LA HABANA, Cuba. – “El gobierno cubano cometió numerosas violaciones a los derechos humanos para impedir protestas contra la violencia policial organizadas a fines de junio”, señaló la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en un comunicado publicado este 28 de julio.

El 30 de junio último varios cubanos habían convocado una manifestación contra la violencia policial en diferentes localidades del país, fundamentalmente en La Habana. El detonante había sido el asesinato, por parte de un policía, de Hansel Ernesto Hernández Galiano.

El día en que se desarrollaría la manifestación, las autoridades cubanas detuvieron y hostigaron al menos a 84 personas, las que fueron obligadas a permanecer en sus casas o fueron hostigadas de otras formas por agentes del régimen. También unas 52 personas resultaron detenidas durante esa jornada.

Once personas “denunciaron que los datos de internet en sus teléfonos celulares y su servicio telefónico se vieron interrumpidos a partir de la mañana del 30 de junio, en lo que parecen ser medidas de restricción de comunicaciones dirigidas específicamente en contra de disidentes. Debido a las medidas tomadas por el régimen, las protestas no tuvieron lugar”, explicó el anuncio.

Según las investigaciones de HRW, la limitación de los servicios telefónicos y de los datos de internet constituyen patrones empleados por los servicios de inteligencia cubanos durante protestas o eventos similares.

Para su pronunciamiento, la organización no gubernamental realizó 15 entrevistas telefónicas con “víctimas de abusos y acoso, periodistas y defensores de derechos humanos locales”, entre ellas, Tania Brugera, Oscar Casanella y Luis Manuel Otero Alcántara.

Asimismo, analizó y corroboró videos publicados en las redes sociales, divulgaciones de organizaciones de derechos humanos e informes periodísticos.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, expresó que “detener arbitrariamente para impedir que la población proteste de forma pacífica es un ejemplo de las muchas medidas represivas que el régimen cubano está dispuesto a tomar para impedir que se manifiesten voces críticas al gobierno (…). Estas medidas forman parte de un patrón general según el cual las autoridades cubanas apelan a cualquier excusa —en este caso, la pandemia— para tratar al disenso como un crimen, en vez de garantizar que las protestas pacíficas puedan transcurrir de manera segura”.

Asimismo, HRW se refirió a las limitantes de acceso a internet existentes en Cuba.

“El servicio de internet es muy costoso y su precio es prohibitivo para muchos cubanos. Los servicios de telecomunicaciones son ofrecidos de forma exclusiva por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), de propiedad estatal, y se encuentran bajo el control del gobierno cubano, el cual emplea sus facultades y su mandato legal para limitar la conectividad a internet de formas que son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”.

Este constituye el segundo comunicado de HRW respecto a Cuba en menos de una semana. El 23 de julio último, la ONG, una de las líderes en el mundo en la investigación promoción y defensa de los derechos humanos, se pronunció sobre  las normas represivas que emplea Cuba contra los médicos en misiones internacionalistas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha llamado la atención sobre la situación de los derechos humanos en la Isla. En junio de 2020 presentó su primer informe país sobre Cuba, en el que indicaron que las autoridades cubanas perpetraron “reiteradas detenciones arbitrarias como método de hostigamiento por parte de policías y agentes de seguridad del Estado”.

Para la CIDH, estas detenciones “procuran desalentar las manifestaciones críticas al gobierno, obstaculizar la libre expresión de las opiniones e ideas”, así como “impedir la labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales”.

Del mismo modo, reportó las trabas para acceder a internet, sobre todo la “limitada conectividad de la población cubana”, “el bloqueo y [la] censura” y “las vigilancias en la red”.

“Según el derecho internacional de los derechos humanos ―puntualizó HRW― los gobiernos están obligados a respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión y asociación, incluso durante manifestaciones pacíficas. Toda restricción a esos derechos, incluso en el contexto del COVID-19, debe ser necesaria y proporcional para lograr un objetivo legítimo, como la protección de la salud pública. Los gobiernos también tienen la obligación de asegurar que cualquier limitación en el acceso a la información en internet sea dispuesta por ley y resulte necesaria y proporcionada”.

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