A diferencia del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, cuyo contenido parece secreto de Estado a un año de su anuncio, son varios los aspectos que ya conocemos sobre el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de octubre.

Aunque el espacio televisivo Mesa Redonda del 12 de noviembre de 2020, dedicado a dicho programa, empleó más tiempo a enfatizar en los supuestos “avances” de la Revolución cubana en materia de derechos de la mujer, al menos se mencionaron los objetivos del plan, que incluyen mayor sistematicidad en acciones que promuevan el adelanto de las mujeres, enfrentar obstáculos relacionados con la igualdad de género, e insertar el tema de género en los planes de estudio a todos los niveles de enseñanza.

La implementación incluirá áreas como el empoderamiento económico de las mujeres, los medios de comunicación, el acceso a la toma de decisiones, la salud sexual y reproductiva, los medios de comunicación, y la legislación y el derecho, entre otras.

También se mencionó que la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), controlada por el Gobierno, será el mecanismo nacional para el “adelanto de la mujer”, además de referente teórico metodológico para las cuestiones de género. Así ha sido desde 1997, cuando se aprobó el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a Beijín.

Lo anunciado el 30 de octubre no fue el lanzamiento de un programa nuevo, sino la actualización del mencionado Plan de Acción Nacional, “en un contexto de actualización del modelo económico para que se corresponda y se pueda imbricar en el programa de desarrollo económico social hasta el 2030”, según Teresa Amarelle Baue, secretaria nacional de la FMC.

Enseguida salta a la vista que el principal obstáculo que tendrá el programa para lograr el alcance deseado es justamente la FMC. ¿Puede esta organización, creada por Fidel Castro y de la cual Vilma Espín, esposa de Raúl Castro, fue líder inamovible hasta su muerte, ser el mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres? ¿Puede representar a todas las mujeres?

La propia periodista oficialista Arleen Rodríguez, conductora de la Mesa Redonda, pidió a Teresa Amaralle explicar algo que puede ser difícil de entender para muchos. La FMC es supuestamente “una organización no gubernamental”, pero al ser el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer se convierte en “representación del Estado”. Si hablamos de un Estado que según el Artículo 5 de la Constitución subordina al Partido Comunista de Cuba, ¿a qué parte de las mujeres cubanas representa la FMC?

Si esta organización permanece al margen cuando la Policía agrede a las Damas de Blanco, o cuando un agente lastima una lesión cancerosa a Omara Ruiz Urquiola; si se queda callada tras la denuncia de la activista Diasniurka Salcedo de una violación mientras era conducida en una patrulla, no puede representar a todas las mujeres del país ni constituir el mecanismo nacional para el “adelanto” de estas.

Un programa nacional para el adelanto de las mujeres que se proponga algo más que lograr una buena imagen ante la opinión pública, no solo debe tener en cuenta la nueva realidad económica del país, sino las realidades política y social.

Las responsables de este programa no pueden continuar ignorando la diversidad política que existe en Cuba. Muchas cubanas opositoras, activistas o periodistas independientes están siendo violentadas debido a su oposición política y sus críticas al Gobierno.

La FMC debería representar a todas las mujeres cubanas, con independencia de su orientación política, sobre todo en un país donde las autoridades niegan el reconocimiento legal a cualquier otra organización que pretenda defender los derechos de las mujeres.

No es solo ante los abusos contra opositoras, activistas y periodistas independientes, que la FMC mira a otro lado y defiende los intereses del Gobierno. Son muchas las cubanas cuyas viviendas están en peligro de derrumbe o han colapsado, y se han visto obligadas a invadir con sus hijos locales abandonados del Estado o a levantar remedos de viviendas en asentamientos que las autoridades clasifican como ilegales. ¿Qué ha hecho la FMC cuando estas madres han sido desalojadas o amenazadas de desalojo, por las fuerzas policiales? Nada.

La FMC no puede hacer nada porque es la representación del Estado y eso le impide imparcialidad. ¿Qué evaluación podría hacer entonces de las políticas del Estado hacia las mujeres cubanas?

¿Qué se puede esperar de un informe sobre el Estado cubano presentado por la FMC ante el Comité de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer?

Un millón de mujeres económicamente inactivas

Una de las áreas del programa nacional es el empoderamiento económico de la mujer. De acuerdo con las cifras de Teresa Amarelle, en Cuba hay un millón de mujeres económicamente inactivas. “Una de las razones más comunes es que gran parte de la población envejecida del país es femenina, y otro gran porciento ejerce como cuidadora de adultos mayores”, explicó.

Deberían tomarse medidas para esa población envejecida y olvidada tanto como para sus cuidadoras, no basta con “un salario de cuidador” cuando estas personas, dado su estado o situación, no tienen acceso a empoderamiento económico alguno.

Entre estas medidas, debería considerarse el aumento de las capacidades en Círculos de Abuelos de día, que permitan al núcleo familiar tener un empleo y acceder a un salario. Por otra parte, no existe un pronunciamiento de la FMC de conjunto con la CTC para abordar con justicia los despidos laborales que, por razones ideológicas, sufren opositoras y activistas, con la correspondiente pérdida de sostén económico para sus familias. También pierde la sociedad si en un centro de enseñanza se despide a una profesora o un hospital a una profesional de la salud, por su activismo o sus ideas políticas.

No existe una propuesta de Ley integral contra la violencia de género

Teresa Amaralle afirma que “una mujer que sea víctima de violencia, una sola, ya es para nosotros un tema a analizar y discutir”, y que “el tema de la violencia transversaliza todos los objetivos del programa”. Sin embargo, la organización que ella dirige y que supuestamente representa a todas las mujeres del país, no ha exigido a la Asamblea Nacional, de mayoría femenina, una ley integral contra la violencia de género.

La viceministra primera del Ministerio de Justicia, Rosabel Gamón, habló en la Mesa Redonda de la importancia del área de legislación y derecho, el marco normativo y sistema de protección contra toda forma de discriminación y violencia dentro del programa nacional. Asimismo, se refirió a la responsabilidad del Ministerio de Justicia en garantizar un lenguaje inclusivo en la elaboración de las leyes y decretos leyes. Pero no mencionó la posibilidad de una ley contra la violencia de género, ni la aprobación de ninguna norma específica para garantizar la protección contra toda forma de discriminación.

Según la viceministra, también es preciso capacitar a los estudiantes y profesionales del Derecho. Actualmente existe un enfoque de género dentro de los órganos encargados de impartir justicia, pero su aplicación depende de la iniciativa personal de cada operador del Derecho. De ahí que encontremos tanta variedad de sentencias, unas que reivindican los derechos de las mujeres y otras en las que, siendo víctimas, se les hace sentir culpables, por ejemplo cuando se insinúa que una mujer fue violada por llevar un vestido demasiado corto.

La lucha contra todas las formas de discriminación contra la mujer comienza por escuchar a quienes la sufren —sin importar si la víctima es una revolucionaria u opositora— y por castigar al perpetrador, sea o no su pareja, sea un ciudadano común, un agente de la Policía o de la Seguridad del Estado. El silencio institucional hacia las víctimas también es violencia.