Elías Amor Bravo, economista

Pasar de un sistema de subsidios generalizados a las empresas a otro aún no bien definido, genera las dudas e incertidumbres propias de quién ignora el sentido de las decisiones de política económica sobre el comportamiento de la sociedad. Pensar que 61 años más tarde, el modelo social comunista cubano todavía puede funcionar con parches, es una quimera que ningún dirigente cree realmente, pero así y todo, el empeño ideológico los llevará al desastre, más pronto que nunca.

La tormenta perfecta que se está produciendo en Cuba con la combinación de la recesión anunciada por el ministro de economía en la Asamblea nacional el pasado día 17 de diciembre, la aplicación de las medidas de la llamada Estrategia, y ahora, a partir del 1 de enero, con la Tarea ordenamiento, acabará pasando factura a la economía y sociedad cubana en diversos aspectos y cuestiones para las que los dirigentes no tienen respuesta, ni modo de afrontarlos.

Ahora están con el asunto de las tarifas eléctricas que se habían previsto inicialmente y en mesa redonda, Murillo comparece para decir que ni si ni no, sino todo lo contrario, lo que una vez más genera incertidumbre y preocupación en una población que recibe de sueldo medio unos 36 dólares al mes

Y para justificar su participación en este programa, que utilizan los dirigentes comunistas para dar a conocer sus experimentos económicos y políticos, se inventa un estudio sociológico a la población que, según él, permite al gobierno atender “cada una de las opiniones de la población de manera respetuosa”, o como dijo Raúl Castro “manteniendo los pies y oídos pegados a la tierra”.

Díaz-Canel también se apuntó al carro revisionista en la Asamblea Nacional cuando dijo que “se revisará lo que haya que revisar y se corregirá lo que deba y pueda ser corregido” parafraseando al gran Marx, no precisamente el autor del modelo económico impuesto en Cuba por la fuerza, sino al hermano líder que ofrecía “estos son mis principios, pero si no le gustan tengo estos otros”.

Las tarifas eléctricas anunciadas han entrado en la categoría de cosas que se tienen que revisar, como otras tantas, durante los últimos años. Lo peor de todo es mezclar churras con merinas, y en esto los dirigentes comunistas son expertos. La idea de mezclar el aumento de salarios, con la devaluación de la moneda unificada y el lógico aumento de precios que se va a producir, no tiene nada que ver con la eliminación de subsidios a los precios de las empresas poco eficientes que no son capaces de reducir sus costes para producir en la escala técnica eficiente, y además ganar dinero. Este es el núcleo del problema, y lo demás es mirar la paja en el ojo ajeno.

En Cuba, la generación de energía eléctrica corre a cargo de un monopolio del estado que emplea para la producción un 95% de fuentes energéticas correspondientes a los combustibles fósiles. En concreto, el petróleo y sus derivados, de los cuales el diésel, es el más caro. De momento, las energías renovables presentan una participación marginal en la producción, porque se confía más en el capital extranjero que en las inversiones de un gobierno preocupado por construir habitaciones en sus hoteles, más que otra cosa.

También se utiliza gas natural, con las mismas limitaciones que el petróleo, con el que se alimentan las plantas termoeléctricas, así como el fuel oil y el diésel para las baterías de grupos electrógenos, que resultan los más caros sistemas de generación.

Cuba, por otra parte, no produce petróleo, de modo que un 48% de los combustibles empleados en la generación es importado, a unos precios que, además del producto, incluyen conceptos de “primas impuestas por los suministradores para resarcirse del posible riesgo de ser sancionados, debido a la aplicación del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, a lo cual se suman los costos de los fletes y seguros”.

En realidad, todo esto tiene una explicación mucho más sencilla de los hechos: los suministros de Venezuela (principal proveedor de la isla) han caído en picado desde 2016, como consecuencia de la grave crisis de ese país, y Cuba no tiene acceso a financiación para la compra de petróleo en los mercados mundiales porque no paga a sus acreedores y prestamistas(verbigracia, Club de París). La dura realidad que se acaba imponiendo, por muchos argumentos que se ofrezcan.

Lo que Murillo dijo relativo a que “la generación, la transmisión y la distribución de la electricidad son procesos costosos” es algo que comparten numerosos países del mundo, y ninguno tiene los problemas de Cuba. Hay países que no tienen ni una gota de petróleo, pero que no presentan los problemas citados.

En realidad, el petróleo, actualmente por debajo de los 50 dólares el barril, registra una de las cotizaciones reales más bajas de las últimas décadas. Es decir, está muy barato. El problema de Cuba, el específico, se encuentra en que los costes de producción de la electricidad, muy altos, se financian con cargo al presupuesto del estado por medio de subsidios. Básicamente porque el monopolio encargado de producir y dar el servicio opera a unos costes muy elevados que impiden a los ciudadanos y empresas pagar el precio real.

Lo hemos explicado en este blog muchas veces. La solución es acometer cambios en el modelo de producción y suministro de electricidad. Algunos cambios van a exigir importantes inversiones que el gobierno tiene que afrontar, porque nadie le va a dar nada gratis. Reducir la dependencia del petróleo, apostar por renovables, por el almacenamiento de energía, son retos de la cuarta revolución industrial que apuntan a un modelo económico distinto al existente en la Isla.

Los apaños a corto plazo de la Tarea ordenamiento, como las políticas de ahorro o en el caso que nos ocupa, el establecimiento de una tarifa progresiva que establezca que a mayor consumo más alto será el pago, van a ser pan para hoy y hambre para mañana. Y sobre todo, habrá que ir pensando en la respuesta a una serie de cuestiones ¿Qué tipo de beneficios piensa a dar el monopolio estatal eléctrico a sus clientes por establecer la nueva tarifa?

Es decir ¿qué ventaja tendrá el consumidor de dejar de cocinar alimentos con electricidad, con gas licuado de petróleo, con queroseno? Y sobre todo, ¿cómo podrá realizar esas tareas con otros modelos de consumo?

Murillo introdujo la idea de realizar una actuación en materia de política fiscal que él calificó de “sacrificio” con el objetivo de respaldar la nueva tarifa aprobada. De acuerdo con su intervención, “si se incrementan los consumos y se producen desviaciones de costos por encima del análisis, esto podría costar aproximadamente 5.000 millones de pesos por encima de los 17.800 millones previstos en el presupuesto del estado para el subsidio de las tarifas”. Es decir, ese mayor coste no se podrá afrontar con el mismo déficit fiscal que se ha aprobado recientemente en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que a pesar de su dimensión (alrededor del 20% del PIB) parece que se ha quedado corto enseguida.

Murillo trató de justificar ante la audiencia la nueva tarifa eléctrica que según él establece “una combinación de reducción de costos del kilowatt-hora” que no solo va a beneficiar los tres tramos donde se concentraban las mayores preocupaciones de la población, sino a todos los tramos. Pero la realidad es que muchos espectadores no debieron creer su argumento. Y hacen bien.

Porque la modificación de los tramos no implica reducción de costos, ni ayuda a la población y mucho menos sirve para estimular el ahorro. Lo que hacen los tramos es complicar la comprensión para el ciudadano de lo que va a pagar a partir de ahora por la electricidad, una actuación que va justo en la dirección contraria de muchas empresas de servicios. El ejemplo está claro. En el tramo de consumo por encima de los 500 kWh no va a haber subsidio a partir de la entrada en vigor de las nuevas tarifas, el precio queda ahora en 1.530 pesos. Para justificar el cambio, Murillo se consoló diciendo que hasta el nivel de 500 kWh se concentra el 97,8% del consumo que parece que si se beneficiará de la reducción de tarifas del monopolio eléctrico.

Las cartas sobre la mesa. Murillo pretende con su política de tarifa controlar el consumo de electricidad. Al menos, quiere que el mercado funcione en algún sitio. Quiere que la población, de forma mayoritaria, concentre su consumo en el entorno de los 500 hasta los 700 kWh como máximo. Así que nada de aire acondicionado, de mejorar el confort doméstico, de no apagar las luces, etc. a partir del 1 de enero, Murillo quiere limitar, vía precio, el consumo de electricidad. Pues quiero señalar que esta política tiene muy poco de social.

Porque quienes van a pagar más en proporción a sus rentas por la electricidad, no van a ser los cubanos de mayores salarios, sino como siempre, los que ganan menos, llámese pensión mínima o salario mínimo. No sólo se verán obligados a vivir en peores condiciones, ya que no podrán comprar un aire acondicionado, o una cocina nueva, por mucho dinero que sus hijos envíen como remesas de Estados Unidos, ya que luego la factura eléctrica será muy alta. Murillo quiere que los cubanos más pobres sigan como están ahora, y que los más ricos, paguen. Esto es lo que ocurre con las políticas de precios. Y esto es lo que va a ocurrir en el régimen comunista cubano, el paraíso de los pobres.