La agricultura es un sector capital de la nación cubana por lo que representa para el millón de personas que en ella labora y lo que implica para los 11 millones que de ella se alimentan. Por eso, resulta llamativo cuánto tardó el Gobierno en explicar los efectos de la Tarea Ordenamiento para un rubro, de cuya evolución dependen en gran medida sus esperanzas de controlar la inflación.

La espera no fue en vano, la sorpresa ha sido mayúscula: los sesudos del Gobierno no han logrado diseñar, dentro de la Tarea Ordenamiento, un esquema de mínima mejoría —incluso dentro del ineficiente sistema actual— para los campesinos cubanos.

Para el agro, la Tarea Ordenamiento es un huracán. En resumen, las cosas quedarán así: los precios mayoristas que el Estado paga a los campesinos suben, pero a ritmo inferior que los salarios de los otros sectores, llevándolos a una situación relativamente peor que antes. Además, los precios de los insumos que los campesinos tienen que comprar al Estado —único proveedor— se encarecen por encima de lo que el Estado pagará a los campesinos por sus producciones.

Por ejemplo, en enero los costos de producir arroz —con el resto de producciones ocurrirá algo similar— pasarán de 2.124 pesos por tonelada a 4.085; es decir, se duplicarán. Mientras, el Estado, que hoy compra esa tonelada a 3.487, tras enero la pagará a 5.439 pesos. El crecimiento aquí es de solo una vez y media; por lo tanto, la rentabilidad del cultivo cae de 0.64 a 0.33.

Para justificar esto, el Estado hace otro cálculo y asegura que tanto antes como después de enero el margen de beneficio neto de la tonelada de arroz será exactamente el mismo, 1.354 pesos. Matemáticamente es posible que sea así, que aun perdiendo rentabilidad el margen de beneficio neto se mantenga más o menos igual, pero —y es un pero enorme— los 1.354 pesos de beneficio que obtendrá el productor mañana, tendrán un poder adquisitivo muy inferior a los 1.354 pesos de beneficio que ha obtenido hoy.

Parece que el Gobierno solo recuerda que devaluó la moneda cuando le conviene.

Según Marino Murillo, la razón por la que así sucede es porque los campesinos cubanos parten de una situación mejor que la del resto de los trabajadores; es decir, el Estado ya les pagaba mucho por sus productos y, por lo tanto, no pueden ahora los campesinos aspirar a que el Estado suba sus remuneraciones al mismo ritmo que va a subir las de los otros sectores.

¿Qué cosa es mucho? Exceptuando el maíz seco, el resto de los productos el Gobierno los paga muy por debajo del precio internacional. Pero si no queremos usar eso como referencia, pensemos que la tonelada de frijol negro que el Estado le pagará a los campesinos a 20.000 pesos, en el mercado negro se vende ya hoy por casi 80.000, y la de arroz, que se pagará a 11.000, por la calle puede comercializarse en 55.000.

Recuérdese que los campesinos cubanos en su inmensa mayoría no son propietarios de la tierra, son usufructuarios que tienen que entregar al Estado la mayor parte de sus cosechas a unos precios que pone… el Estado, por supuesto, como mismo hacían los señores feudales en la Edad Media.

Tanto a precio de mercado internacional como a los que podrían obtener los guajiros vendiéndole a comercializadores privados, es falso que el Estado pague mucho.

Pero aún, asumiendo que efectivamente pagaban mucho como dice Murillo, ese mucho no era porque el Gobierno sintiese un especial cariño por el campesinado, no, había una intencionalidad y esta era —así lo confirma el burócrata— incentivar la producción agropecuaria.

¿Y ya no hay que incentivarla? Si el Gobierno deja de incentivar la producción, las únicas justificantes racionales serían: o que logró el objetivo, o que ya no tiene recursos para continuar haciéndolo, o que se convenció de que es inútil hacerlo.

El Gobierno no aclara por qué abandona esta política de incentivos, pero viendo lo vacías que están las tarimas de los agromercados, tendremos que descartar que sea porque ya se alcanzaron los niveles de producción necesarios.

Tampoco podemos pensar que se acabaron los recursos para estimular financieramente a los campesinos, papel para imprimir dinero no falta, ni dólares para construir hoteles, hacer vacunas que llegarán con siete u ocho meses de retraso, hacer tánganas o pagar la Seguridad del Estado.

Solo nos queda deducir que el Gobierno comprendió, ¡aleluya!, que pagando más, sin antes variar las condiciones objetivas de trabajo —insumos, inversión, libertad de mercado— no habrá mejoría en la productividad; sin embargo, eso es precisamente en lo que se basa toda la Tarea Ordenamiento: pagar más dinero sin respaldo y sin cambiar los modos de producción con la esperanza de que aumente la productividad.

En cualquier caso, raya lo esquizofrénico que en medio de una crisis de alimentos como la que hoy se padece, el Estado cubano decida pagar aún menos a los campesinos. Algo no funciona bien en el Comité Central.

Mientras tanto, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, esa especie de sindicato agrícola, ¿qué dice sobre todo esto? “¡Viva la Revolución! ¡Somos continuidad!”