He recurrido a la Defensoría del Pueblo porque no tengo otro lugar que pueda ayudarme a defender a mi hijo, Jorge Luis Sotolongo, injustamente en prisión. Él fue condenado a 12 años de privación de libertad por un supuesto delito de corrupción de menores que se sustentó exclusivamente en la palabra de su expareja, pues medicina legal determinó que la víctima, de 13 años de edad, no había sido violada y los psicólogos llegaran a la conclusión de que ella decía mentiras y era incoherente. Todo esto es una confabulación, primero lo acusaron de haberse un robado un caballo y como era falso no pudieron hacer nada. Ahora en esa otra acusación lo condenaron cuando las pruebas lo exoneraban.
Lo que dijo la expareja de mi hijo, Lisandra Fernández Sánchez, no debió haber tenido ninguna credibilidad en ese juicio pues ella y su madre habían sido condenadas y cumplieron prisión por prostitución y corrupción de menores. En ese juicio algunos vecinos declararon que en su casa tenía algo parecido a un burdel. La venganza de Lisandra se debe a que cuando fue condenada mi hijo no quiso volverse a relacionar con ella. Mientras cumplía condena yo me encargué de cuidar y darle todo el cariño a mi nieto, el niño de ambos. En el juicio contra mi hijo uno de los testigos declaró que Lisandra le había mandado una amenaza a Jorge Luis diciendo que él le iba a pagar bien caro el no haber seguido con ella.
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