MIAMI, Estados Unidos.- En su informe anual en materia de Derechos Humanos, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció la “consolidación de tres dictaduras” en la región, como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua, las cuales, dice el texto, “están más fuertes que nunca”.

En una conferencia de prensa para presentar el documento, José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, alertó también de la ausencia de liderazgo en materia de derechos humanos en América Latina, y llamó la atención sobre lo sucedido en 2020, “probablemente uno de los peores años para los derechos humanos, yo me atrevería a decir, en las últimas tres décadas”.

En el apartado dedicado en Cuba en el informe, HRW señaló que “el gobierno cubano reprime y castiga cualquier forma de disenso y crítica pública”, y continúa “utilizando contra sus críticos tácticas como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar, detenciones por períodos breves, multas, acoso en línea, vigilancia y despidos de los puestos de trabajo”.

La ONG se refirió a la presidencia de Miguel Díaz-Canel, y aseguró que su mandato no ha producido cambios positivos en las políticas del gobierno sobre derechos humanos en la Isla, donde persisten las detenciones arbitrarias y los encarcelamientos de corta duración.

En estos procederes “los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención”, y los detenidos reciben “advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva”.

De acuerdo al documento de HRW, que citó a la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, en 2020 en Cuba, entre enero y agosto se produjeron 1 028 detenciones arbitrarias.

HRW denunció que en Cuba a menudo se utilizan todo tipo de métodos para impedir que las personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos, y “es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días”.

Por su parte, uno de los puntos más delicados en la Isla, dice el documento, es la falta de libertad de expresión, ya que el gobierno controla los medios de comunicación y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.

“El gobierno obstaculiza sistemáticamente el acceso a muchos de estos sitios de noticias y blogs dentro de Cuba”. En 2019, “antes del referéndum viciado que avaló una nueva constitución, bloqueó varios sitios de noticias considerados críticos del gobierno, incluidos 14ymedio, Tremenda Nota, CiberCuba, Diario de Cuba y CubaNet”.

Los periodistas independientes, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información contraria al gobierno “suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, acoso en línea, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias”.

En el informe, HRW también se refirió a los presos políticos, y dijo que hasta agosto del pasado año en Cuba habían detenidas 75 personas que se ajustaban a la definición de presos políticos, otras 28 personas estaban detenidas por sus creencias políticas.

La ONG mencionó problemas como las restricciones para entrar o salir del país, las malas condiciones de los centros de detención cubanos, y la falta de derechos laborales, pues aunque la legislación cubana autoriza la formación de sindicatos independientes, “en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba”.

El gobierno cubano “todavía no reconoce a la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos”, actitud que favorece que las autoridades “hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que han intentado documentar abusos”, señaló HRW.

Para la organización es una incongruencia que Cuba haya sido reelegida en octubre de 2020 para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su quinto mandato en los últimos 15 años, teniendo en cuenta “la desastrosa situación de los derechos humanos del país”.

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