Conforme se van estudiando los decretos y resoluciones publicados en la Gaceta del pasado 10 de diciembre, se van viendo cosas que van a tener consecuencias negativas en el devenir de la economía cubana en los próximos meses.

En este trabajo hacemos referencia al Decreto Ley No 24, que describe cómo se va a financiar la Tarea Ordenamiento en curso a partir del 1 de enero. La respuesta, como cabría esperar, es por medio de incremento del déficit y la deuda.

El Decreto Ley citado contiene una ampliación presupuestaria a la vista que el presupuesto del Estado inicial para 2020, contenido en la Ley No. 130 “Del Presupuesto del Estado para el año 2020”, de 20 de diciembre de 2019, modificada posteriormente por el Decreto-ley No. 12, de 28 de julio de 2020, se ha quedado corto porque no incorporaba suficientes recursos de gasto para atender las medidas que se van a incluir en la Tarea Ordenamiento.

Es decir, la operación en la que se embarca el régimen el 1 de enero cuesta recursos del presupuesto, que obligan a incrementar el déficit y la deuda, aspectos claramente negativos por cuanto suponen de empobrecimiento real para los cubanos en el medio plazo.

Los dirigentes comunistas no tienen problemas. Cada vez que se embarcan en una aventura en la que hay que gastar y gastar olvidándose del rigor presupuestario, se olvidan de todos sus compromisos de gradualidad fiscal y de medidas compatibles con el equilibrio interno, y de un plumazo se cargan los tímidos y escasos avances que se venían produciendo en la corrección del déficit.

Más aun cuando las medidas que trae consigo la Tarea Ordenamiento en el orden de salarios, pensiones y subsidios no se pueden financiar, ni de lejos, con el recurso a los impuestos, tasas y contribuciones que el régimen obtiene por medio de la Ley No. 113 “Del Sistema Tributario”, de 23 de julio de 2012. Y mucho menos, con el recurso a los ingresos no tributarios de sus empresas, en franco declive como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

De hecho, han aprovechado el mismo Decreto ley No 24 para “aplicar el Impuesto sobre los ingresos personales a los trabajadores del sistema empresarial cubano, del sector presupuestado, a los que laboran en el sector de la inversión extranjera y a los contratados por entidades autorizadas a suministrar fuerza de trabajo a concesionarios y usuarios que se establezcan en la Zona Especial de Desarrollo Mariel”. Ya se verá cuánto recaudan.

De modo que, como no hay dinero, como no hay controles ni parlamentarios ni políticos, y como las cosas se hacen mal, muy mal, el régimen tiene que publicar el Decreto ley 24 para gastar más, incurrir en déficit y volver a disparar la bola de la deuda pública. Si realmente los dirigentes se creyeran eso que denominan “perfeccionamiento paulatino de la Administración Financiera del Estado” no habrían sido capaces de asumir ni justificar el aumento del déficit contemplado.

Y de ese modo, utilizando el poder absoluto e incuestionable que otorga la Constitución de partido único identificado con Gobierno y Estado, se expone que “como consecuencia de la aplicación de la Reforma General de Salarios y Pensiones, se registran en el ejercicio fiscal 2020 gastos asociados al incremento de salarios y otros ingresos devengados y los tributos asociados, de los trabajadores del sector presupuestado y de organizaciones y asociaciones que lo demandan; así como de las pensiones de la seguridad social, los que no están considerados en el enmarcamiento presupuestario establecido en la Ley No. 130”.

Por lo expuesto, “se hace preciso incrementar el déficit fiscal de 2020 en 8.066,6 millones de pesos (alrededor del 8% del PIB), elevando la cifra del déficit total del ejercicio hasta los 20.733,9 millones pesos”, lo que implica que la participación del déficit público en el PIB de la economía cubana en 2020 asciende casi a un 20%, situación que se ve agravada lógicamente por el descenso del PIB de un 8% anunciado por CEPAL.

El peor aumento del déficit, en el momento menos oportuno. Como consecuencia de ello, el nivel de endeudamiento que reconocen las autoridades se incrementa a casi 30.000 millones de pesos, en concreto, 26.350,6 millones. Un monto que, con las facilidades de quien gasta y gasta sin control, se financia con el recurso ya conocido a los bonos soberanos al 0,5% de interés y con plazo de 1 a 50 años, en el Banco Central: más expansión monetaria, más tensión inflacionista. Y no hay más cuento.

La pregunta que se suscita la vista de estos datos es la siguiente: habiendo tenido suficiente tiempo desde 2011 para preparar la Tarea Ordenamiento, y consumiendo horas de trabajo que nadie duda, ¿por qué no crearon un fondo financiero específico destinado a cubrir el coste de las reformas? ¿Por qué han esperado al último momento para reventar el déficit y situar a la economía cubana en bancarrota institucional?

Un déficit superior al 20% del PIB, es decir, más de la quinta parte de la riqueza generada, deja muy poco espacio para la actividad privada, de ahí la ineficacia y la falta de productividad de la economía cubana.

Esta falta de previsión en la gestión pública no es un episodio de ahora. Tiene lugar, porque nadie va a dar explicación alguna en los foros de participación, ya que están bajo control del Gobierno. Habría que saber qué piensa la Contralora, la señora Bejarano, de todo esto.

En cualquier caso, la Tarea Ordenamiento empieza costando a los cubanos 26.350,6 millones de pesos que habrá que pagar en algún momento. El déficit de 2020 se ha disparado por falta de previsión de las autoridades y su dimensión es una representación exacta del grado de complejidad del momento para acometer las reformas, citando al propio Díaz-Canel.

A pesar de la gravedad de estas cifras y su falta de oportunidad, los dirigentes comunistas saben que nadie en el Consejo de Estado, ni en Asamblea Nacional del Poder Popular, que se reúne por estos días, dirá nada. Otros ya pagarán las aventuras del ordenamiento monetario y cambiario. Una factura más, tal vez la mas grave, que se añade a la experiencia traumática que van a vivir los cubanos próximamente.