Todos los funcionarios, incluidos los represores de la policía política y periodistas de la prensa oficialista, que criminalizan a otros ciudadanos, reciben sus salarios del presupuesto del Estado, es decir, de la caja a la que aportan todos los cubanos; parece una obviedad, pero no lo es después de seis décadas de falta de cultura económica y desconocimiento sobre cómo se financia el Estado.

Según el presupuesto general para 2021, los ingresos tributarios serán de 113.910.000.000, el 39% de los ingresos del Estado. Estos son los tributos a pagar por las empresas y los ciudadanos a través de, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos personales, por la propiedad de viviendas, por la propiedad o posesión de vehículos de motor y de tracción animal destinados al transporte terrestre, el impuesto sobre transmisiones de bienes inmuebles y muebles registrables y el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo asalariada, entre otros.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la recaudación tributaria de Cuba en 2018 representó el 42.3% del Producto Interno Bruto, ubicándose por encima del promedio de América Latina y el Caribe (23.1%), de 19.2 puntos porcentuales, y por encima del promedio de los países miembros de la OCDE (34.3%). Es decir, la presión fiscal en Cuba es significativamente alta, por muy disimulada que esté.

La recaudación tributaria junto a otros ingresos van a la caja del Estado y éste los administra, dedicándolos a los diferentes sectores y actividades.

Otro elemento importante es la deuda pública, aquella que el Estado tiene con inversores particulares y con otros países, la contrae para financiarse ante el déficit y el pago de obligaciones vencidas, pero que deberá ser pagada por el conjunto de la ciudadanía, incluso aunque el régimen actual cambiara.

Para ser más claros, la deuda externa que Cuba asume con otros países o con instituciones financieras internacionales, no es del Partido Comunista ni del Gobierno, sino del país, de todos los cubanos. La deuda pública que las actuales generaciones y las futuras asumirán, solamente en 2021, será de 132.524.200.000, alrededor de 12.000 pesos por cada ciudadano, lo que equivale a 5.7 salarios mínimos de cada uno de estos.

Razones no faltan para que estos asuntos fueran objeto de amplia difusión y parte de una formación integral en las escuelas. Ello tiene importantes consecuencias cívicas: el dinero público, aunque sea manejado por el Estado, es de todos los cubanos. La deuda que contrae el Estado es también la deuda de todos. Por ello los ciudadanos deberían tener el derecho y el deber de fiscalizar la actividad de la administración y asegurarse de que el dinero de los contribuyentes esté siendo empleado de manera correcta y no para reprimir o para mantener estructuras parasitarias.

A la vez, existe una obligación del propio Estado, y en especial del Gobierno, de emplear el dinero público de manera transparente y eficiente, respondiendo a las principales necesidades del país, por ejemplo, en los servicios públicos, la salud, la educación, el apoyo a los desamparados.

En ningún caso se justifica la financiación estatal del improductivo aparato de propaganda política nacional e internacional mientras el 76% de los cubanos consultados califica entre regular y muy malo el “abastecimiento de material médico e insumos hospitalarios”, y seis de cada diez consideran entre regular y muy malo tanto el “acceso a exámenes médicos complementarios” como el “estado de las instalaciones hospitalarias”; todos ellos según el último Informe sobre los Derechos Sociales.

La actividad de la policía y de los diferentes órganos de seguridad es medular para cualquier país y Cuba no es la excepción. El Estado enfrenta amenazas muy complejas, entre ellas la del crimen organizado trasnacional, y por tanto, debe tener capacidad de anticipación y respuesta. Pero por esta misma razón es que se impone una reflexión sobre la importancia de que los recursos de todos y el tiempo de los funcionarios no sean dedicados a reprimir ni a desacreditar a otros cubanos, ni a quienes viven dentro de Cuba ni a quienes residen en el exterior.

Todo ello se refuerza todavía más bajo el principio de que las funciones estatales deben desarrollarse con estricto respeto a los derechos humanos.

El abuso físico o moral ejecutado por un funcionario público, por iniciativa propia o por una supuesta obediencia debida, es una lacra social que hay que erradicar. La zafiedad actual es consecuencia de una forma de entender el poder basada en el sometimiento y no en el servicio. En la medida en que los ciudadanos sean más conscientes de que deberán apretarse el cinturón, entre otras cosas, para mantener a estos malos funcionarios, estarán menos dispuestos a tolerar los abusos.