MIAMI, Estados Unidos. – Según se vaya manifestando y empeorando la crisis económica causada por la desaparición del CUC y el ajuste de ingresos y precios entre pesos y dólares, empeorará también la violencia de género. Los golpes aumentarán, y los feminicidios otro tanto. Hambre, palizas y muerte: las mujeres y niñas cubanas seguirán en el más cínico desamparo.

El repositorio de leyes de violencia del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL posee más de 300 cuerpos normativos, clasificados por nación, de 38 países de la región. En este caudal de leyes protectoras de las mujeres y las niñas, Colombia brilla con 24 normas; Argentina y Brasil con 18 cada uno; Guatemala, Bolivia y Costa Rica con 14 cada uno; Chile, con 11; El Salvador con 10. Cuba apenas aporta tres.

El repositorio contiene leyes contra la violencia doméstica o intrafamiliar; las más recientes normativas de protección integral frente a la violencia hacia las mujeres (incluye a 13 países latinoamericanos); las leyes que tipifican el feminicidio en 18 países de América Latina; normativas para la sanción del acoso sexual y el acoso laboral. También leyes sobre tráfico de personas; las que determinan la creación de órganos especializados del Estado para atender esta problemática; y las que conllevan medidas de protección de las víctimas. Solo Bolivia reconoce el acoso y violencia política de las mujeres.

En Colombia se creó en 2015, mediante la Ley 1761 (Ley “Rosa Elvira Cely”) la tipificación penal de feminicidio como delito autónomo. Está claro que no hay que inventar el agua tibia.

En Argentina se legisló sobre protección contra la violencia familiar en 1994 y 1996, año en que el país aprobó la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, conocida como Convención de Belém Do Pará. En 2019 se adoptó la ley de capacitación obligatoria sobre género para todo oficial y personal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (“Ley Micaela”). Desde 2015 allí existe el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, como parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En 2012 se adoptó el Decreto 2396/22012, que tipifica el homicidio agravado de mujeres. Al igual que el agua tibia, la rueda también está inventada.

En Costa Rica, está penalizada la violencia de género desde 2007, específicamente por la Ley 8589. En 2008, se creó en el país el Sistema Nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, bajo la supervisión del Instituto Nacional de las Mujeres.

Y en Brasil desde 2015 existe la Ley 13104, que tipifica el feminicidio en el Código Penal, y lo define como “homicidio contra la mujer por razones de condición de sexo femenino”. Las penas por feminicidio aumentan si el crimen fue perpetrado durante el embarazo o en los tres meses de posparto; contra mujer menor de 14 años o mayor de 60; o delante de descendientes de la víctima.

En Cuba no se registra una ley o reforma de ley relacionada con el abuso de las mujeres y las niñas desde 1999, año en que se aprobó la Ley 87 concerniente a “delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la juventud”. Puesto en palabras sencillas: contra la trata de personas y el proxenetismo. Antes de eso, en 1997, se habían aprobado reformas a la Ley 62 o Código Penal (mediante el Decreto-Ley 175, también pertinente al tráfico, la corrupción y el abuso de menores). Y desde un poco antes, en 1987, la Ley 62, en sus artículos 298 y 300, hacía referencia a la violación y la violencia sexual.

Y hasta ahí ha llegado Cuba, la sociedad “con todos y para el bien de todos”, paradigma ―dícese― de justicial social y de igualdad entre géneros. Hasta ahí ha llegado la Federación de Mujeres Cubanas con la sumisa consigna “Comandante en Jefe, ordene”, lista y dispuesta a obligar a 5,5 millones de cubanas a acatar las prioridades del machismo de Estado.

Las valientes feministas de las aún-no-reconocidas y no-gubernamentales Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba han escrito una carta abierta a la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas donde indican que “están dispuestas a trabajar con la FMC” para crear refugios y otros sistemas de protección y asistencia para las cubanas que padecen la violencia de género, incluyendo el feminicidio. ¿Y qué hace el régimen-amo de la FMC? Lo de siempre: someter a las mujeres activistas a hostigamientos, arrestos, amenazas, interrogatorios y secuestros para evitar que se reúnan o realicen sus actividades.

La verdadera pregunta es: ¿Está dispuesta la FMC a trabajar con la Alianza y con la Red Femenina? La respuesta es un escandaloso y misógino “No”. No, porque la única organización de mujeres que permite el actual régimen es la FMC, la organización de masas que atiende ese sector poblacional. Jamás se reconocerá a otras entidades femeninas independientes porque todo lo que concierne a las cubanas es de la incumbencia exclusiva de la Federación. Para eso existe, y no se permite que ninguna otra entidad le haga la competencia. Por eso, el gobierno no le ha concedido en 61 años el registro oficial a ningún grupo o asociación que subvierta el estatus único de las organizaciones oficialistas.

Recordemos lo que pasó en 1993 con el grupo de revolucionarias comunicadoras feministas llamado Magín, un proyecto de organización que intentó combatir el sexismo en la representación de la mujer en los medios. La FMC consideró a Magín una crítica a sus gestión y un atrevimiento contrarrevolucionario. Desde el despacho mismo de Vilma Espín y con el cuño del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Magín fue aplastada y sus organizadoras relegadas, como no confiables, a los márgenes de la militancia.

La FMC no está dispuesta a colaborar con mujeres agrupadas independientemente. Desde enero de 2019, varios grupos de cubanas han estado clamando por una ley integral contra la violencia de género. En diciembre de 2019 recibieron respuesta a la petición que presentaron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un mes antes: no habrá espacio ni tiempo para contemplar semejante ley, ¡al menos hasta el año 2028!

Los feminicidios aumentan cada mes, el maltrato físico diario es rampante, la desatención en materia de vivienda a madres de familia es un escándalo que está costando vidas, el hostigamiento de activistas y periodistas independientes es vergüenza internacional, los arrestos a defensoras de los derechos humanos ―como las Damas de Blanco o las integrantes del Movimiento San Isidro― conforman cifras crónicas en las estadísticas de todas las agencias que monitorean dichas violaciones. Pero no hay espacio para considerar la ley contra la violencia de género.

Les aconsejo a mis hermanas en la Isla: no pierdan el tiempo con la FMC. Allí ―como en ninguna entidad oficial― no hay voluntad de verdaderos cambios. Concéntrense en los organismos internacionales: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina, la CEPAL, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ya ha denunciado públicamente la violencia de género en Cuba y la falta de legislación específica para la protección de las cubanas.

A la FMC vayan preparándole un expediente de complicidad con el régimen misógino y machista. Es parte de ese régimen. En un futuro democrático y libre, la FMC no tendrá cabida. Al decir de Heberto Padilla: “A la FMC despídanla: esa no tiene aquí nada que hacer”.

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Ileana Fuentes

Escritora y feminista. Autora de “Cuba sin caudillos: Un enfoque feminista para el siglo 21”.