MIAMI, Estados Unidos. – El abogado chileno José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), denunció la política de prohibición de salida impuesta por el régimen cubano contra activistas, opositores, periodistas independientes y cualquier otra persona que revista interés para las autoridades de la Isla.

Vivanco señaló en Twitter que las prohibiciones de salida son graves violaciones de derechos humanos que muestran en alto grado de control que ejerce el régimen sobre la ciudadanía.

“La política del régimen cubano de prohibir la salida de nacionales de la isla -incluso a través de la humillante figura de “persona regulada”- es una grave violación de DD.HH. La dictadura pretende tratar a los ciudadanos cubanos como si fueran su propia propiedad privada”.

El funcionario se hizo eco de una publicación del periodista argentino Andrés Oppenheimer, quien dijo que las formas de intimidación política empleadas por el régimen cubano parecían sacadas de la popular serie de ciencia y ficción de Netflix “Black Mirror”.

El jurista chileno también hizo referencia al caso de la youtuber cubana Ruhama Fernández, quien fue regulada el pasado 4 de agosto por las autoridades de la Isla por supuestos motivos de “interés público”.

La joven, de apenas 21 años, fue informada de su condición tras visitar una oficina del MININT en Santiago de Cuba, donde pretendía sacar su pasaporte.

Pese a que las autoridades alegaron motivos de “interés público” para regular a la youtuber, Fernández aseguró en redes sociales que el motivo de la medida fue su éxito en el concurso de Red Cuban Power, una iniciativa promovida por el presentador Alex Otaola que premiaba a los ganadores con un viaje al extranjero.

“No puedo salir de mi país, no puedo crecer, no puedo estudiar, no me dejan estudiar acá. ¿Qué quieren que uno haga?”, lamentó la joven.

De acuerdo con el Instituto Patmos, organización dedicada a promover la libertad religiosa entre los cubanos, hasta marzo de 2020 la cifra de ciudadanos cubanos regulados o impedidos de salir del país por motivos políticos había ascendido a 234.

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