December 26, 2024

PERIODISMO La prensa extranjera, quiera o no, es otra ‘enemiga’ del régimen cubano DDC | La Habana

PERIODISMO

La prensa extranjera, quiera o no, es otra ‘enemiga’ del régimen cubano

DDC | La Habana

Periodistas de la prensa extranjera fueron hostigados este fin de semana en La Habana cuando intentaban cubrir lo que ocurriría en el Parque Central, tras la convocatoria a una manifestación en apoyo al Movimiento San Isidro. Según la agencia Reuters, al menos un camarógrafo fue empujado y golpeado por miembros de una turba movilizada por el régimen. La agencia AFP reporto también golpes a una corresponsal.

Las autoridades no impidieron esas agresiones. Sí bloquearon, sin embargo, a los periodistas extranjeros la entrada a la sede del Movimiento San Isidro, donde varios activistas realizan una huelga de hambre en protesta el encarcelamiento de Denis Solís, condenado a ocho meses. Reuters informó que funcionarios en el lugar se justificaron con un supuesto brote de coronavirus.

En los últimos días, activistas y otros ciudadanos cubanos habían criticado en las redes sociales el silencio de la prensa extranjera ante la represión al Movimiento San Isidro. La agresión a reporteros extranjeros —que pudo ser de integrantes de la turba o de agentes de la policía política vestidos de civil— demuestra que el régimen quiere que continúen callados. Además, representa una escalada peligrosa.

El régimen cubano mantiene una vigilancia permanente sobre la prensa extranjera acreditada en Cuba, a la que somete a estrictos controles. Las limitaciones a la libertad de expresión alcanzan también a esos periodistas.

En Cuba no existe Ley de Prensa. Tampoco está prevista su elaboración y aprobación en el actual mandato legislativo, que culmina en 2022. Los requisitos para el trabajo de la prensa extranjera están contenidos en la Resolución 182 del 28 de octubre de 2006, del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX): “Reglamento para el ejercicio de la prensa extranjera en Cuba“. De la interlocución con la prensa extranjera y de su vigilancia se encarga el Centro de Prensa Internacional (CPI), del MINREX.

A los periodistas extranjeros se les exige solicitar una Visa D-6, que otorga la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT) previa consulta con las direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia, lo que permite al régimen descartar a los profesionales que considere críticos. Realizar trabajo periodístico en Cuba sin esa visa puede llevar a la expulsión del país.

El Reglamento faculta al CPI para otorgar o rechazar la acreditación al medio de prensa y sus periodistas, y para suspenderla temporal o definitivamente cuando, a criterio del régimen, “el titular realice acciones impropias o ajenas a su perfil y contenido de trabajo, así como cuando se considere que ha faltado a la ética periodística y/o no se ajuste a la objetividad en sus despachos”.

La acreditación tiene una validez de un año fiscal, “prorrogable por decisión del CPI”, indica el Reglamento.

La normativa impone asimismo limitaciones y prohibiciones que restringen la libertad de prensa, la libre circulación y socialización de la información, al exigir a los corresponsales extranjeros que se ajusten a las leyes cubanas.

Entre las prohibiciones específicas para la prensa extranjera está la de trasmitir información o comparecer en medios de difusión nacional. Los corresponsales solo pueden informar para los medios por los cuales están acreditados. “Las transmisiones de despachos televisivos de los corresponsales y colaboradores permanentes se harán exclusivamente para los medios por los cuales están acreditados. La violación de este precepto constituye motivo de suspensión o pérdida definitiva de la acreditación”, dice el Artículo 30 del Reglamento.

La prensa extranjera tampoco pueden prestar servicios de fotografía y cámara a profesionales de otros medios que no cuenten con la licencia del régimen (Artículo 31).

“El CPI se encarga de la coordinación de entrevistas, visitas u otras actividades de interés periodístico relacionadas con el Estado, el Gobierno y otras organizaciones e instituciones del país, así como facilitar el acceso a la información pública que generen esas entidades. De ninguna manera el medio, su corresponsal o colaborador puede hacer gestiones directas con dichas instituciones sin notificarlas al CPI”, señala el Artículo 42 del Reglamento.

Las disposiciones para los profesionales extranjeros demuestran que su trabajo es clave para las autoridades cubanas. Lo ocurrido en el Parque Central es una señal de alerta de hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen en situaciones de crisis para impedirles informar.

La mayor parte del tiempo la prensa extranjera acata las disposiciones impuestas por el Gobierno para poder continuar dentro del país. No obstante, en el pasado han sido expulsados de la Isla profesionales que, en su deber de informar, a juicio del castrismo transgredieron los límites. A otros las autoridades simplemente no les renovaron su licencia para trabajar en el país.

Ocurrió en 2007 con los corresponsales del diario estadounidense Chicago Tribune, el mexicano El Universal y la cadena británica BBC, expulsados del país.

Según declaró entonces Gary Marx, periodista del Chicago Tribune, los funcionarios cubanos le dijeron que sus artículos eran “demasiado negativos”, aunque no le pusieron “ningún ejemplo”.

A César González Calero, de El Universal, las autoridades le señalaron que su forma de enfocar la situación cubana “no es la que más conviene al Gobierno”. No mencionaron, sin embargo, “errores de contenido o datos.

En 2011 fue expulsado de la Isla el periodista español Fernando García, de La Vanguardia. Ese mismo año, el régimen vetó al también español Mauricio Vicent, corresponsal de El País y de la Cadena Ser con largos años de trabajo en Cuba, por considerar que daba “una imagen parcial y negativa” de la realidad cubana.

En 2018 el régimen cerró asimismo las posibilidades de acreditación y de residencia al periodista uruguayo Fernando Ravsberg, quien llevaba 30 años trabajando en Cuba para diversos medios, después de una campaña de hostigamiento en su contra por parte de funcionarios y voceros oficialistas.

Los casos de Ravsberg y de Vicent demostraron que el régimen considera enemiga a cualquier prensa que no esté bajo su control y puede incomodarse incluso con periodistas vistos como “moderados”. Basta que alguna vez publiquen materiales que lo cuestionen o sean contrarios a sus intereses.