Humberto López, abogado y periodista de la televisión cubana, cerró el 2020 jugando a las mentiras. El pasado 23 de diciembre, invitó al actual ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, a su programa “Hacemos Cuba”.

Ex magistrado del Tribunal Supremo, Silvera Martínez alegó que, en la actualidad, no es necesaria ni prudente la aprobación de la Ley de Amparo Constitucional, aplazada hasta diciembre de 2021, ya que el Tribunal Supremo dictó la Instrucción 245 en junio de 2019, “que habilitó de forma muy rápida las posibilidades (…) de ejercer por las personas esas acciones, esas demandas”. Afirmó además, con omisión total del sentido de la invocada Instrucción, que “la norma constitucional es norma jurídica directa aplicable e invocable”, por tanto, no debe traer dificultad a los tribunales para que se admitan las demandas que sean presentadas bajo las citadas reglas.

Seguidamente, confirmando que no se ha leído la Instrucción 245, que desconoce las reglas de interpretación de las disposiciones jurídicas, y demostrando a su vez una subordinación plena a la maquinaria de la mentira, el presentador López sostuvo que “la existencia de esta Instrucción del Tribunal Supremo (…) permite (…) que usted reclame ante una posible vulneración de esos derechos [constitucionales] a los tribunales porque, repito, está esa Instrucción ahí”.

En efecto, la Instrucción 245 existe, es alegable como fundamento de derecho, pero única y exclusivamente cuando una persona denuncie que le han arrebatado sin arreglo a ley ni a justicia bienes de su propiedad por acto o resolución administrativa, según se lee en su apartado PRIMERO. Para ningún otro tipo de demandas sirve dicha Instrucción.

Por tanto, las justificaciones encontradas por ministro y presentador son claramente falsas. Lo que intentan ambos es confundir a la ciudadanía, en sintonía con una Seguridad del Estado y una dirección del Partido Comunista que, a través de la Asamblea Nacional, aprobaron el 17 de diciembre un nuevo Cronograma Legislativo que deja para finales de 2022 la Ley de Reclamación de Derechos Constitucionales y para fecha incierta de 2023 la Ley de Reunión y Manifestación.

Ambas disposiciones debían ponerse en manos de los cubanos a más tardar en octubre de 2020, pero la crisis agudizada por los efectos del Covid-19, el MSI, el 27N y cierto despertar cívico, no lo hizo aconsejable.

Por lo visto, para la élite gobernante de Cuba, no es prudente dar derechos de reclamación ni ofrecer vías expeditas que procuren con civismo el cambio que reclama el país. La cúpula es ya incapaz de pilotar el destino de Cuba en una dirección que garantice las libertades ciudadanas.

De hecho, el propio ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, es un ejemplo más de ese rumbo fallido. Ya como jefe de Despacho y vicepresidente del Tribunal Supremo, o como máximo asesor de asuntos penales de naturaleza política, sus discursos internos llevaron más consignas que principios jurídicos. Unido a ello, sus vínculos con jerarcas de los órganos de Inteligencia —en especial con Alejandro Castro Espín, ex jefe del llamado Departamento 24, Órgano de Control, Vigilancia e Información de los máximos dirigentes del país—, le permitieron ostentar un cargo de alto nivel.

Con tales antecedentes y experiencias, no es irracional pensar que el ministro se ha prestado exprofesamente para insultar en público la inteligencia de decenas de miles de abogados, fiscales, jueces y académicos que observan su desenvolvimiento.

El veterano magistrado Diaz Tenrreiro; la actual vicepresidenta del Tribunal Supremo, Farah Saucedo, y las respectivas presidencias de salas provinciales; el presidente de la Organización de Bufetes Colectivos, Ariel Mantecón Ramos; los constitucionalistas del Departamento Jurídico Básico de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana como el reconocido Andry Matilla Correa o Yuri Pérez Martínez, junto al procesalista Juan Mendoza Díaz, debieron quedar atónitos con una parte sustancial de la intervención del ministro.

¿Cómo se traduce la justicia para los periodistas independientes, intelectuales, artistas, activistas, disidentes y opositores que día a día pagan con desempleo, amenazas, impedimento de entrada o salida al país, prisión, difamación y salud física y mental las graves violaciones de derechos humanos?

Para ellos —contrario a lo que asegura el ministro de Justicia— no existe ley que los ampare.

El 31 de enero de 2020, siete meses después de promulgada la instrucción 245, la periodista Iliana Hernández recibió de la Sala Segunda de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana la desestimación judicial por la violación de su derecho de salida del país, al considerar los jueces que “no debe ser admitida a sustanciación, toda vez que aún no se han promulgado en nuestro país las leyes que desarrollan el precepto…”

Entonces, ¿se alejan los magistrados de la legalidad, o las mentiras forman parte de la cotidianidad?