y menciona en primer lugar al “pueblo”, del que afirma que ha sido “partícipe directo” en la redacción. No obstante, resulta ineludible constatar que, de las 25 versiones que ha tenido la nueva ley, esa masa a la que ahora se le da el solemne título de “Soberano” sólo ha conocido un par. ¿Y las otras 23 qué! A lo largo de los años, el nuevo potaje se guisó de modo clandestino, entre comunistas, en las exclusivas cocinas del castrismo.

¿Qué podemos decirle a ese mismo pueblo sobre el trabajo realizado por los juristas que de uno u otro modo participaron en esa cocción! Forzoso es reconocer que, en el texto publicado y ahora aprobado, esos colegas de quien esto escribe demuestran haber estudiado de modo exhaustivo la legislación comparada en materia de Derecho Familiar.

La evidencia de ese estudio exhaustivo llevado a cabo por los juristas del castrismo nos obliga a preguntarnos: ¿Desconocían esos especialistas lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos! Allí se proclama: “3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Sin embargo, este último aspecto, que es vital, brilla por su ausencia en el más de medio millar de artículos del flamante Código de las Familias. Lo anterior incluye el tema de la instrucción religiosa, que resulta fundamental para la mayoría de creyentes, que no comulga con el “ateísmo científico” del marxismo-leninismo.

La conclusión ineludible de todo lo anterior es una, y resulta indignante: si se desconoce el derecho preferente de los progenitores a determinar qué clase de educación recibirán sus hijos, ello se debe no a desconocimiento, sino al deliberado propósito que abrigan los comunistas de mantener el absoluto control sobre esa faceta fundamental de la formación de las nuevas generaciones.

En mi opinión, esto último es el defecto fundamental del nuevo texto. A lo anterior se suma la abrogación del término “patria potestad”. Para eliminarlo, se invocan mendazmente argumentos lingüísticos. Se afirma que, supuestamente, el concepto más adecuado en el derecho contemporáneo es el de “responsabilidad parental”, algo que no deja de resultar curioso bajo un régimen que, en los años sesenta, acusaba de calumniadores a quienes afirmaban que “la Revolución” deseaba abrogar la patria potestad.

A esas deficiencias intrínsecas del documento, de por sí gravísimas, se suman las que con seguridad se derivarán de la aplicación práctica de sus preceptos. Se pretende proyectar una imagen: que el Código de las Familias servirá para proteger a todos los desamparados. Que los jueces del régimen siempre harán resplandecer la justicia.

Quieren que los ciudadanos incautos olviden que esos funcionarios pertenecen a la misma camada que los que, respondiendo a las consignas gubernamentales, condenan a decenios de cárcel a ciudadanos que hace poco más de un año salieron a la calle a proclamar su carencia de miedo, demandar libertad y expresar su repudio al presidente “puesto a dedo”.

Si en algo sí pueden confiar los cubanos es en que, cuando en un pleito familiar se introduzca la política (o, para hablar con mayor propiedad, la cochina politiquería castrista), cuando haya que escoger entre un “compañero integrado” y un “desafecto al sistema” (“un gusano”), no hará falta tener demasiada imaginación para saber de qué lado se inclinará la balanza.

Pero más allá del carácter antipopular del articulado del Código y de las previsibles arbitrariedades de los parcializados jueces comunistas, el referendo convocado para el venidero 25 de septiembre brinda una oportunidad de oro para que el pueblo se pronuncie sobre el inepto gobierno que se ha visto forzado a padecer durante decenios. En concreto, ¿qué pueden hacer los electores anticomunistas el 25 de septiembre? ¿Abstenerse de acudir a votar, anular la boleta o sufragar por el “no”?

El retraimiento parece inadecuado por varias razones. En primer lugar, porque esa opción resulta más dificultosa para la clara mayoría de electores que, aunque repudia el sistema imperante, no desea “señalarse”. Es que el régimen insta a acudir a votar, y la actitud contraria —que puede ser comprobada con facilidad— implica asumir una actitud que difiere de la “orientada” por el gobierno.

En segundo lugar, porque, en puridad, actuar de ese modo no trasluce una postura claramente opuesta a la propugnada por el régimen. Los que dejen de ir a sufragar se confundirán, en las cifras, con los que estén enfermos, los indolentes deseosos de ahorrarse la molestia y algunos fundamentalistas religiosos. En definitiva, ellos no estarán votando a favor de la propuesta gubernamental, pero tampoco en contra.

En tercer lugar, porque en el plano internacional ese abstencionismo masivo no sería percibido como una muestra de rechazo al régimen. Por desgracia, en países democráticos —como los Estados Unidos o los de Europa— no es raro que acuda a votar una minoría de los ciudadanos habilitados para ello. Si algo parecido llegara a suceder en Cuba, la opinión pública internacional identificaría esa situación con la que en ocasiones se experimentan en sus propios países (la cual tiene que ver con la indiferencia ante el resultado comicial, y no con el rechazo al gobierno imperante).

Algunos partidarios del retraimiento expresan que de ese modo se evita que el castrismo disminuya las cifras de quienes votan por el “no” y aumenten artificialmente los sufragios afirmativos. Este argumento es insostenible. ¿Acaso piensan ellos que para el régimen resulta más difícil aumentar el respaldo del “sí” inflando el número de los que, supuestamente, fueron a votar! De hecho, esto último es más fácil, ¡pues basta con rellenar boletas afirmativas; no hace falta, además, destruir las marcadas con el “no”!

Para quienes acudan a votar, no le veo mucho sentido a anular la boleta o dejarla en blanco. Esto no expresaría una clara oposición al castrismo. Además, dejaría libre el camino para que una minoría de los votantes logre imponer la aprobación del antipopular Código de las Familias.

Eso deja, como la opción aconsejable, la de ir a votar y hacerlo por el “no”. Esto reflejaría una clara postura en contra de la referida ley y del gobierno imperante que la propone. No desconozco que existe un peligro: que las autoridades electorales, a nivel nacional, provincial o incluso local, adulteren los verdaderos resultados del proceso.

El riesgo es real, pero el costo político, dentro de sus propias filas, sería altísimo para los castristas. Quienes participen en los escrutinios conocerán las adulteraciones perpetradas. Los verdaderos resultados siempre serían conocidos por la dirigencia, y esta, aunque algunos piensen lo contrario, no es monolítica. Enquistados dentro de ella hay partidarios anónimos de iniciar los cambios que el país necesita con desesperación.

Un número considerable de votos por el “no” permitiría que en Cuba, al igual que ha sucedido en las docenas de países euro asiáticos que felizmente se han librado del comunismo, se inicien dentro del mismo partido único esos cambios imprescindibles. ¡Propiciemos con nuestros votos que esto suceda, para bien de nuestra Patria!