MIAMI, Estados Unidos. – José Lanza Hernández, integrante del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), fue arrestado en la vía pública, llevado hasta la unidad policial de Santiago de las Vegas y multado con 2000 pesos en CUP en base al Decreto No. 14 de 2020.

“Esa gente (autoridades cubanas) está loca. Yo me bajé el nasobuco para fumar, solo lejos de los demás. Y cuando me lo fui a subir vino un policía y me dijo: ‘oye, vamos para la unidad’. ¿De dónde voy a pagar yo 2000 pesos, que me metan 2000 días en prisión si quieren?”, expresó Lanza.

La mayoría de los activistas defensores de derechos humanos en la Isla que sufren arrestos arbitrarios terminan siendo liberados con multas que oscilan entre los 100 y 2000 pesos en CUP.

En los últimos 20 días los grupos opositores Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) han denunciado un aumento de las multas contra sus miembros, todos promotores de la iniciativa Cuba Decide.

Otro activista de La Habana, Juan Roca García, denunció dos sanciones de 2000 pesos en solo dos semanas.

“Es un abuso lo que están haciendo con nosotros, con el pueblo cubano. Pretenden que con nuestro sacrificio paguemos el salario a los mismos que nos reprimen”, cuestionó el líder opositor José Díaz Silva.

Entre los activistas que han sido sancionados en este mes se encuentran Diosbel Veliz, Yuleimi de la Caridad, Jorge Ortiz, Pedro Wenceslao, Ramón Toledo, Wiliam Morgado, entre otros.

Por parte de la UNPACU la lista incluye a Ernesto Rivery, Samuel Leblan, Karel Reyes, Yordanis Labrada, Bartolo Cantillo, Moraima Díaz, Roilán Álvarez e Isael Aleaga.

Particularmente el activista Karel Reyes fue visitado este martes por una persona que, sin identificarse, le comunicó que la multa que “debe” desde el 22 de julio pasado se ha duplicado.

También Yordanis Labrada recibió una visita similar debido a la multa de 1000 pesos que le fue impuesta el 26 de agosto por la aparición de pegatinas en Alto Songo, Santiago de Cuba.

“Yo dejé claro que no voy a pagar ni esa ni ninguna que ellos me pongan por yo hacer oposición pacífica. En Cuba es ilegal, pero a mí me ampara la Declaración Universal de Derechos Humanos y para mí es más que suficiente”, expresó el opositor.

José Lanza Hernández (Foto: cortesía de la autora)

Juan Roca (Foto: cortesía de la autora)

Hace dos días, Labrada fue citado a declarar en la estación de su municipio y recibió otra sanción de 1000 pesos por tener una foto del líder de la UNPACU en la puerta de su vivienda.

“Debo más de 3000 pesos en multas que se han duplicado porque me niego a pagarlas. Los cubanos que no son opositores tampoco pueden pagar estas sanciones: son 500, 1000 y 2000 pesos que uno no tiene ni siquiera para alimentar debidamente a su familia”, lamentó Labrada.

“Medidas pensadas para reprimir”

Buscar normas, en medio de la pandemia, que obliguen a los ciudadanos a adoptar conductas adecuadas para evitar la propagación del coronavirus “no está mal”, a criterio de la abogada cubana Laritza Diversent. El problema de estas excesivas y cada vez más frecuentes multas radica en su legalidad.

“En primer lugar, en Cuba sigue sin adoptarse una situación excepcional que justifique la implementación de estas medidas. Sin dudas, hay un exceso en las facultades de ciertos funcionarios a la hora de dictar las normas”, expresó Diversent a CubaNet.

“Le han dado facultades discrecionales a la Policía que no están sometidas a supervisión del Tribunal, amén de que los Tribunales en Cuba tampoco son independientes y vemos que han paralizado prácticamente la actividad judicial en el país y solo están abiertos a los procesos judiciales contra las personas por propagación de epidemia (estos casos son los que les presenta la propia Policía y los acusados no tienen derecho a abogados ni participa la fiscalía)”.

La directora del Centro de Información Legal Cubalex critica también el monto de las multas y el limitado tiempo establecido para pagarlas.

“Sobrepasa el salario mínimo de los trabajadores que incluso han visto afectados sus ingresos, en medio de la situación crítica que atraviesa el país. Y la persecución de la policía llega a extremos de multar a personas por estar sin mascarilla en el perímetro de su propio domicilio aun cuando hemos visto en redes sociales agentes policiales sin usar o usando de forma incorrecta en la vía pública las mascarillas”.

El Gobierno cubano indicó recientemente que, desde el pasado 1 de septiembre hasta el día 19 del mismo mes, la Policía había impuesto un total de 10 487 multas supuestamente por “incumplimiento de normas de bioseguridad”.

Sin embargo, el Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana admitió que al menos 939 de dichas sanciones se han duplicado luego de que se venciera el plazo de 10 días para ejecutar su pago.

“Entonces tenemos un grupo de ciudadanos que no pueden pagar y que serán enviados al Tribunal y sancionados por incumplimiento de las sanciones. Terminarán privados de libertad en momentos en que hay una pandemia y debería evitarse mandar a las personas a prisión, porque incluso es el lugar donde menos condiciones existen y es donde más fácil se propaga la enfermedad”, advirtió Diversent.

“Estas medidas no están pensadas para proteger al pueblo sino para reprimirlo. Han recogido más de 20 millones de pesos a través de la imposición de multas cuando sabemos que el Gobierno necesita dinero. Para mí, las arcas del Estado debían estar totalmente vacías y esta es la forma que han encontrado para ingresar en el presupuesto estatal”, concluyó la abogada.

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