Hay alternativas que el ejecutivo y sus medios de difusión no toman en cuenta. No es inevitable la terapia de choque neoliberal que impulsa el Gobierno desde el primero de enero de 2021, sin liberar las fuerzas productivas y tratando a los productores como “esclavos”.

No es inevitable que el parlamento siga aprobando leyes y decretos leyes que violan derechos constitucionales. Por otra parte, tampoco es inevitable la omnipresencia de la policía política y sus políticas inconstitucionales e ilegales contra la ciudadanía.

Como bien dicen algunos analistas del totalitarismo histórico, bajo sus normas, la ciudadanía vive en un eterno “caos social” cotidiano. Ese es el estado actual del país. No es necesario que el Gobierno “reprima las fuerzas productivas” e imponga precios “abusivos” a todos los productos y servicios estatales. Tampoco es inevitable mantener y profundizar la desprotección a los ancianos y al 30% de los mayores de 60 años que no tienen pensiones. Igualmente, no es inevitable mantener en la mendicidad a los demás sectores vulnerables que reciben alguna asistencia social.

Tendrían que construir 200 prisiones más de las que ya existen para encerrar a la mitad de la población que revende lo que logra comprar y conseguir. La ley de mercado no se anula con la represión y los topes de precios administrativos. En cada ocasión que el Gobierno lo ha intentado en los últimos 30 años, aumenta exponencialmente la escasez de alimentos y de todo producto de primera necesidad. Con multas, decomiso y cárcel no se dirige ninguna economía.

El “caos social”, en marcha desde hace décadas, pero que desde hace 30 años profundiza el gobierno con sus erráticas políticas, no se debe solo a la incompetencia. Parecería que el Gobierno nos somete a condiciones límites, como rehenes ante un posible segundo acercamiento de la administración de Joe Biden, para entonces ofrecer algo en las negociaciones: “liberar las fuerzas productivas” e intercambiar como concesión en las negociaciones de un segundo deshielo, la liberación de algunos presos políticos de los 138 que contabilizaba la organización Prisoners Defenders en enero de este año. Sepan que esta agenda gubernamental es rechazada de antemano por la sociedad civil independiente cubana.

Los ciudadanos cubanos nunca hemos aprobado el sistema de monopolios estatales que de manera autorizada han impuesto e imponen precios “parisinos” frente a salarios más bajos que en Haití, como son los casos de GAESA, ETECSA, ACOPIO Y MINCEX. ACOPIO debe, aún hoy, miles de pesos a los campesinos, y pone precios al 70% u 80% de sus producciones obligatorias para el Estado, por debajo de los costos de producción. MINCEX sigue prohibiendo la exportación y la importación al margen del Estado. Abrir mercados mayoristas de productos, insumos y maquinarias agrícolas en consignación con capital extranjero y cubano es una demanda ciudadana desde hace décadas. Estar abocados a la hambruna 60 años después, solo es el resultado de la falta de voluntad política del Gobierno.

Economistas como Pedro Monreal señalan la necesidad imperiosa de las pymes en el agro cubano; otros economistas las están señalando como inevitables e imprescindibles desde la crisis de los años 90.

Liberar las fuerzas productivas hoy significa dar las mismas condiciones y derechos, las mismas “reglas del juego”, para todos los actores económicos, además de eliminar los monopolios estatales ineficientes, opacos y arbitrarios. La política económica tiene que apoyar y facilitar la producción agropecuaria de todos los actores, tal y como hacen los países desarrollados. Mientras estos hacen políticas sensatas, el Gobierno cubano hace políticas agropecuarias aberrantes, que obstruyen la producción y el desarrollo del país. No puede ser que los nuevos hacendados cubanos sean solo los retirados del PCC, del Minint o de las Fuerzas Armadas. La experiencia señala que estas nomenclaturas obstruyen hoy en Rusia el desarrollo agropecuario en ese país.

Para ninguna de estas medidas propuestas por la ciudadanía y los economistas se necesitan recursos complementarios, solo exigen el cambio de las políticas económicas del Gobierno y reorientar los recursos hacia el agro cubano y no hacia la construcción de hoteles de GAESA.

El Gobierno ha declarado que la Tarea Ordenamiento incentiva el aumento de ocupados en Cuba: es falso. Cerca del 40% de la población económicamente activa en Cuba no está ocupada, pero los aumentos de salarios sin poder adquisitivo real, gracias a los precios gubernamentales de productos y servicios estatales “abusivos”, anulan cualquier incentivo para incorporarse al trabajo en el país.

Por otra parte, no existe ninguna justificación viable para posponer leyes y decretos por el Covid-19 en Cuba. Esta posposición inconstitucional no responde a la cantidad de diputados que conforman las 10 comisiones de trabajo permanente del Parlamento. Esta posposición legislativa no se ha producido en ningún país y la pandemia es mundial. Peor aún, que las leyes y decretos leyes que aprueba el Parlamento sean inconstitucionales y no ajustadas a la Carta Magna (ilegales) no se debe al Covid, sino que es responsabilidad de los operadores del derecho en Cuba y del propio Gobierno, que pretende no regular los derechos y garantías constitucionales, sino anularlos en sus leyes complementarlas, decretos leyes y resoluciones ministeriales. Respetar la Constitución de la República no necesita de recursos complementarios, solo de la voluntad política gubernamental y de los operadores del derecho.

Tampoco la eliminación de la represión económica, civil y política necesita de recursos financieros complementarios. Basta cambiar la política arbitraria del Minint, la PNR, los fiscales y tribunales, y despenalizar la discrepancia. El gobierno y sus ministros pueden hacerlo, además de despenalizar a los que usan la ley de mercado y cambiar la política criminalizadora de los medios de difusión contra la creciente oposición de los ciudadanos del país ante el “caos social”, la pobreza mayoritaria y la represión, y proponerse la reconciliación nacional, sin generar más violencia de la que ya impone a los ciudadanos. Todas estas alternativas son posibles, facilitarían el bienestar de la población, y ninguna necesita recursos externos.