LA HABANA, Cuba. – Desde que el 10 de diciembre de 2020 el gobernante Miguel Díaz-Canel anunciara la “Tarea Ordenamiento”, y los diferentes ministerios publicaran información sobre los bienes y servicios cuyos precios serían modificados en virtud del incremento salarial, los cubanos intentaron prepararse para lo que vendría, toda vez que la praxis socialista ha demostrado que el alza en costos jamás ha venido acompañada de un aumento proporcional en términos de calidad.

La relación entre los salarios establecidos y el costo de la vida en Cuba muestra un balance negativo, con el agravante de que las nuevas tarifas a pagar por la corriente eléctrica, el gas y el agua causarán una mengua significativa en el bolsillo de todos. Las primeras insatisfacciones se han verificado al momento de comprar el pan normado, conocer los precios de la heladería Coppelia y tener la certeza de que la Empresa Eléctrica no rebajó por bondad sus tarifas tras la ola de indignación ciudadana a raíz de los 40 centavos por kilowatt hora; sino que el régimen, como el rapaz negociador que es, manipuló a la población con números de espanto para luego de las protestas colocar la cifra justo donde le convenía, haciendo lucir la jugarreta como un ejercicio de democracia.

En el circuito estatal todo marcha sin grandes expectativas, pero el sector privado se ha dejado arrastrar por el pánico y ha disparado los precios a pocos días de iniciado el año, con la economía a nivel de subsuelo y una población que no da crédito al hecho de que la misma pizza por la cual el 30 de diciembre pagaron 3 CUC (75 pesos) ahora valga 200 pesos, de conformidad con la autorización estatal que ha permitido a los particulares incrementar hasta tres veces el costo de sus productos.

Para disgusto de los ciudadanos, solo un reducido número de tiendas aceptan todavía el CUC, lo cual ha provocado confusión en los vueltos, la reaparición del menudeo en moneda nacional, y una afluencia masiva de personas hacia bancos y casas de cambio, donde las colas son fatigosas en especial para los ancianos, que se ven obligados a permanecer de pie durante horas para cambiar los únicos cinco o diez “chavitos” que poseen.

En el sistema de transportación privado la mayoría de los choferes tampoco admiten el CUC. Algunos lo han devaluado por su cuenta a 20 pesos, una práctica usurera que ha desembocado en discusiones con los pasajeros.

La nueva política de precios implementada por el régimen no pasa de ser un vil ejercicio de regateo, un juego donde el poder, habiendo decidido de antemano el cauce de los acontecimientos, finge escuchar las quejas del pueblo y ceder comprensivamente ante sus reclamos. Mientras la mayor parte de la ciudadanía se desespera haciendo cuentas que no conducen a finales felices, muchos pensionados han dejado de comprar parcial o totalmente la canasta básica porque temen quedarse sin dinero para comprar sus medicinas, que casi nunca llegan a la farmacia pero sí aparecen en el mercado negro a precios criminales.

En un país que supera los dos millones de ancianos (1.000.671 jubilados y 185.000 beneficiarios de la Seguridad Social) pareciera que nadie tuvo a bien realizar un estudio concienzudo de cuántos viven solos o con algún dependiente. El régimen ha asumido que todos los cubanos reciben dinero del exterior, roban o son dueños de un patrimonio que les permite navegar en el mar de ideas descabelladas que fluye del Consejo de Ministros; y que cada viejo al que no le alcanza el retiro cuenta con un emisor de remesas o un vecino piadoso que le proporciona al menos un plato de comida todos los días.

La realidad en Cuba, sin embargo, es muy diferente. Si los funcionarios pensaran como país con el mismo ahínco que imprimen al triunfalismo y la demagogia, sabrían que son muchos los ancianos que por estos días sufren desamparo, hambre y frío; que las madres no hacen otra cosa que inventariar, remendar y sacar la misma cuenta mil veces para obtener idéntico resultado; y que los jóvenes se sienten cada vez más ajenos a cualquier proyecto de vida que tenga a Cuba como telón de fondo.

Según Marta Elena Feitó Cabrera ―ministra de Trabajo y Seguridad Social―, con la nueva “Tarea Ordenamiento” no se ha producido un alza en los salarios, sino una reforma profunda de la escala salarial para estimular el interés por el trabajo ―específicamente entre los jóvenes―, la superación profesional y la ocupación de cargos directivos. A juzgar por las opiniones recabadas por el equipo de CubaNet, las aspiraciones ministeriales y el sentir de la ciudadanía galopan en sentidos opuestos.

La resignación ha dado paso a duras expresiones de rechazo a la gestión gubernamental, en tanto el problema de la alimentación se agrava, los dólares no aparecen y las fuerzas productivas continúan atadas. No es más de lo mismo, como algunos creyeron al principio. Es peor. El poder adquisitivo de los salarios ha disminuido de forma drástica, y no bastando con ello, miles de trabajadores tienen atrasado el pago de enero por causa de la ineficiencia y el burocratismo.

A la incertidumbre provocada por un daño económico irreversible, se añade el aumento de contagios por COVID-19 que podría acarrear un nuevo cierre de fronteras u otra cuarentena para La Habana, con la carga de limitaciones y represión policial que dicha circunstancia implica. Ha sido un comienzo de año muy pesaroso para los cubanos, cuyas vidas paradójicamente se siguen hundiendo en el caos de la “Tarea Ordenamiento”.

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Ana León y Augusto César San Martín

Periodistas independientes. Residen en La Habana