No descubrimos nada si decimos que el ideal del Gobierno cubano, el país que verdaderamente anhelan los gerifaltes del Partido Comunista de Cuba (PCC), sería uno donde todos trabajasen para el Estado. Si permiten el cuentapropismo es por mera necesidad, no porque respeten ni mínimamente el derecho de las personas a defender su propio proyecto vital.

Bajo esta lógica —que no es cínica, sino realista— tampoco sorprenderá que ya que existen los cuentapropistas, sea próposito del Gobierno mantenerlos lo más paupérrimos posibles. La idea del empresario invirtiendo capital, triunfando, acumulando más capital y subiendo en la escala social aterra a los gobernantes de la Isla.

Con este objetivo han retrasado cuanto han podido reconocer la presencia misma de un empresariado cubano que formalmente aún no existe. Además, han obstaculizado con suma maldad el desarrollo de los pequeños emprendimientos existentes.

Pese a este clima de inestabilidad económica e inseguridad legal, algunos negocios han florecido lo suficiente como para contratar mano de obra. Así se encuentra que, bajo el título de cuentapropistas, conviven tres estratos diferenciados: los pequeños profesionales que ofrecen directamente su servicio —traductores, reparadores, profesores—; los que venden su mano de obra a otros cuentapropistas; y los inversores —cuyos capitales muchas veces vienen del exterior— en negocios como restaurantes, bares o casas de alquiler.

Estos inversores son los que más van a perder con las reformas actuales pues sus negocios se ven afectados desde varios ángulos.

Gastos corrientes de electricidad, gas y agua subirán de manera acentuada tras enero, y como son los negocios de los inversores los que más consumen, serán los más afectados, con el condicionante de que, al pertenecer mayormente al sector servicio, difícilmente podrán disminuir este consumo sin afectar la calidad de su propia oferta.

Cambiar su matriz energética dependerá de nuevas inversiones, algo en extremo riesgoso por estos días de tanta incertidumbre.

Otro costo que va a aumentar fuertemente es el de mano de obra. Los cuentapropistas inversores siempre han pagado más a sus trabajadores que el Estado, debido a la mayor productividad de la mano de obra en el sector privado, y a que deben compensar la inestabilidad laboral que padece el sector en relación a los puestos fijos que ofrece el Gobierno.

A partir del primero de enero con la subida del sueldo estatal, los empleadores privados tendrán que subir también. Eso sí, no parece posible que puedan colocar su oferta salarial a la par de lo que va a hacerlo el Estado —dueño de la máquina de hacer dinero—, lo que constituye una pérdida relativa de poder adquisitivo para el 24% de los cuentapropistas, que son en realidad trabajadores asalariados.

Además del encarecimiento abrupto del factor trabajo, ahora los inversores tendrán que competir con una mejorada oferta de salarios estatales, lo que probablemente afecte la calidad de la mano de obra de la que podrán disponer.

Por supuesto, la inflación afectará también al resto de insumos con los que trabajan los cuentapropistas, abocados al aún más caro mercado negro, porque los atisbos de mercado mayorista que ha hecho el Estado hasta ahora no tienen incidencia relevante en los costes, debido a que sus ofertas son muy escasas y poco variadas.

Por si no fuera suficiente con esta escalada de costos, los cuentapropistas inversores van a ver afectado su mercado natural: el turismo y el estrato nacional de más altos ingresos.

Según especialistas en el tema, la recuperación del turismo será paulatina. A unque es una situación muy novedosa la creada por la pandemia y las estimaciones varían mucho entre sí, hay acuerdo en que se tardará bastante tiempo en recuperar el nivel de visitantes que se tenía. Y para el 2021 se esperan solo dos millones de visitantes.

Dentro del país, el sector de más altos ingresos será el menos beneficiado dentro de la reconfiguración salarial. Mientras el salario mínimo se multiplicará por nueve, los que hoy cobran cerca de 1.500 pesos —sector superior— solo triplicarán su ingreso, lo que constituye una pérdida relativa de capacidad de adquisición, precisamente en el estrato que con más frecuencia es cliente de restaurantes, bares o alquileres.

Con el alza generalizada de todo, no parece que aquellos que van a ganar más —los que menos ingresan hoy— aun después del aumento puedan disponer de dinero para un ocio de calidad.

En muy poco tiempo, el resultado visible será el cierre o la no reapertura —muchos están aún cerrados— de locales a los que les estaba yendo bastante bien antes de la pandemia Covid-19 y antes de la pandemia Tarea Ordenamiento. Mucha gente perderá su empleo en esos locales.

No diremos que este efecto fue un cálculo del Gobierno para afectar al sector más próspero y por ende más independiente del cuentapropismo. El equipo económico del PCC tiene muchas otras cosas de las que preocuparse por estos días, pero seguro que no le va a molestar en lo más mínimo ver cómo fracasan esos cubanos que, gracias a dineros recibidos de Miami o Madrid, quisieron ser empresarios dentro de Cuba.