La organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) presentó el martes a la opinión pública internacional el proceso penal de ampliación llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI) “622 doctores cubanos contra el Gobierno cubano“.

El proceso, apoyado en un extenso y documentado informe, que fuera entregado el pasado 24 de agosto a las Naciones Unidas y a la CPI, reúne el testimonio de 622 profesionales cubanos que formaron parte de las “misiones internacionalistas” de La Habana.

En el encuentro con la prensa, trasmitido en vivo por YouTube, el presidente de CDP, Javier Larrondo, analizó las leyes y reglamentos en que se ampara el régimen cubano para explotar a los profesionales sanitarios y los salarios que les paga, que promedian unos 489,89 dólares mensuales, mientras el Estado se queda con más de 4.000 dólares como media por cada médico.

Luego intervinieron los médicos cubanos Manoreys Rojas Hernández, excolaborador en Ecuador, y Leonel Rodríguez Álvarez, especialista en Medicina General, excolaborador en Guatemala y Ecuador.

Rojas Hernández contó que la misión fue para él “una vía para obtener una mejora económica y salir del país”. En su caso, le exigieron apoyar al Gobierno de Rafael Correa y hacer trabajo político durante su estancia en Ecuador, y además fue presionado para promocionar el turismo en la Isla, las universidades cubanas y los tratamientos médicos que se realizan en Cuba.

Durante los más de cinco años que lleva sin visitar la Isla, su hija pequeña ha desarrollado crisis nerviosas por su ausencia, lo que la llevó incluso a un intento de suicidio. Rojas Hernández responsabilizó al Gobierno cubano por no permitirle visitar a sus familiares, ni a ellos salir de Cuba, para encontrarse en un tercer país.

Rodríguez Álvarez, por su parte, dijo que durante su estancia en Guatemala y Ecuador lo obligaron a participar en actividades políticas y acusó a los Gobiernos de ambos países por actuar en complicidad con el régimen cubano, al aplicarle un gran número de restricciones impuestas desde La Habana.

El doctor afirmó que en las “misiones” muchas veces el régimen cubano incluye a agentes de la Seguridad del Estado que no tienen ningún tipo de preparación en Medicina, razón por la cual en numerosas ocasiones los gremios médicos acusan a los cubanos de falta de profesionalidad.

También intervino Gilles Campedel, CEO de Prodie Santé, institución multinacional creadora de la primera Brigada Médica Internacional Libre, conformada por médicos cubanos que abandonaron misiones y exiliados venezolanos, que ya cuenta con más de 2.000 brigadistas, y cuyos fines son la integración, la solidaridad y la salud.

La presentación del informe de CPD incluyó un coloquio titulado “La visión desde la política, la Ley y los derechos de los trabajadores”, donde intervinieron la economista Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y el abogado penalista Javier Nart, eurodiputado por Renew Europe y vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de América Central y Cuba.

Charanzová dijo que luego de la firma en 2016 del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y La Habana, la estrategia de la UE consiste en fomentar un cambio positivo en Cuba a través de cooperación y diálogo. No obstante, reconoció haber tenido dudas a la hora de firmar el acuerdo sobre las intenciones del Gobierno cubano de dar un paso adelante en el aspecto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La eurodiputada afirmó que lamentablemente la situación ha ido agravándose en varios frentes, y señaló como uno de ellos a “las ‘misiones médicas’ cubanas y las deplorables condiciones a las que son sometidos los trabajadores”. También afirmó que “es hora de que la gente en Europa conozca sobre las condiciones de vida y trabajo de los médicos, que constituyen formas contemporáneas de esclavitud”.

“La Unión Europea debe hacer frente a los hechos y reconocer que para que esta nueva política hacia Cuba sea exitosa y conduzca a un cambio real es necesario usar las herramientas que recoge el acuerdo, pues las violaciones de los derechos humanos son una línea roja en él”, agregó.

El abogado Javier Nart, por su parte, afirmó que es “obsceno” que los países receptores y financiadores, que conocen el trato al que son sometidos los profesionales de la Isla, acepten estos convenios y financien la explotación en favor del régimen cubano, lo que calificó de “inadmisible e intolerable”.

En esta parte del coloquio también participó el economista Leopoldo López Gil, europarlamentario por el Grupo Popular Europeo, vicepresidente de la Delegación de la Comisión D-CL y miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI); Graciela Ocaña, exministra de Salud en Argentina (2007-2009) bajo el Gobierno de Cristina Fernández, y diputada nacional por Buenos Aires por el bloque Cambiemos; y la estomatóloga María Lucila Lehmann, diputada nacional en Argentina por la Coalición Cívica.

Ocaña dijo que “estas misiones someten a los supuestos voluntarios a condiciones infrahumanas, violan sus derechos humanos y los derechos de su familia”, por lo que consideró que “las presiones que padecen, el alejamiento de sus familias, las condiciones de pago, las amenazas y los procesos a los más 40.000 cubanos, entre ellos 5.000 que han perdido el contacto con sus hijos, amerita la solidaridad internacional con ellos, así como el rechazo a toda acción del Gobierno cubano”.

El europarlamentario López Gil lamentó que países como Italia hayan recurrido a una misión de médicos cubanos conociendo que el propósito de ella va más allá de la atención sanitaria, y dijo que lo extraordinario del documento que presenta CPD radica en el valor de los testimonios recogidos en él.

La diputada argentina María Lucila Lehmann, quien se opuso a la contratación de los médicos cubanos en su país tras el inicio de la pandemia del coronavirus, calificó la actuación del Gobierno cubano como “una monstruosidad”, algo “gravísimo y totalmente inadmisible”.

Finalmente, intervinieron el abogado constitucionalista Carlos Rojas, diputado del Congreso de España por el Partido Popular; el abogado penalista Blas Jesús Imbroda Ortiz, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Melilla; el fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, y el jurista Edel González Jiménez, expresidente del Poder Judicial en la provincia de Villa Clara (2014-2018) y exvicepresidente reserva del Tribunal Supremo Popular de Cuba.

González Jiménez dijo que estudió a profundidad la denuncia y que en su opinión “el problema a resolver no es la eliminación de las ‘misiones médicas'”, sino “humanizar urgentemente” este tipo de procesos y “sus consecuencias cuando uno de los colaboradores médicos decida poner fin al vínculo laboral que establece con la empresa estatal” que comercializa los servicios.

José Daniel Ferrer agradeció a los participantes de la conferencia virtual por sus “precisas y claras intervenciones” y dijo que “mientras el pueblo cubano atraviesa una gravísima crisis, también en materia de salud, el régimen sigue explotando a los médicos enviándolos a misiones en las que les tratan de sacar abundante dinero y apoyo político”.