La propaganda oficialista cubana insiste en que ningún ciudadano quedará desprotegido económicamente una vez que se produzcan los aumentos de precios en el contexto de la próxima unificación monetaria y cambiaria. Tal protección contemplaría a las personas asalariadas y a las beneficiarias de la Seguridad Social.

Para lograr ese objetivo se piensa en el establecimiento de un salario mínimo (igual mecanismo se aplicará con las pensiones y jubilaciones) que cubra los gastos en que incurre una persona para adquirir los bienes y servicios fundamentales. Ese salario estaría relacionado con una canasta básica contentiva de esas necesidades personales.

Aspectos tales como la adquisición de productos alimenticios normados, otros que se ofertan de manera liberada, productos de aseo e higiene personal, vestuario,  calzado, un margen para el probable mantenimiento de la vivienda, gastos de electricidad, agua y telefonía fija, así como lo concerniente a la transportación urbana, entre otros, están contemplados en la conformación de la citada canasta de bienes y servicios.

Un reciente artículo periodístico  aparecido en el periódico Granma recoge declaraciones al respecto de un directivo del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).  El funcionario apunta: “La canasta de bienes y servicios de referencia no es un concepto exclusivo de Cuba, se utiliza en muchos países para establecer políticas macroeconómicas”.

Sin embargo, se omite un elemento que resulta fundamental a la hora de establecer una diferencia. Y es que en esos “muchos países” la canasta de bienes y servicios se establece tomando en cuenta los precios de mercado, que son los que deberán abonar los consumidores.