Presionado por la crisis económica que atraviesa el país y por los constantes fracasos a la hora de captar proyectos de inversión extranjera, el Gobierno cubano autorizó la participación mayoritaria de capital foráneo en algunas empresas mixtas de la Isla, pero, ¿es suficiente?

Con la apertura de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel en 2013 y la aprobación de una Ley de Inversión Extranjera en 2014 las autoridades cubanas intentaron impulsar este tipo de negocios, pero la estrategia ha fracasado una y otra vez. Basta saber que de los 12.500 millones de dólares que el Gobierno esperaba recuadrar en un período de cinco años a través del puerto del Mariel solo alcanzó 1.191 millones, el 9,5%.

El economista cubano Omar Everleny afirmó en un artículo publicado por la agencia IPS que más allá de factores externos, como la Ley Helms Burton y su capítulo III, los motivos del fracaso de este tipo de proyectos están relacionados con principalmente con factores internos.

Una de las principales cuestiones que frena las negociaciones con empresas extranjeras es la dificultad de los inversores a la hora de sacar los beneficios de Cuba, pues pese a que la Ley No.118 permite dichas operaciones, en los últimos años el Gobierno no ha otorgado la suficiente liquidez a sus socios para que puedan expatriar sus ganancias.

Otro factor que inquieta a los inversores foráneos es la facilidad con que los gobernantes de la Isla cambian las reglas de juego pues, por su propia naturaleza, el régimen cubano no permite contrapesos políticos ni jurídicos que permitan defenderse a los empresarios ante la aprobación de normativas que los perjudiquen.

Everleny añade en su análisis como otro de los factores negativos la burocracia, pues los empresarios, habituados a tomar decisiones con cierto grado de agilidad, son sometidos a largos procesos en los que tienen que pedir cientos de autorizaciones a todos los niveles para los más diversos asuntos.

Además, el economista agrega que “mucho menos están acostumbrados a que después de tomar una decisión por el máximo órgano de Gobierno de la entidad, como es la Junta de Accionistas, el socio cubano les pida dejar de hacer algo ya aprobado, porque su ministerio así lo ha solicitado”.

La falta de autonomía financiera y administrativa es otro de los impedimentos a la hora de realizar una inversión en Cuba, además de la imposición de una fecha de caducidad a los negocios, cuando los empresarios están adaptados a cerrarlos por decisión propia o por la quiebra.

“No hay costumbre internacional en crear un negocio, preparar personal, crear mercados, establecer marcas, etc., para que todo ese esfuerzo solo sirva para amortizar la inversión al cabo de unos años y recibir dividendos por otros contados años, debiendo posteriormente el inversionista desprenderse y olvidarse del negocio creado”, explica Everleny.

La obligatoriedad de realizar la captación del personal a través de empresas empleadoras estatales es otro freno a los inversores, pues les cuesta entender que el salario de sus trabajadores en Moneda Libremente Convertible vaya a manos de dicha entidad, que se queda con la mayor parte, entregándole solamente un exiguo dividendo a los empleados.

Otro motivo que limita este tipo de acuerdos es la preferencia de Gobierno cubano por negociar con empresas de gran envergadura y prestigio que pretendan invertir elevadas sumas de dinero, desestimando de ese modo a otras entidades de menor capacidad, pero en muchos casos más interesadas en explorar el mercado de la Isla.

El economista cubano Elías Amor, en un texto publicado en su blog, concluye que las nuevas medidas significan que “el capital productivo de todos los cubanos, según dice la Constitución, está en venta, pero solo para extranjeros, que se van a adueñar, con participaciones mayoritarias, del mismo”.

El especialista finalizó señalando que con las nuevas disposiciones “los cubanos tendrán que seguir siendo pobres y lo que es peor, viendo como una clase política dirigente comunista malvende a extranjeros el patrimonio que decían que era colectivo”.