Según Marino Murillo, tras la implementación de las reformas anunciadas, “un grupo de entidades pudieran tener pérdidas en el primer año”. El Gobierno “diseñará soluciones para destinar recursos financieros” a “calzarlas monetariamente”.

Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos del Partido Comunista, ha dicho que ese programa de ayuda gubernamental “implicará compromisos claros de las empresas sobre cómo reducir esas pérdidas en el tiempo y ganar competitividad”.

No lo aclara Murillo, pero es inevitable que el ajuste hacia más eficiencia implique aligerar las normalmente abultadas plantillas estatales, así como el cierre de las empresas que no logren ser rentables en el nuevo panorama. Incluso con regímenes cambiarios favorables, ingentes subsidios y una contabilidad muy particular, de media 77 empresas estatales han terminado con pérdidas en los últimos tres años, ¿cuántas lo harán cuando les quiten esos “calzos”? Como el mismo Murillo dice: “hay empresas que no soportan una devaluación”.

En 2019, el número de empleados aumentó en 102.520. La cifra es bastante inaudita en un país donde el empleo decreció de 2015 a 2017, y en 2018 aumentó en solo 7.900 trabajadores. Si creemos al Gobierno, en 2019 el empleo creció un 1.200%.

Lo más relevante del aglomerado es que 90.973 personas fueron al sector privado, mientras solo 11.547 —8.000 de los cuales son maestros que se recontrataron tras la subida salarial— buscaron trabajo con el Estado, lo que sin dudas demuestra que el sector privado es de forma muy notable el más dinámico y con mayor capacidad de creación de empleos. Por cada puesto de trabajo creado por el Estado, los privados crearon ocho.

El sector estatal de la economía se divide en una parte empresarial (productiva) y en una parte presupuestada (salud, educación, seguridad y burocracia).

La parte empresarial, que es donde más va a sentirse el efecto de las nuevas medidas, emplea a 1.600.844 personas. Si pensamos en una reducción de puestos laborales del 15% —por la combinación de cierre de empresas y la contracción de plantillas—, serían 240.000 despedidos.

La parte presupuestada, que por necesidad debe enflaquecer también —de facto ya lo está haciendo, cerrando contratas temporales—, suponiendo que despida solamente a un 10% de trabajadores, sumaría 147.000 cubanos desempleados más.

En total, y siendo conservadores, para ganar en eficiencia el sector estatal podría despedir a 387.000 trabajadores. Aclaro que este número es un simple estimado, basado en las intenciones de eficiencia de la Tarea Ordenamiento, y en el hecho de la sobredimensión que el componente trabajo tiene en la inversión productiva de una Cuba con maquinaria e infraestructura obsoleta y escasa, algo que debe cambiar si el país quiere integrarse eficientemente al comercio mundial.

Estas personas, a corto plazo, mientras el sector estatal se reanima —si se reanima— a donde único podrían girarse en busca de sustento es al sector privado, pero con la emergencia sanitaria, más las medidas financieras anunciadas que inhiben la inversión, el sector privado no solo no crecerá en el 2020, sino que ya en abril —último dato ofrecido— 220.000 trabajadores se habían desvinculado de él.

Tras la Tarea Ordenamiento y la pandemia, 607.000 cubanos —el 13% de los actuales trabajadores— más los 2.587.881 cubanos en edad laboral que actualmente no trabajan, podrían encontrarse en un país donde, según María Molina Gutiérrez, viceministra de Trabajo, el Gobierno está creando condiciones para que “la gente sienta necesidad de trabajar porque suben los precios y se quitan los subsidios”. Lo están poniendo al duro y sin guante.

¿Pero trabajar dónde?

Como vimos antes, el único sector que podría absorber esa cantidad de gente es el privado. El drama se aliviaría con un sector privado expansivo, lo que depende únicamente de la voluntad gubernamental para crear las condiciones jurídicas básicas para que surja un verdadero empresariado nacional.

Sin embargo, las autoridades han decidido enflaquecer el sector estatal sin antes permitir que engorde el privado. El diferencial no es números, no es carne, es gente que quedará a su suerte a no ser que el Estado retorne a los denostados “subsidios y gratuidades”.

El Gobierno, antes de reestructurar “lo suyo”, debió liberar al único sector que podría absorber a esa gente que le sobra, pero eligió no hacerlo.

Dijo Murillo, en alarde de leninismo: “esas personas son reserva laboral para los programas que el país tiene”; país donde, según la Constitución, “la Empresa Estatal Socialista es el sujeto principal de la economía nacional”. Pues bien, la única forma de cumplir tal mandato es reprimiendo a la empresa privada, impidiendo su expansión, incluso su nacimiento. Parece que es mejor tener a la gente en reserva que trabajando autónomamente del Estado.

Estas contradicciones nacen de querer avanzar, pero sin avanzar. Prosperar económicamente sin que el sector privado sea liberado es intentar convertir el plomo en oro. Ya se trató durante siglos, ¡hasta Newton lo intentó! No funciona.